"Es una burda patraña. No tiene nada que ver con la realidad". Así ha respondido el portavoz del Gobierno a las declaraciones con las que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, acusó a Moncloa de haber amenazado a los independentistas con "muertos en la calle" si seguían adelante con sus planes. "Es una mentira más de la que los catalanes deberían tomar nota", sentenció Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El también ministro de Educación enumeró las "mentiras" de los "dirigentes secesionistas" ("dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos, que tenían apoyo europeo, que no habría que pagar impuestos a la Hacienda el 2 de octubre, sino a la Hacienda catalana..."), en especial, citó, las del president cesado Carles Puigdemont: "Dijo que aceptaría la responsabilidad de sus actos y ya se ve dónde está -en Bruselas- y que no se presentaría a las elecciones y es candidato", arremetió contra él.

Por ello, respecto a la dirigente republicana se limitó a tildar sus palabras de "burda patraña" -término que repitió hasta tres veces-, aunque negó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté pensando en emprender acciones judiciales contra ella. "Son declaraciones políticas y yo he contestado en términos políticos. Es una mentira más y creo que los catalanes deberían tomar nota [en las próximas elecciones del 21-D] de quién miente por sistema", insistió.

De otro lado, el portavoz gubernamental volvió a cerrar la puerta a la posibilidad de que la comisión territorial impulsada por el PSOE y que se constituyó esta misma semana en el Congreso vaya a terminar con una reforma de la Constitución. El propio Rajoy ya constató que nunca ha sido partidario de tocar la Carta Magna y tanto desde el PP como desde Moncloa siguen su misma senda. "El compromiso era abrir esa comisión. Al cabo de seis meses veremos los resultados, si hay acuerdo, qué mayorías lo respaldan... Pero es de sentido común que la apertura automática [de la comisión constitucional para abordar la reforma de la Constitución]se producirá si hay acuerdo [en la comisión territorial]. Si no, no sería la actitud más inteligente", opinó Méndez de Vigo tras incidir en el gran "consenso" que hubo en el 78.

Antes de que terminen los seis meses fijados para esa comisión, Catalunya celebrará unas elecciones en las que el Gobierno hará campaña alertando de los peligros económicos que "ya se han visto" con la "amenaza" de la independencia. El ministro portavoz, que pidió a Bélgica que "active la euroorden de detención y entrega de Puigdemont", expresó también su deseo de que quienes "fueron responsables" de que "los últimos años hayan sido malos para Catalunya" no vuelvan a ser "interlocutores" del Gobierno el 22 de diciembre. "El Gobierno cree que los catalanes habrán tomado buena nota de la sarta de mentiras de los dirigentes secesionistas", insistió.

Los hackers rusos, un "asunto de Estado"

Respecto a los comicios, Méndez de Vigo lanzó un mensaje de "tranquilidad" a los electores ante la supuesta amenaza de que un grupo de hackers rusos pueda intentar intervenir en el resultado electoral. "La interferencia en el resultado de las elecciones no se va a dar. No se puede dar porque cualquier tipo de interferencia informática tiene respaldo en las mesas controladas por los interventores. Será una consulta legal, con interventores, apoderados y resultados reales", zanjó el titular de Educación.

Aun así, quiso dar importancia a esa cuestión, elevándola a la categoría de un problema que requiere "propuestas trasnacionales europeas". Del mismo modo, pidió a la oposición que sea "cauta y prudente" con ese tema. "Con las emociones no se juega porque alguien puede estar tentado de desvirtuarlas", pidió. "Cualquier información que quieran tener, el Gobierno está dispuesto a dársela, pero este es un tema de Estado y hay ser prudentes", dijo en respuesta a la petición de los socialistas para que Soraya Sáenz de Santamaría aclare este asunto en la comisión de secretos oficiales de la Cámara baja. De hecho, no aclaró si la vicepresidenta está o no dispuesta a comparecer. "El Gobierno está abierto a ver la mejor manera de dar esa información que quieren los grupos parlamentarios, pero en este tema hay que actuar con sentido de Estado", concluyó.