El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a miembros de ETA

BILBAO.- “Ya me enteré de su accidente. Espero que tanto usted como sus amigos estén bien. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado”. Hace algunos años un informante de la Policía uruguaya se dirigía de esa forma a un periodista de ese país que había vivido una temporada en Donostia. Una noche, el coche en el que viajaba junto a personas del ámbito abertzale se dio de frente contra otro vehículo en una carretera del interior de Gipuzkoa. Pocos meses después, cuando el accidentado se encontraba de regreso en Uruguay, aquel tipo misterioso le hizo saber que conocía todos sus movimientos. Algunos no se sorprendieron: en la Casa Vasca de Montevideo ya habían visto a ese individuo en varias ocasiones.

Esta anécdota –confirmada a Público por su protagonista- es apenas un ejemplo de lo que ocurría en el entorno de las instituciones y colectivos vascos de Uruguay. Desde finales de los años ochenta, una larga lista de individuos “curiosos” desfilaron por sus instalaciones, se hicieron amigos de sus directivos… y obtuvieron datos que acababan en Madrid. Así funcionaba una nutrida red de “colaboradores” de la Policía española que se dedicaba a “monitorear” las actividades de la diáspora vasca en el país del ex presidente José “Pepe” Mujica, quien también tiene raíces familiares en Euskadi.

“Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”

Las anécdotas –y sospechas- de los últimos años acaban de ser confirmadas por el semanario Brecha, una veterana publicación de la izquierda uruguaya. Según relata el prestigioso periodista Samuel Blixen, el Gobierno de Felipe González pagó “generosos sobornos a los principales jerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía” de ese país sudamericano. Su denuncia está amparada por documentos de la Inteligencia militar de Uruguay hasta ahora desconocidos. De acuerdo al artículo escrito por Blixen, el ex secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González, Rafael Vera –quien posteriormente fue condenado por su pertenencia al GAL-, estuvo al frente de esa trama.

“En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas”, señala el periodista en su crónica. Por entonces, el objetivo de Felipe González era perseguir a un grupo de 15 refugiados vascos que vivían en Uruguay y que tenían diferentes grados de vinculación con el movimiento abertzale. Algunos habían pertenecido a ETA. Otros no. Lo que sí les unía era el miedo a ser atrapados por el GAL, que ya había mostrado sus virtudes asesinas.

De acuerdo a la documentación recogida por la publicación uruguaya, la Dirección General de Información de Defensa de ese país había llegado a un acuerdo con los exiliados: “mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una ‘inscripción tardía’”. “De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños –apunta Blixen-. El acuerdo entre la Inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero éstos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia”.

Según esos documentos, “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”. “A Uruguay le llegaría el turno después que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio”, señala el semanario. Para conseguirlo, el gobierno de González tiró de cartera: “De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA”, señalaba un informante policial apodado “Diego” en un informe fechado el 21 de agosto de 1989. Allí consta que uno de los policías que trabajaban para los servicios secretos españoles llegó a recibir el ofrecimiento de un sueldo de 300 euros al mes a cambio de vigilar a un exiliado vasco.

“Se volcaron todos los medios a esta operación, porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles”, señalaba el agente identificado como “Fabián” en uno de los documentos divulgados por Blixen. “Fabián explicó que todo aquel dinero era ‘guita extra’ y que hubo un ‘gran puterío’ por el reparto, ‘son 13 sueldos y agrégale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo’”, subrayaba.

Además de pagar a policías, el Gobierno del PSOE también supo conquistar al por entonces presidente de Uruguay, el conservador Luis Alberto Lacalle. “El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España donde firmó un acuerdo por el cual el Gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a los 30 mil millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellos cuatro menores de edad”. “Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes”, recuerda el artículo publicado por Brecha.

Según consta en otros documentos recogidos por Público, el Gobierno español consiguió que policías de este país participasen en los interrogatorios realizados a los vascos capturados en Montevideo. En un acta de la DNII uruguaya del 15 de mayo de 1992, consta que al menos uno de los agentes que interrogó a Josu Lariz –uno de los detenidos en aquella operación- utilizaba un lenguaje propio del castellano que se habla en España. “No conozco policías (uruguayos) tan castizos que hablen en segunda persona del plural. Eso demuestra que había policías españoles”, denunció algunos años después el parlamentario del Frente Amplio –coalición de izquierdas que hoy está en el Gobierno- Guillermo Chifflet.

Dos años después, el presidente Lacalle volvió a mostrar su “compromiso” con el ejecutivo de Felipe González: a pesar de lo estipulado por la normativa uruguaya en materia de asilo, el mandatario de aquel país aceptó el pedido de extradición que Madrid había formulado contra ocho refugiados vascos. Tres de ellos se pusieron en huelga de hambre y tuvieron que ser hospitalizados, lo que despertó una amplia movilización popular. El 24 de agosto de 1994, la Policía al mando del entonces ministro de Interior, Ángel María Gianola, cargó contra la multitud que protestaba fuera del Hospital Filtro y mató a dos jóvenes de 18 y 24 años de edad. Ocho años más tarde, el Gobierno de José María Aznar condecoró a Gianola con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Era una cuestión de gratitud.