El Consejo de Ministros ha acordado este viernes dar el primer paso para recurrir el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya por entender que excede las competencias de las autonomías en esta materia e incumple por tanto la Constitución: "Ofrece una proyección de Catalunya como Estado".

Así ha resumido el Plan la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, el Gobierno va a presentar un requerimiento de incompetencia, un paso por el que el Ejecutivo reclama a la Generalitat que modifique, derogue o retire la iniciativa. Si en un mes el Govern independentista de Quim Torra no rectifica, el Gobierno de la Nación podrá presentar conflicto ante el Tribunal Constitucional.

El Gabinete de Pedro Sánchez tenía dos meses para dar este paso y ha tomado la decisión al filo del plazo, ya que el Plan fue publicado por la Generalitat el pasado 27 de junio.

"Una oportunidad" para evitar el conflicto

El ministro de Política Territorial, Luis Planas, ha explicado en la misma rueda de prensa que el Gobierno quiere "dar una oportunidad" a la Generalitat para evitar el conflicto en el Tribunal Constitucional y ha censurado el contenido de la iniciativa catalana. "Efectuamos este requerimiento para restaurar la legalidad constitucional", ha añadido.

El Plan aprobado incluye "una ficción de Estado que no se corresponde con la realidad", porque no se presenta a Catalunya en ningún momento como la comunidad autónoma que es y se omite cualquier referencia a la política y a la legislación española, según el Gobierno.

Plan en inglés y uso retorcido del lenguaje 

Planas ha precisado que el documento fue publicado en catalán y en inglés con expresiones "equívocas" y un "uso retorcido del lenguaje". Se califica a los consejeros de ministros y a Catalunya, de "país" y "actor reconocido en todo el mundo", según la expresión empleada en inglés. Se concede a Catalunya relaciones diplomáticas y consulares y otras capacidades que la Constitución reconoce en exclusiva al Estado.

El Gobierno ha explicado que las autonomías pueden elaborar planes estratégicos, pero siempre recogiendo los principios de la Ley de Acción Exterior y aludiendo a ella. En el caso catalán, ni se menciona, como tampoco otras normas, tratados o acuerdos internacionales ni cualquier referencia a la coordinación con la política exterior española.