Décadas de abuso a los interinos de larga duración le cuestan a España más de 600 millones en la UE

Las advertencias de la Unión Europea a España por abusar de los interinos de larga duración en la administración pública no cesan, hasta el punto que Bruselas ha castigado este lunes al gobierno español con la congelación de más de 600 millones de euros de los fondos europeos de congelación. Una decisión de la Comisión Europea que llega después de décadas de incumplimientos por parte de España a dos sentencias de la corte de Luxemburgo que instaban a la Moncloa a corregir esta situación y de que el ejecutivo comunitario le abriese un proceso de infracción.

De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirimió el 14 de junio del año pasado sobre dos casos que se remontan décadas atrás que los interinos a los que se les prorroga sistemáticamente los contratos temporales tienen derecho a preservar su trabajo o pasar a ser indefinidos. El primer asunto prejudicial se trata de una mujer que el 5 de mayo de 2005 fue nombrada técnica superior de la administración de la Generalitat y, desde entonces, ha ido encadenando sucesivos contratos de interina.

El otro caso que la justicia española elevó a Luxemburgo es el de dos interinas que trabajan para la administración catalana desde el 14 de diciembre de 1984 y del 15 de mayo de 1991. También han ido encadenando diferentes nombramientos y contratos y, según explicaron ellas mismas, durante todos estos años han realizado las mismas funciones que los funcionarios que tienen plaza fija.

Pero antes de esta sentencia, el TJUE ya se pronunció en el mismo sentido el 22 de febrero de 2024. Se trataba de dos casos prejudiciales que se remontan a 1994 y 1998, y de dos trabajadores con contratos temporales sucesivos por no convocar plazas para cubrir estos puestos de trabajo de la administración pública de la Comunidad de Madrid. Además, estas sentencias de la justicia europea llegaron después de la reforma de la Moncloa para, precisamente, reducir la temporalidad de las administraciones de toda España y convencer a Bruselas de que cumplen con la legislación comunitaria.

Lejos de conseguir el objetivo, la Comisión Europea sigue convencida de que el Gobierno español continúa incumpliendo en materia laboral con los interinos de larga duración. Por este motivo, el Ejecutivo comunitario abrió un proceso de infracción el 3 de octubre del año pasado por no tomar medidas para "proteger lo suficiente a los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada".

En la misma línea que los autos de Luxemburgo, el aviso de Bruselas sobre todo denuncia que las compensaciones a los interinos de larga duración son insuficientes. Por ejemplo, Bruselas reprocha que independientemente de que un empleado con un contrato de duración determinada lleve 20 o 30 años, la indemnización en caso de despido es la "misma". También critica que, si un asalariado trabaja durante muchos años con contrato de interino y finalmente opta por dejar el cargo, tampoco "tendrá acceso a ninguna indemnización" aunque "un tribunal declare que su sucesión de contratos de duración determinada" sea "abusiva".

Así pues, concluye que las reformas del Gobierno español "siguen sin abordar lo suficiente los problemas detectados", especialmente por lo que afecta al “abuso” a los la concatenación de contratos temporales. Cabe recordar que si España continúa incumpliendo la legislación comunitaria en materia laboral, Bruselas la puede denunciar a Luxemburgo y pedirle una sanción millonaria.

Recuperar el dinero perdido

A pesar del aviso de Bruselas, España aún puede recuperar los 627 millones que la Comisión Europea le ha congelado en el  desembolso del quinto pago de los fondos europeos de recuperación económica pospandemia. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en declaraciones a la prensa al salir del Eurogrupo que pretende encontrar una solución durante los próximos meses y, por lo tanto, que Bruselas desembolse este dinero en el próximo pago de los fondos Next Generation. Sin embargo, Bruselas advierte en la comunicación publicada este lunes que, si la Moncloa no revierte el abuso de los interinos de larga duración, puede continuar congelando más financiación europea en los próximos pagos.

En este sentido, fuentes de Hacienda informan de que pretenden incluir las medidas que exige Bruselas para corregir la situación de los interinos de larga duración en la legislación española a través de la ley orgánica de la reforma de la carrera judicial y fiscal, que La Moncloa pretende tramitar de urgencia en el Congreso, y a través de una enmienda a la ley de la función pública, que prevén que se apruebe este próximo septiembre. Veremos si, de esta manera, el Gobierno consigue convencer a Bruselas de una vez o la Comisión Europea continúa incrementando las amenazas y sanciones a España por abusar durante décadas de los interinos de larga duración.