El gobierno quiere impedir un desarme de ETA respaldado por la sociedad civil

@danialri

El final de ETA, con entrega y destrucción de armas incluida, no va a ser nada sencillo. A diferencia de lo ocurrido en otros procesos similares, esta vez no alcanzará con la voluntad de desarmarse por parte de una organización armada. El gobierno del PP –con la colaboración, al menos de momento, de su par francés- pretende impedir que ese grupo, acompañado por representantes de la sociedad civil, escenifique el paso tantas veces reclamado, incluso por los propios políticos que hoy ocupan responsabilidades en Madrid y París. “No se desarman, los desarmamos”, es la lógica imperante. Se trata de un relato de vencedores y vencidos. De ganadores y perdedores.

Según confirmaron este sábado distintos observadores del proceso de paz, las noticias provenientes del País Vasco francés –un territorio en el que históricamente ha habido una importante presencia de miembros de ETA- demuestran lo que ya muchos de ellos sospechaban: el desarme de este grupo no sólo tendrá que realizarse al margen de los estados, sino que también deberá sortear sus obstáculos. Y donde dice obstáculos, léase detenciones.

Así se demostró el pasado viernes por la noche en una casa situada entre Luhuso y Heleta, dos pequeñas localidades de la provincia de Lapurdi, a escasos kilómetros de la frontera con España. Allí dentro iba a ocurrir algo histórico: bajo la supervisión de reconocidos activistas por la paz, se daría un paso de gran calado para la inutilización y destrucción de armas. Era un gesto tan simbólico como real: tras cruzar varias cartas en euskera y francés con la dirección de ETA, el grupo de personalidades estaba a punto de lograr que el 15% del arsenal de esa organización quedase fuera de uso. Para siempre. De hecho, en una de esas misivas–dadas a conocer por el portal Naiz.info- ETA mostraba su compromiso de declararse “cuanto antes” como una “organización desarmada”.

Los impulsores de esta iniciativa –entre los que se encontraban el presidente de honor de la prestigiosa Liga por los Derechos del Hombre de Francia, Michel Tubiana; el sindicalista Michel Berhocoirigoin y el ecologista Jean-Noël Etcheverry- sabían que los gobiernos de España y Francia podían bloquear sus pasos, por lo que tomaron una medida preventiva: en previsión de que se montase una operación policial, dejaron redactada una nota en la que se presentaban como “miembros de la sociedad civil y sin ningún lazo ni subordinación a ETA” que habían decidido “comenzar con el proceso de desarme de la organización armada y proceder a la destrucción de un primer stock de armas”.

“Queríamos dar un impulso al proceso, bloqueado por los gobiernos francés y español, procediendo a una primera destrucción de armas y enviarlas a las autoridades”

El problema es que la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa estaban al corriente del asunto, y decidieron actuar. El operativo se saldó con la detención de dos de los firmantes del comunicado –Berhocoirigoin y Etcheverry-, mientras que Tubiana, cuyo nombre también aparecía al pie de la nota, no llegó a ser detenido porque no consiguió llegar a la vivienda. “Queríamos dar un impulso al proceso, bloqueado por los gobiernos francés y español, procediendo a una primera destrucción de armas y enviarlas a las autoridades”, dijo el propio Tubiana este sábado en los micrófonos de la emisora Europe 1.

Junto a Berhocoirigoin y Etcheverry también fueron detenidas otras tres personas: Béatrice Haran-Molle, periodista del diario digital Mediabask; el camarógrafo Stéphane Etchegaray y el viticultor Michel Bergougnian. Además, el ministerio del Interior español difundió que se habían encontrado “decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos, abundante munición, explosivos, material para la confección de artefactos explosivos y bombas lapa, como cordón detonante, temporizadores y detonadores”. En otras palabras, todo lo que se iba a inutilizar. Según la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido, este operativo –bautizado como “Seminario”- “ha desbaratado la acción propagandística de entrega de armas que tenía pensado llevar a cabo” ETA.

