La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha añadido que el anteproyecto de ley de emprendedores también recoge que se otorgará el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros. También prevé la residencia para los extranjeros que inviertan en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo o que tengan un impacto relevante desde el punto de vista socioeconómico o de la innovación científica y tecnológica.

Además, se dará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión significativa o un proyecto empresarial de interés general. Sáenz de Santamaría ha asegurado que se trata de beneficiar a personas que vienen a contribuir a la riqueza del país.

Se otorgará el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por más dos millones de euros Entre las medidas fiscales contempladas en el anteproyecto está el nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas. La vicepresidenta ha destacado que con esta medida se beneficiarán 1,3 millones de autónomos y 1 millón de pymes. También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20 % en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa de nueva o reciente creación con un máximo de 20.000 euros anuales.

Además, estarán exentos de tributar por las ganancias patrimoniales que obtengan con esta inversión si las invierten en otro proyecto diferente. Asimismo, se han incrementado los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos. Sáenz de Santamaría ha incidido en que el anteproyecto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia para que las medidas fiscales entren en vigor el próximo ejercicio.