El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "la impunidad de los gigantes debe acabar".
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El Consejo de Ministros de este martes invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.
Así lo anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, en el que advierte de que "la impunidad de los gigantes debe acabar".
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", denuncia Sánchez.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales.
Recuerda la ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que "hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas".
El presidente del Gobierno anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".
"Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró y subrayó que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".
En medio de su discurso mostró un cartel con el mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".
Frente a ello, anunció como primera medida trabajar conjuntamente con el Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores.
El Gobierno también perseguirá la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento y trabajará para imponer responsabilidades penales a las compañías si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes.
Crear una "huella de odio y polarización" para cuantificar y evidenciar cómo las plataformas digitales alimentan la división y el odio y limitar el acceso a las redes a los menores de 16 años son las otras medidas previstas por el Gobierno.
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La fiscal general debe consultar a la Junta de fiscales
El artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Gobierno puede pedir a la Fiscalía que promueva ante la Justicia "las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público".
Según dicho precepto, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, deberá convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, un órgano que la asiste en materia doctrinal y técnica.
Esta Junta está presidida por Peramato e integrada por la teniente fiscal del alto tribunal y los fiscales de Sala. El fiscal jefe de la secretaria técnica, el recién nombrado Julio Cano Antón, actúa como secretario.
Una vez oído el criterio de la Junta, la fiscal general debe resolver "sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas" y exponer "su resolución al Gobierno de forma razonada".
Difusión masiva e indiscriminada
El informe presentado este martes en el Congreso de Ministros explica que las herramientas de inteligencia artificial integradas en las redes sociales no sólo están permitiendo crear imágenes sexuales de apariencia realista a partir de fotografías de personas menores de edad, sino que, además, contribuyen, gracias a la configuración algorítmica, a su difusión masiva e indiscriminada en el entorno digital.
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La activación del artículo 8 se produce tras considerar que estos hechos "podrían estar afectando al interés público tutelado por el Ministerio Fiscal", y supondrían una vulneración de varios artículos sobre elaboración de material pornográfico utilizando a menores; producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación de material pornográfico o la adquisición o posesión de pornografía infantil, incluidos los deepfakes, para uso propio, así como el acceso a sabiendas a este contenido a través de internet.
También vulneraría un artículo sobre la distribución o difusión a través de internet de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar delitos relacionados con la pornografía infantil del Código Penal, así como un posible delito contra la integridad moral.
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