El Gobierno mantiene que presentará los Presupuestos pese a no tener ninguna garantía de aprobarlos

"Es muy difícil que salgan pero hazañas más difíciles hemos conseguido". De esta manera se expresan fuentes gubernamentales sobre la situación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumen que las cuentas públicas no van a salir adelante de nuevo por la negativa de Junts incluso a sentarse a negociar. En todo caso, la idea continúa siendo aprobar el proyecto presupuestario antes de que finalice este trimestre, es decir como mucho a finales de marzo.

La lectura en el Gobierno, según las fuentes consultadas, es que la situación de Junts "se terminará de estabilizar" cuando regrese Carles Puigdemont. La aplicación completa de la ley de amnistía, a falta de los pronunciamientos definitivos del Tribunal Constitucional y la justicia europea, es uno de los hitos que esperan como agua de mayo los posconvergentes. Y también lo miran como una suerte de "ventana de oportunidad" en las filas socialistas. De hecho, esa aplicación completa ha sido siempre una de las exigencias de Junts para seguir llegando a acuerdos ya que consideran que el Gobierno no ha cumplido. 

"La actitud que tienen en público es la que mantienen en privado", inciden las fuentes gubernamentales consultadas sobre su relación con Junts. Este mismo jueves se ha vuelto a visibilizar la distancia entre el partido catalán y los socialistas. La fuerza que lidera Puigdemont ha votado en el Congreso en contra de dos decretos de relevancia sumando sus votos a PP y Vox: el escudo social y el decreto para topar precios en situaciones de emergencia. 

Durante meses no ha sido habitual que los socialistas pusieran el foco en la actitud de Junts. "Mano tendida", repetían de manera incesante tras el anuncio de Puigdemont de ruptura. En sucesivos episodios en Moncloa y Ferraz decidían de manera deliberada cargar contra el PP y no contra el partido catalán. Pero de un tiempo a estar parte algo ha cambiado en esa estrategia. 

Un ejemplo claro ha sido la intervención de Montse Mínguez, diputada y portavoz de la Ejecutiva federal de los socialistas, en el Congreso a la hora de defender el escudo social. "Junts sale hoy con el aplauso del PP y Vox, pero también sale con el cabreo de miles de catalanes. Prefieren alinearse con quien quiere ilegalizarlos que con quien más lo necesita", señaló Mínguez, que usó el catalán en una parte de su intervención. 

¿Volverá a intentar el Gobierno aprobar estas medidas que han decaído, especialmente las del escudo social? "Siempre hay un plan B", señala una de las fuentes consultadas. "Tenemos instrumentos para que salgan adelante", señala otra de las fuentes en Moncloa sobre la moratoria antidesahucios que ha decaído. La intención es no tirar la toalla pero en estos momentos no se desvela cómo se efectuará la alternativa. 

Fuentes de la dirección de Junts transmiten, en relación a la hipotética negociación presupuestaria, que su posición es clara y que no abordarán esa negociación. Directamente aseguran como se sentarán con el Gobierno si no se cumplen íntegramente los acuerdos pendientes como la oficialidad del uso del catalán en la UE o la cesión de competencias migratorias para Catalunya. 

Tampoco está la relación en estos momentos en su mejor momento con ERC, según reconocen los socialistas. Aunque en este caso sí confían en poder arreglarlo. En este caso hay una derivada que tiene que ver con el Govern de Salvador Illa. En Catalunya hay otra negociación presupuestaria abierta para la que los socialistas necesitan la participación de los republicanos. Estos exigen para llegar a un acuerdo que se desbloquee la cesión del 100% del IRPF para Catalunya. Fuentes de la dirección que lidera Oriol Junqueras señalan que no se sentarán a negociar los PGE sin que exista ese compromiso. 

Avances con el resto de grupos 

A pesar de ERC y Junts, el Gobierno, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero a la cabeza, sí que ha hecho avances con otros grupos, según confirman diferentes fuentes parlamentarias. Montero quiere dejar este trabajo hecho antes de marcharse a Andalucía para comenzar la precampaña electoral que la llevará a disputar las urnas contra el PP de Juanma Moreno Bonilla. 

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Sumar, socios de coalición, ya ha entregado sus propuestas a los socialistas. El espacio de Yolanda Díaz pretendía realizar un acto con sus principales medidas a finales de año. Pero el estallido de varios casos de presunto acoso sexual en el PSOE y nuevos asuntos relacionados con corrupción frenó esa presentación.

Las fuentes consultadas en Sumar confirman que ha habido ya un trabajo conjunto. Lo habitual durante los años en los que sí hubo PGE, en la anterior legislatura, era que primero se presentara públicamente el acuerdo entre los socios de coalición. En Sumar recuerdan sus principales peticiones que se basan en una reforma fiscal en profundidad, poner el foco en materia de vivienda e incluir la prestación universal por crianza defendida por Pablo Bustinduy y el Ministerio de Derechos Sociales. 

Otros socios clave como EH Bildu, según las fuentes consultadas, señalan que están dispuestos a negociar "con la voluntad de poder alcanzar un buen acuerdo" como han hecho otros años. "En cualquier caso, todas nuestras negociaciones las trabajamos con suma discreción y así seguirá siendo", añaden desde la fuerza vasca. 

Desde el PNV confirman que se han producido ya encuentros porque su intención es que si se presentan sea con acuerdos sobre la mesa. En cualquier caso las fuentes consultadas destacan que no son optimistas en cuanto a su aprobación. 

En el BNG destacan que su posición "es clara": "Queremos que haya Presupuestos porque eso significaría que avanza el cumplimiento del acuerdo de investidura del BNG. Que los presenten no es un cheque en blanco", señalan. 

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"Ojalá podamos verlos pronto", señalan por su parte en Coalición Canaria. "Queremos comprobar que los PGE respondan a los compromisos adquiridos con nosotros, que respetan los derechos y que reflejan la situación real de Canarias en la actualidad. Consideramos que los Presupuestos deben entrar en el Congreso, ya que es nuestra responsabilidad como Cámara fiscalizarlos y aprobarlos (o no) conforme a nuestro mandato constitucional. Creemos que el Gobierno no puede hurtarnos este derecho y eludir esta obligación simplemente porque no tenga garantizada su aprobación", añaden. 

En cambio Podemos apunta, según las fuentes consultadas en el partido morado, que el Gobierno todavía no se ha puesto en contacto con ellos. Además señalan que no piensan que se vayan a aprobar. 

"No es una pose, vamos a presentar los PGE", insisten fuentes de Moncloa. El proyecto de cuentas públicas, asegura, llegará al Congreso previo paso por el Consejo de Ministros. Lo que no está claro es si llegará a producirse la votación. Dependerá de las sensaciones que haya y la actitud general de los grupos parlamentarios.