"Alto riesgo" de corrupción en los partidos y 23 sentencias europeas sin aplicar: el rapapolvo de Bruselas a España

Varios tirones de orejas de la Comisión Europea a España en su informe anual sobre la situación del Estado de derecho de los 27 países de la Unión Europea. A pesar de recoger varias mejoras en el sistema judicial español, Bruselas alerta del "alto riesgo" de corrupción que hay en el sistema de financiación de los partidos políticos en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra acorralado por el caso Cerdán. En la misma línea, el Ejecutivo comunitario reprocha a la Moncloa la falta de lucha contra la corrupción en general y le presiona para poner soluciones sobre la mesa con un paquete de medidas.

En concreto, la Comisión Europea insta al Gobierno español a llevar adelante una estrategia nacional "integral de prevención y lucha contra la corrupción", y constata que Moncloa todavía ni siquiera "ha empezado a trabajar" para desplegar esta medida, pese a que su aprobación estaba prevista para septiembre del año pasado. En este sentido, Bruselas pide al Ejecutivo español que "redoble los esfuerzos" para reducir la "duración de las investigaciones" y "aumente la eficacia de la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel". De hecho, la evaluación critica que "la ausencia de una estrategia unificada puede conducir a la fragmentación", cosa que complica la lucha contra la corrupción.

La Comisión Europea también califica que el riesgo de corrupción en sectores como infraestructuras o contratos de servicios públicos es "elevado" y alerta de la percepción de los ciudadanos y empresas sobre la corrupción en la administración pública y entre los dirigentes políticos. Según un Eurobarómetro del 2025, el 40% (quince puntos porcentuales más alto que la media de la Unión Europea) de las compañías españolas están convencidas de que la corrupción les ha impedido ganar un contrato público al menos en los últimos tres años.

A pesar de que no es estrictamente sobre corrupción, una de las denuncias más destacadas del informe de Bruselas hace referencia a la falta de transparencia sobre algunas informaciones que afectan a las administraciones públicas. De hecho, la Comisión Europea recuerda que ya lo criticó el curso anterior y lamenta ahora que "no se han registrado nuevos avances" en este sentido. En este sentido, pide una mejora en el acceso a la información relativa a las administraciones del Estado a través de una revisión de la ley de secretos oficiales.

En todo caso, la evaluación sobre el Estado de derecho en España evita mencionar casos de corrupción concretos, como los de los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Tampoco ha pronunciado estos nombres el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath. En rueda de prensa, el representante del Ejecutivo comunitario no quiso entrar en lo que consideró "casos individuales". Así pues, se limitó a leer en voz alta uno de los capítulos de las conclusiones del informe anual sobre el Estado de derecho en España. "El Gobierno español está obligado por ley a adoptar una estrategia global de prevención contra la corrupción", insistió el irlandés McGrath.

En cambio, la Comisión Europea sí que habla explícitamente del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra inmerso "en proceso judicial" por "presunta filtración de información confidencial en un caso de fraude fiscal", el de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no entra a evaluar su situación judicial y se limita a relatarla. Eso sí, vuelve a pedir al Gobierno español que siga trabajando para reforzar la independencia del Fiscal General y separar su mandato del que marca el ejecutivo español.

Más incumplimientos

Otro de los principales reproches de la Comisión Europea al Gobierno es que, al menos a fecha del 1 de junio de 2025, aún tiene 22 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por cumplir. Se trata de una pequeña mejora respecto a 2025, cuando sumaba 23. Sea como fuere, el incumplimiento es importante y la Comisión Europea destaca que la principal sentencia más antigua y que está pendiente de ejecución por el Estado es la falta de una ley que permita recurrir de forma efectiva la decisión de una expulsión de un solicitante de asilo.

Además, el informe constata que cada vez es más habitual que dirigentes de todos los colores y de las instituciones comparezcan sin permitir que los periodistas puedan preguntarles. Por otro lado, la Comisión Europea también lamenta que haya personas que "estén acreditadas como periodistas" en el Congreso y "abusen de esa posición para obstaculizar el trabajo de otros periodistas". Se trata de una referencia implícita a los activistas de extrema derecha Bertrand Ndongo o Vito Quiles.

Finalmente, la Comisión Europea pasa otra vez de puntillas por la ley de amnistía, a pesar de que la derecha y la extrema derecha hace meses que pronosticaba que Bruselas saldría a criticarla. Así pues, se limita a constatar que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien existen cuatro cuestiones prejudiciales pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De todas formas, está previsto el próximo martes que el Ejecutivo comunitario se pronuncie en la vista de dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía que se celebrarán en la corte de Luxemburgo.