El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del Becario: "La formación es para aprender, no para sustituir a trabajadores"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario. La norma es fruto de un acuerdo bipartito entre el Ministerio de Trabajo y los principales sindicatos del país, CCOO y UGT, tras un proceso de diálogo social que duró 15 meses y después de estar bloqueado durante prácticamente dos años (el acuerdo se cerró en junio de 2023).

Esta iniciativa aspira a terminar con el fraude de los falsos becarios en las empresas, es decir, aquellas personas en situación de formación que son utilizadas para sacar carga de trabajo sin percibir un salario a cambio y sin estar protegidas ni tener los derechos de una relación laboral.

La norma recoge que "la formación en la empresa no supondrá la existencia de relación laboral entre la empresa o entidad equiparada y la persona en formación (...) Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica".

Por lo tanto, ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, las empresas "no pueden sacar valor" de "nada de lo que una persona haga durante su formación"; "la formación es para aprender, no para sustituir a personas trabajadoras", ha defendido Díaz.

La norma no sólo hace una diferenciación clara entre formación y relación laboral, sino que reconoce una serie de derechos para las personas en prácticas: tendrán derecho a recibir una compensación por los gastos de formación (desplazamiento, manutención...), y dispondrán de un plan de formación exhaustivo que deberá contar con la representación sindical de las empresas y con un tutor que se responsabilice de la formación, (cada tutor no podrá tener a más de cinco personas en formación, tres en el caso de centros de trabajo de menos de 30 personas de plantilla).

Las personas en prácticas no podrán recibir formación en trabajos nocturnos o a turnos y el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo (aunque las empresas, independientemente del tamaño de su plantilla, podrá contar con al menos dos personas en situación de formación).

"El artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores es el contrato de formación, que apenas se utiliza en España porque está siendo utilizado fraudulentamente por falsos becarios. No son contratos laborales, no tienen derechos, por eso el paso dado hoy es mayúsculo. Regulamos ahora la formación en empresas, universidades y administraciones públicas, y dotamos de derechos a las personas que se estén formando", ha dicho Díaz.

También se ha referido la titular de Trabajo a las críticas de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE) a la compensación obligatoria que se le deberá abonar a las personas en prácticas: "Yo comprendo bien a la CRUE, y estoy convencida de que la universidad española quiere lo mejor para nuestro país, y que la investigación tenga empleos y formación de calidad. El debate de la CRUE es sobre la ineficiente financiación que por desgracia tiene la universidad española, que es competencia de las comunidades españolas", ha dicho.

"Lo que tiene que hacer la CRUE", ha proseguido, "es sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas, empezando por Madrid, y defender la financiación adecuada de la universidad. Que la universidad tenga puestos de trabajo cubiertos con becarios porque no les pueden pagar no habla bien de la universidad española", ha zanjado la vicepresidenta.