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El Gobierno echa en cara a Monedero su no-fraude fiscal​

La vicepresidenta asegura que "si todos los españoles hicieran" lo que el dirigente de Podemos, no habría dinero para pagar "la sanidad y la educación". Sáenz de Santamaría evita valorar el pago en B de la sede del PP.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes tras el Consejo de Ministros./ EFE

MADRID.- ​Estamos en campaña. El Gobierno, cuya vicepresidenta siempre dice evitar entrar a valorar comportamientos personales de otros líderes en la mesa del portavoz del Ejecutivo, ha entrado este viernes en tromba a responder a una pregunta sobre los pagos y declaraciones fiscales de Juan Carlos Monedero, dirigente de Podemos. "Si todos los españoles hicieran lo que el señor Monedero, a ver cómo pagábamos los servicios públicos en este país"; a ver cómo pagábamos, ha insistido, "la sanidad y la educación".

Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha criticado con vehemencia la situación fiscal de Monedero, aunque los propios técnicos de Hacienda hayan reconocido que el secretario de Programas y Proceso Constituyente de Podemos no cometió fraude ni irregularidad alguna con la declaración complementaria voluntaria de sus ingresos.

La número dos del Ejecutivo, sin embargo, obvió este punto e insistió en que, según las informaciones periodísticas filtradas por la Agencia Tributaria, "parece que [Monedero] no cumplió con sus obligaciones tributarias" en relación a los ingresos que facturó a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2, como asesor de varios gobiernos latinoamericanos.

No habla de la caja b del PP

​​La vicepresidenta no ha querido, en cambio, entrar a valorar el pago en B de la reforma de la sede del Partido Popular después de que esta semana la Abogacía del Estado se haya personado en la causa en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP, confirmada ya por el juez instructor Pablo Ruz, y que lo haya hecho no contra el partido de Mariano Rajoy, sino contra el extesorero Luis Bárcenas y los arquitectos de la empresa Unifica, a la que se encargaron los trabajos.

Ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha respondido a las preguntas sobre este asunto, aclarando que la citada personación de la Abogacía del Estado "está al margen de cualquier orientación hacia un Gobierno u otro", pues se trata de defender tanto el interés general como el particular de la Agencia Tributaria. "Está en el leitmotiv de la Abogacía participar en cualquier proceso en el que pueda estar lesionado ese interés al margen de las decisiones judiciales que puedan adoptarse", ha recalcado Catalá.

Aprovechar "la estabilidad"

También sobre la encuesta del CIS conocida ayer y sobre el ascenso de Podemos, que pisa los talones al PP en su posición de liderazgo, ha sido preguntada la portavoz del Ejecutivo. Sáenz de Santamaría no ha querido entrar a valorar explícitamente el sondeo o el desmorone del bipartidismo PP-PSOE que éste ha constatado, al quedar los socialistas en tercer lugar si hoy se celebraran elecciones.

Implícitamente, sin embargo, la vicepresidenta ha recordado la "estabilidad" que supone un Gobierno del PP y ha advertido de que en el "mucho tiempo" que quedan para las elecciones generales (pueden ser convocadas hasta en enero de 2016), el Ejecutivo aprovechará esta "estabilidad política del momento" para "hacer sus reformas". Éste es, de hecho, el principal mensaje que esgrime el presidente Rajoy y su partido para tratar de convencer a los españoles de que votar al PP es la mejor opción.

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