El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial. El objetivo es la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y adaptar la normativa al siglo XXI, puesto que la actual se aprobó hace 40 años. 

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado en rueda de prensa los principales puntos de la reforma. Uno de los principales objetivos es "promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal", según ha destacado Bolaños. "La ley va a garantizar que cualquier estudiante de Derecho, tenga rentas altas, medias o bajas, pueda acceder a la carrera judicial", ha añadido el ministro. 

Entre las medidas se incluye el blindaje del sistema de becas para la preparación del acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, Abogacía del Estado y cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La cuantía de estas ayudas nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. 

Además, se reconoce al Centro de Estudios Jurídicos como centro público oficial de preparación de del proceso selectivo para para acceder a la Carrera Judicial o Fiscal, Abogacía del Estado y Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

La reforma incluye también la exigencia de la concesión de compatibilidad a jueces y magistrados para la preparación de oposiciones y para impartir charlas y conferencias. A ello se añade el deber del CGPJ de mantener un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones."

Cambios en las oposiciones

El anteproyecto de ley introduce cambios relevantes en el sistema de oposiciones, especialmente en el cuarto turno, que será reforzado con convocatorias anuales y simultáneas a la oposición libre. Este se abrirá a la carrera Fiscal.

También quedará prohibido que las asociaciones judiciales se financien a través del sector privado. Estas medidas se acordaron en el marco de la negociación del Plan de Acción por la Democracia entre el ministro Ernest Urtasun y el ministro Bolaños, según han recordado fuentes de Sumar. 

La reforma establece un sistema de ascenso automático por antigüedad y mejora la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer. Además, elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

Respecto al objetivo de que haya mayor pluralidad y transparencia, el anteproyecto regula la composición y elección de los miembros del Comité de Ética del CGPJ. De este modo, cinco miembros serán jueces o magistrados, elegidos por la Carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Otras medidas incluidas son la mejora los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales: candidaturas individuales y un solo voto por elector; prohíbe el voto delegado; introduce el voto telemático; y reduce el mandato de cinco a tres años.

Por último, se regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada.

Sumar apoya la norma aunque tratará de mejorarla

El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, se ha mostrado satisfecho en rueda de prensa por la norma promovida por el Gobierno, toda vez que recoge muchas de las reivindicaciones que se realizan desde su espacio. No obstante, ha dejado claro que tratarán de mejorarla en algunos aspectos.

Entre otras cosas, ha hablado de la importancia de que se refuercen las funciones de la escuela judicial o de que exista un título habilitante para el ejercicio de la abogacía de los opositores que no superen el proceso. Es una forma de que todo el estudio realizado no caiga en saco roto.