El Ministerio de López acusa al Gobierno de Ayuso de torpedear un expediente por acoso sexual contra un funcionario de Móstoles
Envía al Ejecutivo madrileño una comunicación, a la que ha tenido acceso 'Público', instándolo a completar las diligencias necesarias para continuar con el procedimiento contra el funcionario.
El Gobierno de Ayuso sostiene que es el Ministerio quien tiene la "competencia exclusiva" sobre el expediente.
Madrid--Actualizado a
A finales del pasado mes de febrero el PP de la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López, de haber guardado en un cajón una denuncia por presunto acoso sexual contra un funcionario del Ayuntamiento de Móstoles. Pero desde el Ministerio señalan que la realidad es que necesitan más información y unas diligencias que el Ejecutivo que presiden Isabel Díaz Ayuso no ha realizado.
El pasado viernes 13 de marzo, la directora general de Función Pública, María Hilda Jiménez, remitió una comunicación oficial, al que ha tenido acceso Público, a la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid. Lo hacía en respuesta a una carta enviada por este departamento del Gobierno de Ayuso el día 9 de marzo.
En dicho documento se recuerda que el pasado 17 de diciembre de 2024 fue el Ministerio de Óscar López el que solicitó la ampliación del expediente "mediante la práctica de diligencias complementarias en la información reservada que dio origen a la propuesta razonada formulada por el Sr. Concejal de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles para la apertura de expediente disciplinario contra" el funcionario denunciado. Hasta el mencionado 9 de marzo de este año no se dio respuesta.
En esa respuesta la Comunidad de Madrid considera que su obligación legal se habría cumplido. Pero el Ministerio realiza varias consideraciones jurídicas en relación con la interpretación del procedimiento establecido en la legislación que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que es el caso de la persona denunciada. Citan expresamente el artículo 67 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Según explica el Ministerio que dirige López, primero es el Ayuntamiento quien debe remitir los hechos a la administración autonómica. "Corresponde a la Comunidad Autónoma examinar dicha propuesta y efectuar una primera valoración jurídica de los hechos, de modo que, si considera que estos pudieran ser constitutivos de una falta muy grave, debe emitir una propuesta razonada sobre dicha valoración jurídica y remitirla, junto con la documentación recibida, al Ministerio competente, que continuará la tramitación del procedimiento y, en su caso, acordará la incoación del correspondiente expediente disciplinario", añade el escrito.
El documento enviado por el Ministerio a la Comunidad de Madrid apunta a que la actuación de estos últimos implica la realización de una "valoración jurídica inicial" y la formalización de una propuesta razonada dirigida al propio Ministerio, que es el competente para la incoación del expediente disciplinario. "Por ello, la no emisión de esa propuesta razonada por la Comunidad Autónoma, más allá de la mera valoración jurídica, impide que el Ministerio valore adecuadamente si procede abrir un expediente disciplinario". Sin esa valoración el Ayuntamiento de Móstoles tampoco puede continuar con el procedimiento.
En el envío de la primera comunicación de la Comunidad de Madrid, realizada el 26 de noviembre de 2024, expone el Ministerio de López, se constató que los trámites del Ayuntamiento de Móstoles "se habían limitado a la toma de declaración de la denunciante y de cinco testigos propuestos por ella sin que se hubiera previsto la toma de declaración del denunciado ni la práctica de otras diligencias".
"La práctica de diligencias mínimas de contraste en el marco de las actuaciones previas, incluida la eventual toma de declaración del denunciado cuando resulte procedente, constituye un elemento relevante para garantizar la adecuada determinación inicial de los hechos, también por la Comunidad de Madrid, y evitar que la incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave se produzca sin contar con los elementos de juicio suficientes", señala el texto al respecto.
Por todo ello, desde la Dirección General de Función Pública reiteran que la documentación inicialmente remitida no permitía disponer de "los elementos de juicio suficientes" para valorar adecuadamente la incoación de un expediente disciplinario.
