El Gobierno ha reiterado su disconformidad con el simposio que organizó la Generalitat bajo el lema 'España contra Catalunya', pero ha argumentado que no podía hacer nada para impedir su celebración porque, según dice, estaría amparado por la libertad de expresión. 'Vivimos en una democracia', se limita a alegar.

En ese controvertido seminario, organizado el pasado diciembre por el Centro de Historia Contemporánea dependiente de la Consejería de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, se denunció un listado de agravios y decisiones, desde 1714 hasta la actualidad, para hacer patente lo que ellos consideran como 'animadversión de España hacia Catalunya'.

La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, se quejó al Gobierno de que 'este tipo de iniciativas, sufragadas con fondos públicos, pueden aumentar el resentimiento ya existente, así como la fracturación y quiebra de los valores democráticos comunes y la tolerancia que deben imperar en toda sociedad plural y democrática'. Por ello, reclamó medidas 'para que no se falsee la Historia mediante fondos públicos con finalidades claramente políticas'.

En su respuesta, remitida ahora al Congreso, el Gobierno coincide en las críticas al seminario, pero asegura que no podía hacer nada: 'Es conveniente recordar que vivimos en democracia --alega--. Y, en democracia, que al Gobierno no le guste algo, por parecerle inapropiado o criticable, no significa necesariamente que deba evitarlo'.

Según el Ejecutivo, 'el análisis de la Historia es un asunto que ha de ocupar a los historiadores, no a los responsables públicos, quienes, en todo caso, están obligados a referirse a ella siempre con el máximo rigor y sin usar los distintos análisis historiográficos, sean estos más acertados o equivocados, como arma arrojadiza para dividir a los españoles'. 'Apartarse de estos principios es inapropiado, y por tanto criticable', admite.