El Gobierno refuerza la seguridad de infraestructuras críticas ante sabotajes o catástrofes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de protección y resiliencia de infraestructuras críticas. La iniciativa, que parte del Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska, adapta nuestra normativa a la legislación europea y refuerza la protección de las entidades clave para la seguridad nacional. 

El texto, adelantado por El País y al que también ha tenido acceso Público, hace referencia a una de las medidas más llamativas de la futura ley. Se trata del "establecimiento de procedimientos de comprobación de antecedentes personales" de los trabajadores que ejerzan "tareas sensibles" dentro de las entidades críticas. 

"La Secretaría de Estado de Seguridad especificará, en los términos que se determinen reglamentariamente, las condiciones en las cuales, en casos debidamente motivados y teniendo en cuenta la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, se permita a una entidad crítica presentar solicitudes de comprobación de los antecedentes personales, a través del tratamiento de datos personales", señala el texto. 

En este sentido, el anteproyecto de ley añade que la comprobación de antecedentes personales "será proporcionada y se limitará estrictamente a lo necesario, con el único fin de evaluar un posible riesgo para la seguridad de la entidad crítica".

El mismo texto enumera la relación de lo que son en estos momentos consideradas infraestructuras críticas. Están relacionadas con sectores estratégicos como la energía, el transporte, la sanidad, la banca, las entidades aseguradoras, el agua, las infraestructuras digitales, la administración pública, el espacio, la alimentación, la investigación, la industria química, la seguridad privada o los residuos. 

Desde el Ministerio del Interior destacan que la nueva ley "sitúa a España a la vanguardia de la protección de los servicios esenciales". Añaden que "representa un cambio de paradigma en la seguridad nacional, al poner el foco no solo en la protección de infraestructuras concretas, sino en la garantía de la continuidad de los servicios esenciales para la sociedad y la economía, ante incidentes graves de cualquier origen". 

"España se adapta a las exigencias europeas, modernizando el marco legal para responder a amenazas cada vez más complejas, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos tecnológicos y amenazas híbridas", indican fuentes del Ministerio. 

En el equipo de Marlaska resaltan que las entidades críticas "deberán evaluar todos los riesgos que puedan afectar a la prestación de sus servicios y a elaborar un Plan de Resiliencia que incluya medidas de prevención, respuesta y recuperación, así como la formación del personal y la gestión de la cadena de suministro". 

"Queremos volver a traer cuanto antes esta norma al Consejo de Ministros", ha señalado Marlaska en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa. Por ello se ha aprobado que los trámites de urgencia y los plazos se reducirán a la mitad.