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El Gobierno sustituye la incapacitación judicial por la curatela y el apoyo

Envía a las Cortes un anteproyecto de ley que reforma el Código Civil y la Ley del Notariado. Desaparece la tutela total y se reemplaza por el apoyo a las personas con discapacidad allí donde lo necesiten: domicilio, salud, comunicaciones...

Juan Carlos Campo tras Consejo de Ministros.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa este martes. EFE/J.J. Guillén

julia pérez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que propone la desaparición de la incapacitación judicial y la tutela tutela para ser reemplazado por una figura más moderna: la curatela, el apoyo a estas personas allí donde lo necesiten, como puede ser en el ámbito médico, el domicilio o las comunicaciones.

Este anteproyecto es enviado ahora a las Cortes Generales para su tramitación y supone una reforma de la legislación civil y procesal que afecta a las personas con discapacidad. Supone un avance más en la adaptación de la Convención de Naciones Unidas sbbre los derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008.

Sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por el apoyo. Y supone un cambio del sistema legal actual por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias.

La reforma acaba con la incapacitación judicial completa de las personas con capacidad reducida y, en su lugar, favorece su capacidad de decisión con un sistema de apoyos adecuado allí donde lo necesiten.

De la tutela a la curatela

La reforma sustituye la tutela -donde una tercera persona se encarga de decidir por la persona incapacitada judicialmente- por la curatela.

La curatela es una institución que existe en el código Civil y por la cual se nombra un asistente, una persona de apoyo, a la persona con capacidad diferente en atención a su grado concreto de discernimiento, para que pueda realizar determinados actos de tal manero que sea el propio interesado quien adopte sus decisiones, con los apoyos y las ayudas necesarias.

De ser aprobado el anteproyecto, desaparecerán las figuras de la tutela para los mayores de edad, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, puesto que "no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad" que busca el texto, según Juan Carlos Campo.

La reforma prohíbe que las entidades de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presten servicios puedan también actuar como tutoras y ser así  "juez y parte en el proceso".

Esta reforma en ciernes ha sido elaborada por los ministerios de Justicia y el de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

El anteproyecto ha sido presentado al término del Consejo de Ministros por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en presencia del vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, quien no ha hecho mención alguna de este adelanto, así como la ministra portavoz, María Jesús Montero.

La norma en ciernes reforma el Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la referida a la Jurisdición Voluntaria y la de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

Refuerzo de la guarda de hecho para los menores

El anteproyecto refuerza la guarda de hecho, concebida para permanecer en el tiempo, y reserva la tutela a los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad.

Otorgar poderes preventivos

La reforma pretende atender los aspectos personales y no sólo los patrimoniales, que es una visión decomonónica de la incapacidad. Para ello, prioriza todas aquellas medidas que la persona pueda adoptar con carácter preventivo, como mandatos y poderes preventivos.

La reforma expone que no se trata de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de 'incapacidad' e “incapacitación' por otros más precisos y respetuosos, sino "de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos".

Muchas limitaciones no han procedido de estas personas, sino de su entorno: barreras físicas, de comunicación, cognitivas, de actitud y jurídicas que "han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio", sostiene el anteproyecto. El texto reconoce que, además, se busca una transformación  la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la administración de justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respetivas funciones, "a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas".

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