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En consecuencia, el Ministerio de Función Pública reitera la necesidad de que "se traslade al Ayuntamiento de Móstoles la necesidad de completar, a la mayor brevedad, las diligencias practicadas en la información reservada, y se emita una propuesta razonada sobre la valoración jurídica de los hechos" y que el expediente pueda avanzar. "Todo ello con pleno respeto al marco competencial establecido en la normativa vigente y a las garantías que deben presidir el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito de la función pública", concluye el texto.
Desde el Gobierno autonómico, fuentes de la Consejería de Presidencia de la que depende la Dirección General de Reequilibrio Territorial, señalan a Público que la competencia para la incoación y tramitación del expediente disciplinario corresponde de manera "exclusiva" al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, conforme al artículo 67 del Real Decreto 128/2018. "Dicho caso fue elevado al Ministerio tras la instrucción del Ayuntamiento. Una vez que se eleva al Ministerio, la Administración titular competente es la única responsable de todos los actos procedimentales del expediente, incluidas las notificaciones a los interesados institucionales (según lo artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015) y tal y como se demuestra en todos los expedientes anteriores en los que si han notificado a los ayuntamientos sus requerimientos", añaden.
Para el Gobierno de Ayuso, la Comunidad de Madrid "no tiene competencia alguna en el caso". Y señalan que el propio Ministerio reconoce haber recibido formalmente la documentación el 26 de noviembre de 2024, "asumiendo desde ese momento la titularidad plena del expediente y, con ella, el deber jurídico de continuar su tramitación". "Es el Ministerio quien debió notificar al Ayuntamiento de Móstoles la devolución del expediente, ya que la ley le obliga a comunicar todo acto de trámite cualificado o resolución", concluyen.
Desde el Ministerio no niegan en ningún momento que la competencia sancionadora sea suya, sino que para completar el proceso necesitan los pasos anteriormente mencionados de la Comunidad de Madrid. Apuntan a que antes de la incoación de un expediente administrativo se deben realizar actuaciones preliminares para completar el mismo y poder incoarlo. "De no ser así el expediente podría adolecer de vicios de nulidad y harían imposible la tramitación", añaden. Ciertamente, según las fuentes consultadas, la competencia para faltas muy graves corresponde al Ministerio, pero eso no significa que sea el único competente y además la norma aplicable determina una intermediación por parte de la Comunidad Autónoma para poder tramitarse el expediente disciplinario. Así consta además en el mencionado artículo del Real Decreto 128/2018.
Las acusaciones del PP
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, denunció la inacción de López tras una información publicada en La Razón. En ese artículo ya se incluía la versión del Ministerio al señalar que ese informe se volvió a mandar a la Comunidad de Madrid para decirle que lo completaran y ha pasado más de un año en el cajón de esa administración.
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Pache acusó entonces a los socialistas de defender un "feminismo asintomático" y estar "protegiendo" al funcionario denunciado. "Lo que estamos viendo es que hay un gran caso de hipocresía del PSOE, que se inventaron un caso de acoso sexual para manchar el nombre del alcalde de Móstoles", añadió entonces Pache. Luego, el consejero de Presidencia de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, dijo incluso que el Ministerio había "archivado" la denuncia.
Hace unas semanas desde el Ministerio señalaron que "el expediente lleva en el cajón de Ayuso desde diciembre de 2024". "Una vez más, la factoría de mentiras de Miguel Ángel Rodríguez ha difundido a los medios de comunicación una falsedad compartiendo información de manera parcial y tergiversada", añadieron fuentes del equipo de López.
El caso, según señaló el citado medio, fue denunciado por una funcionaria que narra comportamientos en los que el denunciado trataba de generar situaciones que le llevasen a permanecer a solas con ella en el despacho. La funcionaria habría sufrido "comportamientos impropios consistentes en forzar estar a solas, mirada incómodas, preguntas personales, indagación sobre sus costumbres, y de igual manera prohibir a otros funcionarios que estuvieran presentes en reuniones forzadas".
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