El Gobierno estudia cuándo nombrar al nuevo fiscal general a la espera del regreso de Sánchez de su gira africana

La decisión sobre la persona que sustituirá al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se tomará esta semana o la que viene. El Gobierno de Pedro Sánchez barajaba todavía este lunes el momento de anunciar tan esperada decisión, según transmiten fuentes de Moncloa a este medio. 

La principal razón tiene que ver con el viaje de Sánchez en Angola. El presidente del Gobierno se encuentra desde este domingo por la noche en la capital del país africano para asistir a la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA). Desde el Ejecutivo se ha decidido que la designación, o no, se produzca una vez Sánchez aterrice. Y esto sucederá alrededor de las 6.30 de la madrugada, con los tiempos un poco justos para la celebración del Consejo de Ministros, que suele arrancar a las 9.00 o 9.30 horas. 

Desde Moncloa no aclaran por tanto si el nombramiento se producirá en este mismo Consejo de Ministros o se aplazará. Lo que sí hará la reunión de este martes es tomar en consideración la dimisión de García Ortiz. Este lunes el fiscal General enviaba una carta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para dar un paso un lado tras el fallo del Tribunal Supremo. En Moncloa desligan la decisión de acelerar o no el proceso de la publicación de la sentencia, que todavía no se conoce. 

Sánchez se pronunció desde Luanda sobre la dimisión de García Ortiz. El domingo ya lo había hecho por primera vez desde que salió el fallo. "Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración", señaló. El líder socialista confirmó que se había activado el mecanismo para designar su sucesor y que se conocería "en un breve espacio de tiempo". 

En paralelo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se deshizo en elogios hacia García Ortiz. "Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional, un hombre que es inocente", dijo ante los medios de comunicación. Para la integrante de Sumar, "hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte".

Además, lanzó un mensaje a la ciudadanía progresista para "que agarre la democracia con sus manos y que salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora". Para Díaz, lo ocurrido con García Ortiz marca un "punto de inflexión" en nuestro país.

Desde el Gobierno han vuelto este lunes a dejar los focos principales al ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. Forma parte da la estrategia política diseñada por Moncloa, como informó este medio, para poner el foco especialmente en la impunidad de Isabel Díaz Ayuso y el papel de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador. A la vez se busca activar al electorado progresista en defensa del Gobierno. 

En una entrevista realizada en Espejo Público, programa de Antena 3, López se ha reafirmado en los mensajes transmitidos desde el jueves. "En este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país, y que tienen que salvar la patria y niegan la legitimidad de este Gobierno", ha señalado López. 

Ayuso responde y Feijóo exige

Este lunes tanto Ayuso como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han ofrecido también declaraciones. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido en sus intentos de identificar al Gobierno como una dictadura. "Sánchez es los tres poderes del Estado y ha decidido que el Gobierno está por encima del Supremo y nadie puede juzgarles", ha manifestado. 

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"El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado", añadió. 

Por su parte, Feijóo se sacó de la manga una serie de exigencias para el nombramiento que tiene que hacer el Gobierno. Por un lado, que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión, según señaló. La ley establece esa experiencia en 15 años. Otro requisito para Feijóo es que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Actualmente se informa al CGPJ pero su opinión no es vinculante.

También pide Feijóo que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores. Esto ya está contemplado en la ley tras el pacto del PSOE y el PP para renovar el poder judicial. "No habrá ya un fiscal general nombrado por Sánchez sin la sombra de degradación sanchista pero debería cumplir estos mínimos", ha señalado.