La CNMC podrá multar a los medios que oculten quiénes son sus propietarios

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes un paso más para implementar algunas de las medidas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia. Concretamente se ha aprobado el anteproyecto de ley que permitirá, entre otros asuntos, crear un registro de medios de comunicación en el que se expliciten los propietarios de dichos medios y el dinero que reciben en publicidad institucional.

Se trata de una de las 31 medidas incluidas en el plan presentado en septiembre por el Ejecutivo. Un documento que tiene su origen en los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez en abril de 2024 tras el enjuiciamiento de su esposa, Begoña Gómez, por una denuncia de la organización ultra Manos Limpias. Hasta la fecha se han impulsado ya 7 medidas del Plan de Acción por la Democracia, seis de ellas desde el Consejo de Ministros y una mediante una iniciativa parlamentaria. 

El objetivo principal de esta medida es favorecer para la ciudadanía una mayor transparencia en el panorama mediático. La iniciativa, presentada este martes en Moncloa por el ministro de Transformación Digital Óscar López, realmente significa la adaptación de una norma europea, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. "Esto viene de Europa", insisten fuentes del Gobierno. El Partido Popular Europeo (PPE) votó a favor en su momento de este reglamento. 

La reforma todavía está lejos de concretarse puesto que lo aprobado este martes es solo un anteproyecto de ley. Tiene que pasar por consulta pública y volver en un tiempo al Consejo de Ministros para que se apruebe el proyecto de ley definitivo. De ahí tendrá que llegar a las Cortes Generales para su ratificación definitiva si cuenta con los apoyos necesarios. 

La responsabilidad del registro recaerá en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo que en el Gobierno consideran independiente e idóneo para esta tarea. Para llevar a cabo este registro, el anteproyecto de ley presentado este martes propone la reforma de la propia ley de la CNMC. 

Se asignarán de este modo a la CNMC "nuevas funciones de supervisión y control en materia de servicios de medios de comunicación respectivamente". También se modificará la estructura del organismo, con la creación de dos nuevas Direcciones Generales, a las cuales corresponderá el ejercicio de estas funciones. 

La iniciativa del Gobierno generó cierto revuelo en algunos sectores mediáticos y políticos conservadores cuando se presentó en el mes de septiembre. "El Gobierno no es quién para repartir licencias de medios de comunicación ni carnets de periodistas. El déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación, lo tienen Sánchez y su Gobierno", dijeron en el PP en su momento. 

Desde diferentes medios han cargado contra el "control" que a su juicio suponen medidas como la aprobada este martes. Si la ley entra en vigor es de obligado cumplimiento para todos los medios, señalan fuentes de Moncloa. ¿Y qué ocurre si alguno de estos medios se niega a publicar los datos necesarios o formar parte del registro? Será entonces la CNMC quien tome medidas, en forma de sanción, según confirman estas mismas fuentes. La cuantía de las mismas todavía no se conoce. 

De hecho, en la propia reforma se establece ya un reconocimiento a la CNMC "de potestades sancionadoras por incumplimiento de las obligaciones establecidas" en el reglamento europeo. 

Defensa del pluralismo y servicios digitales

Otro aspecto que incluye el reglamento europeo y que asume el anteproyecto de ley tiene que ver con la concentración mediática. El objetivo es garantizar el pluralismo informativo y que unos mismos propietarios no acumulen un número determinado de medios de comunicación. Los límites concretos a esta concentración mediática todavía tienen que ser establecidos por Bruselas. Para este paso de debe modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual y la CNMC tendrá también aquí un papel regulador. 

Por otro lado, el mismo anteproyecto otorga nuevas competencias a la CNMC, funciones de supervisión y control de los servicios digitales intermediarios. Es una medida que adelantó Sánchez hace unas semanas durante la presentación del Observatorio de Derechos Digitales. La medida es también una adaptación de un reglamento europeo de obligado cumplimiento. 

Para llevar a cabo la medida se debe modificar la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Se dará la potestad a la CNMC para emitir órdenes de actuación contra contenidos ilícitos en el entorno digital y se establecerá también un régimen sancionador por el incumplimiento de las normas incluidas en el reglamento. 

Los objetivos principales, según fuentes del Ministerio de Transformación Digital son propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos; exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online. 

La reforma va en la línea de regulación de las redes sociales y el entorno digital que ha defendido Sánchez en los últimos tiempos. Especialmente en un contexto de auge de la ultraderecha y con el papel predominante de "tecnomultimillonarios" como el propietario de X, Elon Musk. 

El camino del Gobierno todavía no se queda aquí. En "breve" se aprobará también la trasposición de la Ley de Inteligencia Artificial europea. Lo avanzó López este martes y supondrá la prohibición de montajes realizados con IA sin identificación. Algunos partidos como el PP recientemente han usado este tipo de vídeos para atacar al Gobierno. Una práctica que estará prohibida con la nueva legislación. En este caso será la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, creada en 2023 y con sede en A Coruña, quien se encargará de supervisar la ley.