A la segunda va la vencida. El Gobierno ha logrado aprobar este mediodía en el Congreso de los Diputados el Decreto-ley por el que se reforma el sector de la estiba para adecuarlo a las exigencias de la Unión Europea y de paso evitar una multa multimillonaria impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso acumulado desde 2014 en ejecutar las modificaciones comunitarias.

El Gobierno fue derrotado de forma abrumadora el pasado 16 de marzo en el hemiciclo de la Cámara baja, lo que colocó al Ejecutivo en una posición incómoda ante Bruselas y ante el riesgo evidente de tener que abonar una fuerte cantidad de dinero: casi 25 millones de euros por la dilación de dos años y medio más una cuota de 134.000 euros diarios mientras no entrasen en vigor las reformas exigidas.

En esta ocasión la iniciativa legislativa del Gobierno, defendida por el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tenido el respaldo de los grupos de Ciudadanos y del PNV, más la abstención del PDeCAT, mientras que el resto de bancadas de la izquierda no le ha dado su respaldo. El debate, al que han asistido desde la tribuna de invitados representantes de los sindicatos del sector de la estiba de varios puertos, no ha tenido el apasionamiento del anterior, aunque se han oído fuertes críticas.

El ministro De la Serna ha puesto el acento en la negociación mantenida con los sindicatos, aunque finalmente se han roto y no ha logrado impedir la convocatoria de una huelga en el sector a partir del día 24 durante tres semanas. La clave de esta divergencia es el contenido de un nuevo decreto-ley contemplado en el aprobado hoy en el que se desarrollan los reglamentos para definir el futuro del sector. El ministerio lo trasladó a los trabajadores ayer mismo, lo que no ha logrado desbloquear el conflicto laboral.

Tanto el ministro como los grupos que han cambiado su posición han destacado las modificaciones introducidas que cambian sustancialmente el contenido de la norma legislativa. Incluso el representante de ERC, Jordi salvador, se ha felicitado por los avances introducidos a favor de los trabajadores, pese al voto negativo "porque no tenemos el ok de los sindicatos".

Los portavoces de Unidos Podemos-En Comú Poem-En Marea, Fèlix Alonso, y del grupo socialista, César Ramos, se han mostrado muy críticos. "Los que han cambiado de opinión han recibido presiones de ANFAC —la patronal de fabricantes de automóviles— y han sucumbido a ellas", ha dicho el primero. El socialista ha justificado el voto negativo de su grupo "porque este decreto no garantiza el futuro de los trabajadores de la estiba", ha dicho Ramos entre otros argumentos.

El debate se ha encrespado al final durante la intervención del portavoz popular, Miguel Barrachina. Con un verbo ciertamente encendido se ha dedicado a estimular el enconamiento de las bancadas socialista, con alusiones a las primarias del PSOE, y a la de Podemos, con alusiones a sus hábitos asamblearios.

A unos y a otros les ha reprochado que en dos meses "hayan tenido tiempo para hablar de Franco pero no para traer una iniciativa para los estibadores", ha clamado dirigiéndose a la tribuna de invitados donde se encontraban varias docenas de representantes sindicales.

Las continuas alusiones a estos trabajadores ha provocado que algunos de ellos, al principio, y luego la totalidad, trasladaran muestras de desaprobación hacia sus palabras, lo que ha provocado que fueran expulsados de la tribuna al estar prohibidas estas manifestaciones. Desde la izquierda, sobre todo la bancada de Unidos Podemos, le han reprochado a gritos a Barrachina su actitud. La bancada popular le ha aplaudido con fuerza. La presidenta, antes de la votación ha dicho que retiraría algunas expresiones oídas "porque faltan al decoro de la cámara".