El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha apuntado que será el poder judicial quien actúe si el Ejecutivo catalán no cumple la ley y decide convocar el referéndum: "Si ocurre, tendrá consecuencias y dependerá de la justicia".

ha dicho este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que no ha aclarado si comparte el posicionamiento del PSOE de retirar las urnas si el Gobierno regional convoca el referéndum el 1 de octubre, aunque ha insistido en que éste no será "válido, con garantías y vinculante".

No contempla una hipotética inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni una suspensión de la autonomía, un escenario en el que sería él el que asumiese el cargo de jefe del Ejecutivo en Cataluña en tanto que delegado del Gobierno: "La única manera de solucionar el problema es mediante el diálogo".

Aun así, ha advertido de que habrá consecuencias legales si la Generalitat incumple la ley: "Quien decida quedarse fuera del marco legal no será un interlocutor válido. No se puede aceptar que nadie se autoatribuya competencias que no se pueden tener".

Ha matizado que la situación en la que el Govern plantea el referéndum del 1 de octubre no es la misma que con la consulta del 9N de 2014 porque ahora hay "cinco sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no se puede hacer el referéndum".

Mossos en la Europol

Millo ha afirmado que no existe una discrepancia sobre la inclusión de los Mossos d'Esquadra en la Europol pero sí sobre el modo en que ésta se deba hacer efectiva.

Así, ha criticado que la Generalitat "pretenda tener un estatus de Estado dentro de la Europol", algo que ocurriría si el cuerpo autonómico se incorpora en los términos que propone el Ejecutivo regional, según Millo.