El Gobierno busca recomponer la mayoría de la investidura pese al batacazo por las pensiones

El año pasado acabó para el Gobierno con una sensación de mayor dificultad si cabe para sacar adelante sus iniciativas legislativas. A finales de octubre Junts solemnizó la ruptura con el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez al considerar que no se cumplía el acuerdo de investidura firmado en Bruselas dos años antes. En paralelo en el resto de socios y aliados afloraban ciertas señales de desgaste en un contexto marcado por los casos de corrupción en la órbita de los socialistas o de acoso sexual en el PSOE. 

Pero ha llegado el mes de enero y desde el comienzo en Moncloa decidieron salir a la ofensiva. La máxima de Sánchez siempre ha sido "sudar la camiseta" y trabajar para que la legislatura aguante hasta 2027. Los pasos dados en las últimas semanas apuntan a que los socialistas no tiran la toalla. Y han dejado el foco en diferentes asuntos a todos sus principales aliados. 

Antes ya de enero, a finales de diciembre EH Bildu anunciaba un pacto con el Gobierno para extender la moratoria antidesahucios durante todo 2026 dentro del llamado "escudo social". Un decreto que precisamente no ha podido ser convalidado este mismo jueves por el voto en contra de PP y Junts. El paquete incluía también entre otros asuntos la revalorización de las pensiones, que ambos partidos reclaman que se presente por separado. En Moncloa no desvelan todavía cuáles serán sus pasos concretos en este sentido pero aseguran que la revalorización saldrá adelante. 

A la vuelta de las vacaciones navideñas se producía una foto inédita en Moncloa en esta legislatura con un encuentro entre Sánchez y el líder de ERC Oriol Junqueras. Tras la reunión, el dirigente republicano anunció un pacto sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Los socialistas dejaron todo el foco a ERC en esos primeros momentos y no fue hasta el día siguiente cuando compareció la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para dar todos los detalles. 

El idilio entre socialistas y republicanos ha sido enturbiado, eso sí, por la situación de Rodalies que ha tensionado las relaciones entre el Govern de Salvador Illa y ERC. Estos pedían "responsabilidades" en Adif y Renfe por el caos en la gestión. El ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, al que también Junqueras pidió dimitir, dejó caer a dos altos cargos. Pero para los republicanos esto no es suficiente y se apunta a la  consellera de Territori Silvia Paneque.   

El siguiente hito en este camino llegó con el PNV. El 15 de enero se anunció el traspaso a Euskadi de varias competencias pendientes y que se habían atascado en los últimos tiempos.  La Comisión Mixta de Transferencias oficializó el acuerdo para las transferencias de las prestaciones por desempleo o las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, entre otras. Todas fueron pactadas en junio del pasado año entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales durante un encuentro bilateral.

Este mismo jueves Pradales y el presidente del Gobierno se han vuelto a reunir en Moncloa. El lehendakari ha sido crítico con los "incumplimientos" por parte del Ejecutivo. Pero se ha llegado al acuerdo de celebrar la Comisión Bilateral con Euskadi antes de abril para traspasar nuevas materias como la gestión de aeropuertos. Esta transferencia de competencias tendrá que estar cerrada "definitivamente" antes de ese encuentro. También se ha pactado celebrar antes de Semana Santa la Comisión Mixta de Concierto Económico.

El PNV, a través de su presidente Aitor Esteban, ha cuestionado en los últimos meses la continuidad de la legislatura incluso llegó a apuntar que si fuera Sánchez iría pensando en cuándo y cómo convocar elecciones. 

El carrusel de acuerdos tuvo otro punto relevante este lunes. Podemos anunciaba en un acto público el pacto con el PSOE para realizar una regularización extraordinaria de personas migrantes. La fuerza morada que lidera Ione Belarra se había distanciado mucho del Ejecutivo por diferentes asuntos y sus cuatro diputados continúan siendo decisivos. La reforma reglamentaria, mediante Real Decreto, no tendrá que pasar por el Congreso con lo que en este caso se asegura su implantación. 

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En Podemos han admitido que el pacto tiene contrapartidas con el PSOE y que la predisposición ahora de este partido es mayor para que salga adelante la cesión de competencias migratorias para Catalunya. La medida es una de las principales exigencias del partido que lidera Carles Puigdemont y fue tumbada precisamente por Podemos, PP y Vox. 

Las relaciones con Junts siguen rotas

Ante todo este panorama, las relaciones con Junts "siguen rotas", tal y como reconocen fuentes de Moncloa. Los posconvergentes votaron en contra del "escudo social" este martes. El pasado diciembre enterró de nuevo el techo de gasto, antesala de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que dependen de ellos. En cambio sí votaron a favor de la Ley de Atención a la Clientela porque se había negociado directamente con ellos de manera previa a la ruptura. 

Sánchez y su Gobierno, en todo caso, no se resignan. El líder del Ejecutivo concedió a principios de diciembre dos significativas entrevistas a medios de comunicación catalanes. En ellas asumía sus incumplimientos con el partido de Puigdemont y anunciaba nuevos gestos como la aprobación de un decreto con ayudas a propietarios por impagos de sus inquilinos. Es otra de las peticiones de Junts. Este mismo martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, proclamó en el Congreso que esa iniciativa contará con un presupuesto de 300 millones de euros.

Durante su balance anual realizado a mediados de diciembre, Sánchez también realizó un par de guiños a Junts y al PNV. El presidente del Gobierno anunció la publicación de las balanzas fiscales para Catalunya con una metodología acordada entre ambos partidos. Por otro lado anunció que están trabajando para que Catalunya y Euskadi pertenezcan a la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT) como miembros asociados. 

En Moncloa reconocen que pese a estos avances no pueden lanzar las campanas al vuelo. "Esto es un puzzle donde tienen que encajar todas las piezas", ejemplifican. "Necesitamos mayorías parlamentarias. Trabajamos en ello pero no es tan sencillo", añaden. La máxima sigue siendo, especialmente con Junts, la de la "mano tendida". "Nosotros hablamos con todos los grupos. Somos el Gobierno del diálogo", rematan. 

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A la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se le preguntó en la rueda de prensa habitual celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros sobre si el pacto con Podemos podría desencallar otros asuntos como el de las competencias. "Vamos partido a partido, pero siempre encontrando espacios de confianza, espacios de acuerdo para mejorar la vida de la gente, como como el que hemos traído hoy", se limitó a señalar. 

Está por ver ahora si el partido que lidera Puigdemont hace algún movimiento o emite alguna señal tras la apertura de Podemos a sacar adelante su petición. De momento, en Moncloa se mantienen a la expectativa, con el horizonte de una posible vuelta del expresident a Catalunya en los próximos meses.