Como era previsible, este extraño operativo provocó una cascada de reacciones. El Gobierno Vasco esperó a media mañana del sábado para dar a conocer su posición. Citando las informaciones conocidas hasta esa hora, el ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu (PNV) no quiso pasar por alto que “ETA está inmersa en un proceso de desarme unilateral y, en su caso, de neutralización, inutilización y destrucción de su arsenal”. “Parece, además, que con la participación de personas ajenas a vinculación orgánica”, observó. En ese contexto, el gobierno autonómico valoró favorablemente “cualquier paso unilateral e incondicional destinado a un desarme efectivo y definitivo, y al final ordenado de ETA”, aunque reiteró la necesidad de que ese proceso sea “verificable y definitivo” y conduzca también a su “disolución”. De ser así, destacó, contará con el “compromiso” del lehendakari y su equipo.

Asimismo, el Gobierno Vasco puso el acento en otra cuestión: “este procedimiento de desarme reproduciría el esquema y filosofía de la propuesta de desarme” presentada por el ejecutivo de Vitoria el 21 de diciembre de 2014, hace ya dos años. A su juicio, lo ocurrido en la casa de Lapurdi “pone de manifiesto que aquella propuesta era y es técnicamente viable si hay voluntad, y que cuando se alegó su supuesta inviabilidad operativa se estaba sólo ante un pretexto que justificase su rechazo”. “Una vez más –subraya- se ha perdido mucho tiempo”.

“Cuando el proceso de paz se abre hacia una resolución integral y definitiva, los Estados francés y español proceden a un operativo que ataca la línea de flotación de un desarme ordenado”

El “Operativo Seminario” también ha generado una reacción por parte del Foro Social Permanente, una entidad impulsada por distintos agentes de la sociedad civil para tratar de desatascar el proceso de paz y llevarlo a buen puerto. En otras palabras, justo lo contrario de lo que perseguía Zoido con el golpe policial. “Tras cinco años desde la Conferencia Internacional de Aiete y la declaración de ETA de fin de su actividad armada, tras cinco años de multibloqueos y en un momento en que el proceso de paz se abre camino hacia una resolución integral y definitiva, los Estados francés y español proceden a un operativo policial que ataca la línea de flotación de un desarme ordenado”, denunció el Foro Social.

Actualmente, este organismo mantiene contactos con el grupo de observadores internacionales que sigue muy de cerca el proceso vasco. De hecho, el pasado 22 de octubre organizó un encuentro en el que participaron dichos mediadores, con el abogado sudafricano Brian Currin a la cabeza. Tras la reunión, el Foro defendió la necesidad de un desarme “total y definitivo”, que se realizaría bajo la supervisión de los “agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales” de Euskadi. Tras lo ocurrido este viernes, sus promotores mostraron su “incredulidad” ante la actitud obstruccionista, de los Gobiernos español y francés. “Rompiendo con todos los estándares internacionales aplicados en casos similares, ambos estados, de manera completamente irresponsable, mandan un mensaje nítido a la sociedad vasca: no deseamos que la sociedad vasca acometa el desarme de una manera ordenada”, valoraron.

Frente a esa situación, cerca de 40 activistas de distintos ámbitos ofrecieron una comparecencia conjunta en Baiona para mostrar su respaldo a los detenidos. También reivindicaron el papel de las organizaciones sociales para suplir el vacío dejado por los gobiernos de España y Francia, contrarios a una entrega de armas ordenada, tal como ha ocurrido en otros lugares, al tiempo que anunciaron que el próximo lunes mantendrán una reunión para decidir los pasos a dar. Mientras tanto, el presidente Mariano Rajoy –con el apoyo de su homólogo francés, François Hollande- sigue con su vía propia. La misma vía que este fin de semana, por enésima vez, generó estupor entre los expertos internacionales.