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Trama Gürtel El Gobierno de Rajoy pagó la defensa de acusados de la Gürtel pese a no tener derecho a la asistencia jurídica gratuita

El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación interna para reconstruir el expediente que validó los pagos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, (i) junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Carlos Lesmes Serrano, presidente del Supremo y del CGPJ. EFE/Archivo

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El Ministerio de Justicia, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pagó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como el cabecilla de la trama, Francisco Correa; el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la mayor trama de corrupción que ha golpeado al PP.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El País, el origen de estos pagos se remonta a junio de 2016, cuando el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, firmó un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para aumentar la subvención destinada a los letrados de oficio que ejercían en el juicio de la Gürtel.

Se justificó este acuerdo para compensar a los abogados que debían dejar prácticamente su trabajo dado que el juicio le exigía una dedicación plena y acaparaba toda su atención.

La polémica está en que presuntamente existen otros pagos amparados por este convenio para abogados de oficio de acusados que no tenían reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita, una opción reservada a las personas que carecen de medios para costearse su defensa.

Justicia abre una investigación interna

A raíz de esta información, fuentes del departamento de Justicia han confirmado a Efe la apertura de la investigación interna para reconstruir el expediente que validó los pagos. El departamento que dirige Dolores Delgado trabaja ya para recabar informes y averiguar qué es lo que ha sucedido para, en caso de apreciar un ilícito penal, denunciarlo ante la Justicia. Ahora bien, las fuentes aseguran que desde la llegada del actual equipo de Justicia no se ha destinado un solo euro al convenio que está en entredicho y que se utilizó para supuestamente abonar los pagos a estos letrados.

El portavoz de Justicia de Cs, Edmundo Bal, en declaraciones a los periodistas después de un acto electoral, se ha referido a la información de El País. Según el exabogado del Estado, se trataría de un delito de malversación al haberse destinado "dinero de todos para beneficiar a determinadas personas que no tenían derecho a justicia gratuita".

"Estaríamos sin ninguna duda en el enésimo caso de corrupción y ante un caso que sería una especie de corrupción dentro de la corrupción, una cosa tremenda", ha exclamado al puntualizar que finalmente esos implicados en la trama Gürtel fueron condenados por corrupción.

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