El Gobierno apremia al Supremo para que publique la sentencia contra García Ortiz cuanto antes

Una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo (TS) contra Álvaro García Ortiz y activado el proceso para sustituirlo con la propuesta de Teresa Peramato, el Gobierno de Pedro Sánchez espera ahora conocer la sentencia completa. Mientras tanto, el Consejo de Ministros no ha tomado en consideración este martes la dimisión de García Ortiz por lo que sigue siendo a todos los efectos fiscal general del Estado. 

Durante la rueda de prensa ofrecida este martes en Moncloa se lanzaron varios mensajes de calado sobre la publicación de la sentencia del TS. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacó que "lo que toca es tener paciencia para conocer esta sentencia", a lo que añadió que "sería bueno que se conociera cuanto antes". 

Más directa fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. "Lo que es anómalo es que se dicte un fallo sin conocer la sentencia. Es anómalo lo que hemos vivido, hoy es el quinto día y no sabemos qué hechos probados hay", afirmó. 

Preguntados ambos acerca de las razones de la demora del TS, Bolaños rechazó "conjeturar" sobre los motivos de la sala segunda del Alto Tribunal. "Sería bueno para todos, incluido el propio Tribunal Y Díaz incidió en que desde el TS "se han equivocado" porque "hay unos principios de funcionamiento" que indican "que ante una causa tan importante para nuestro país el órgano se debe respetar a sí mismo y publicar íntegramente la sentencia".  "Lo tienen que explicar ellos", añadió. 

En definitiva, en el Gobierno desean conocer los motivos por los que se ha decidido condenar y ponen especial hincapié en el sentido de los dos votos particulares de los magistrados progresistas. A partir de ahí el Gobierno podría preparar nuevos argumentarios políticos que refuercen los posicionamientos mostrados desde la semana pasada. 

El Gobierno ha vehiculado los mensajes transmitidos en diferentes tonos. Bolaños ha sido desde el principio la cara más institucional desde su declaración en Moncloa del jueves. El ministro ha apelado en todo momento a que esta condena no genere una "desconfianza" ni hacia las instituciones ni a la justicia en sí. Al mismo tiempo ha defendido el derecho a "discrepar" de un fallo o sentencia judicial y ha tratado de empatizar con la ciudadanía que no comparte la decisión del TS. 

En paralelo Moncloa ha lanzado al ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, para "decir lo que se piensa en el partido y en el Gobierno". El líder de los socialistas madrileños ha sido la voz en varias entrevistas y tuvo el foco principal el pasado sábado en un acto de partido. López ha puesto en la diana la impunidad de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador 

"En este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país, y que tienen que salvar la patria y niegan la legitimidad de este Gobierno", dijo López por ejemplo este lunes en Antena 3, en un discurso que no ha sido habitual en los socialistas hasta el estallido del caso de García Ortiz.

La rueda de prensa de este martes ha visibilizado además los matices en el discurso entre el PSOE y Sumar. Díaz ha defendido abiertamente que la ciudadanía se movilice y ha rechazado las peticiones de dimisión del PP por alentar convocatorias contra el TS. "Las calles no son de ellos, son de la democracia", dijo en Moncloa. Según fuentes del Gobierno, estas diferencias "son complementarias y no contradictorias". 

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Los tiempos del proceso 

El proceso de nombramiento de Peramato ya está en marcha. El siguiente paso es que llegue el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es vinculante y fuentes del Gobierno confían en que no se demore la respuesta más allá de esta semana. Después la propuesta se debe llevar a la comisión de Justicia del Congreso, donde tendrá que comparecer Peramato. El último paso es que la nueva fiscal general sea nombrada por el rey Felipe VI a propuesta del Consejo de Ministros. 

El objetivo del Gobierno, según fuentes consultadas, es que coincida el cese de García Ortiz con el nombramiento formal de Peramato para que la plaza no quede vacante. Ese punto está condicionado por la publicación de la sentencia aunque en el Gobierno no ven problemas ya que se suele dejar un plazo para que la inhabilitación se ejecute. En todo caso, si se tuviera que cesar a García Ortiz antes de lo previsto, sus funciones, según establece la ley, las ejercería la teniente fiscal del TS, que actualmente ocupa María de los Ángeles Sánchez.