El Gobierno ha presentado este jueves el Acuerdo por la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en el Trabajo, fraguado en el marco del diálogo social, y sellado con los sindicatos UGT y CCOO, con el desmarque de la patronal.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la titular de Igualdad, Irene Montero, han desvelado hoy los detalles del texto, construído sobre dos reglamentos, sobre igualdad retributiva y planes de igualdad.

El registro retributivo ya está contemplado en el real decreto 6/2019 de 1 de marzo, que obliga a las empresas a documentar los salarios de forma desglosada y promediada, por clasificación profesional y por trabajos de igual valor, además de imponer la necesidad de realizar auditorías retributivas a empresas obligadas a desarrollar planes de igualdad.

Los reglamentos en cuestión persiguen desarrollar este real decreto, si bien amplían la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad a las empresas con más de 50 trabajadores, y no sólo a las que cuenten con más de 150.

Además, desde marzo de este año, todas las empresas de más de 150 trabajadores deberán tener un plan de igualdad; en 2021 deberán cumplir con esta norma las de más de 100 empleados, y en 2022 las que empleen a más de 50 personas. 

La ministra de Trabajo ha hecho hincapié en que es la primera vez que un acuerdo de esta envergadura se ve rubricado únicamente por mujeres, y ha reconocido que ambos reglamentos son "de enorme complejidad".

La titular de Igualdad, por su parte, ha destacado que esta firma tiene "un sentido histórico", y ha enfatizado que hoy se comprometen "por escrito" a luchar por la igualdad laboral, en un momento en el que existe el riesgo de que el peso de la crisis del coronavirus recaiga, una vez más, "sobre los hombros de las mujeres". "Somos conscientes de que no hemos llegado a todo, pero a lo que hemos llegado lo hemos hecho a conciencia", argumentaba.

Fuentes del Ejecutivo destacan a Público que ambos reglamentos persiguen hacer efectiva esta necesaria igualdad, "extrayéndola del marco teórico o de las buenas intenciones, acomodando el ordenamiento español a las instrucciones de la UE y contribuyendo a paliar la brecha de género en el mundo laboral".

En concreto, el reglamento de igualdad retributiva desarrolla las características que deberán tener el registro retributivo (para documentar si existe hipervaloración o infravaloración en función del género), y detalla cómo las empresas que estén obligadas a impulsar planes de igualdad deberán realizar auditorías retributivas.

Trabajo e Igualdad desarrollarán, a través de órdenes ministeriales, herramientas modelo para ser utilizadas "de forma gratuita" por las empresas. El reglamento, además, establece que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deben asegurarse de que se respetan los criterios para una adecuada valoración de los puestos de trabajo (como recoge el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores).

Además, desde Trabajo destacan que persiguen potenciar el diagnóstico de estas desigualdades, que identifique "defectos reales" y no perpetúe "estereotipos de género". A esto se suma que los planes de igualdad deban contener planes de actuación específicos.

Recuerdan además que, de media, "las mujeres cobran un 27% menos que los hombres", y destacan que durante la pandemia esta realidad ha quedado particularmente evidenciada. "La igualdad retributiva se fija en otro problema, más complejo y que guarda relación con perpetuación de roles y estereotipos de género, con la segregación existente en el empleo: se minusvalora el trabajo desarrollado fundamentalmente por mujeres", apostillan.

La ausencia de la patronal, "difícilmente comprensible"

El acuerdo se ha sellado tras un proceso de consulta, participación y diálogo en el marco del diálogo social, en el que han participado todos los agentes sociales, también los representantes de los empresarios. 

De hecho, fuera de cámara, desde Trabajo e Igualdad han lamentado que la patronal "no esté en el acuerdo", y han puesto en valor el trabajo realizado por todos los agentes sociales en la mesa de diálogo: "Ha sido fundamental". Sobre los empresarios, apuntaban, "siempre estamos dispuestas a seguir trabajando".

No obstante, y aunque Montero ha sido la más parca en palabras al respecto, todas las intervinientes han lamentado y destacado esta ausencia, para desear que la patronal se sume a este acuerdo más adelante.

Díaz, por su parte, ha tildado de "difícilmente comprensible" que la patronal española "no firme estos dos acuerdos", como lo es el hecho de que ninguna representante de la CEOE esté presente en el acto. "Las he citado", decía la ministra de Trabajo, incidiendo en la importancia de su contribución en sendos reglamentos. 

Ha explicado que, tanto la CEOE como Cepyme, participaron en múltiples reuniones con normalidad, si bien se desmarcaron del enfoque para regular los planes de igualdad. Las trabajadoras y empresarias españolas, apuntaba, difícilmente entenderán esta ausencia, si bien daba por hecho que, "seguramente", los empresarios "se incorporarán en los trabajos que nos quedan pendientes". 

"En esta firma falta una parte muy importante, la parte empresarial", afirmaba a su vez Cristina Antoñanzas Peñalva, vicesecretaria general de UGT, deseando que la decisión de los empresarios se tratase únicamente de "un pequeño alto en el camino". 

Por su parte, Maricruz Vicente Peralta, secretaria de Acción Sindical de CCOO, incidía en que los reglamentos son, a menudo, "más importantes" que las leyes, en tanto que aterrizan y acotan estas normas.

Vicente Peralta hacía hincapié en que este acuerdo se ha desarrollado en el marco del diálogo social, y afirmaba que a CCOO le habría "gustado" compartir este acuerdo con las organizaciones empresariales. "Han formado parte de la mesa de negociación hasta que libremente decidieron abandonarla"; "Su presencia hoy habría demostrado un cambio de cultura empresarial en nuestro país". "Ha sido una oportunidad perdida", lamentaba.