Díaz rechaza alargar la vida de las nucleares y Transición Ecológica asegura que no hay una petición formal por parte de las eléctricas

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno, liderada por la ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, rechaza revisar el calendario de cierre de las nucleares con la intención de alargar la actividad de estas centrales, tras abrirse el Ministerio de Transición Ecológica a hacerlo.

La posición de este ministerio se ha conocido tras avanzar El País la existencia de un cruce de cartas entre la vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los CEO de las dos principales empresas eléctricas del país (Iberdrola y Endesa) en la que la parte socialista del Ejecutivo se abriría, siempre según esta información, a la posibilidad de revisar este calendario (aprobado en 2019 y que recoge el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035).

Estos mensajes entre Transición Ecológica y estas dos empresas se remitieron, según este medio, a principios de junio, cuando Iberdrola y Endesa pidieron al Gobierno replantear el calendario de cierre de las nucleares, tras haber sufrido España a finales de abril un apagón energético.

Desde la Vicepresidencia para la Transición Ecológica se traslada que no es cierto que haya habido una "petición formal" por parte de estas empresas para alargar la vida de las nucleares. Se reconoce que el departamento recibió en el mes de junio una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares por parte de Endesa e Iberdrola (no la suscriben Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019), pero que esa misiva es "una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas".

Los de Aagesen aseguran, además, que respondieron a estas empresas recordándoles que su propuesta no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Desde entonces, explican desde el ministerio, "ninguna de las empresas ha trasladado a Transición Ecológica que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales, por lo que no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes".

En una entrevista este jueves en RNE, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha afirmado que el Ejecutivo estaría dispuesto a estudiar una eventual petición para alargar la vida de las nucleares si  en el caso de cumplirse con las tres condiciones antes mencionadas, pero ha insistido en que, "que a día de hoy no tenemos ninguna petición de ampliación; ni siquiera se han puesto de acuerdo las propias empresas titulares de las centrales nucleares, que tienen que tomar la decisión de forma conjunta, ni siquiera ha habido acuerdo para formular una petición".

En la comparecencia que el presidente, Pedro Sánchez, protagonizó en el Congreso para dar explicaciones sobre la investigación acerca de este suceso, el líder del Ejecutivo dejó claro que "no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España", en un Pleno en el que la oposición de PP y Vox le enfrentó, precisamente, con la defensa de las centrales nucleares como modelo energético de futuro.

Pocos días antes de esta comparecencia, desde Sumar ya habían mostrado su preocupación por el rumor acerca de una eventual revisión del calendario. Según explicó entonces el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no había tenido lugar ningún debate en el seno del Gobierno acerca de esta cuestión, pero sí que habían asistido a un incremento de la presión de las empresas eléctricas sobre el Ejecutivo con el fin de alargar la vida de las nucleares.

Ahora, tras el cruce de cartas entre Transición Ecológica y estas dos empresas, desde la Vicepresidencia Segunda muestran su rechazo a revisar el calendario y advierten de que "alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el imprescindible despliegue de las energías renovables en nuestro país. Es imprescindible recordar que España está siendo uno de los lideres mundiales en la transición energética con excelentes resultados económicos y de creación de empleo".

"La energía nuclear", añaden desde este departamento, "no es una energía flexible y, por lo tanto, no es ninguna solución a los problemas derivados del apagón de hace unos meses. Alargar el calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado".

También recuerdan los de Díaz que "alargar el calendario significa también hacer aún más grande la ya muy difícil problemática del almacenamiento de los residuos nucleares. España zanjó este debate de forma exitosa hace años y no tiene ningún sentido volver a abrirlo ante la urgencia de acometer una transición ecológica justa en nuestro país".

Por último, la Vicepresidencia Segunda menciona el "necesario cumplimiento del acuerdo de Gobierno", que recoge el compromiso para un "cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035".