El PP intensifica su boicot a la reubicación de menores migrantes a días del inicio del proceso

El pasado 10 de abril Ángel Víctor Torres y Sira Rego se fundieron en un simbólico abrazo en el Congreso. Los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y de Juventud e Infancia lograron ese día sacar adelante el real decreto-ley impulsado por el Gobierno para la reubicación de los menores migrantes no acompañados en todas las comunidades autónomas del Estado. Un proceso que se va a iniciar de manera inminente y que el PP ha tratado de boicotear en numerosas ocasiones hasta la fecha. 

Las negociaciones comenzaron antes del verano de 2024. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se había marcado como objetivo una reforma estructural para dignificar las condiciones de acogida de estos menores. Las negociaciones se produjeron a varias bandas y especialmente con el Gobierno de las Islas Canarias liderado por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria que gobierna junto a los populares. 

Las conversaciones se dieron también con el PP de Alberto Núñez Feijóo que desde el primer momento no se mostraba por la labor de que sus comunidades autónomas tuvieran que acoger de manera obligatoria a más menores migrantes. En julio del pasado año el Gobierno sufrió el primer revés por la votación en contra en el Congreso de populares junto a Vox y Junts de la reforma de la Ley de Extranjería. Posteriormente el PP reiteraba su renuncia a negociar con diferentes excusas pese a la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo con la oposición teniendo en cuenta el poder autonómico de los de Feijóo. 

El camino continuó y se comenzó a explorar una vía alternativa de reforma para contar con el voto favorable de Junts. No fue hasta el mes de marzo cuando se pactó una fórmula para la reubicación que contentaba a la fuerza liderada por Carles Puigdemont. 

Después del mencionado 10 de abril todavía quedaban pasos importantes a seguir. Las comunidades autónomas debían proporcionar los datos de menores que tenían en acogida. Tampoco fue un camino de rosas y hubo varios retrasos en los plazos. Durante el mes de julio el PP dio un paso más en su boicot y no participó en la Conferencia Sectorial de Infancia que debía abordar el asunto a excepción del representante de Ceuta. 

El último paso formal en el camino del Gobierno ha llegado este martes. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías. Es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que los pasos siguientes son que las comunidades autónomas que tengan una "contingencia migratoria extraordinaria", es decir que tengan saturación en sus centros de acogida, podrán solicitar el traslado. 

Canarias ya lo ha hecho formalmente, según anunció Clavijo este miércoles. Se prevé que Ceuta también lo haga. Una vez efectuada esta petición se establece un plazo máximo para la realización de los traslados de la persona menor de edad que será de 15 días naturales. Esto es en el caso de nuevos menores que pudieran llegar a las costas canarias. Para el resto, los que ya tiene en acogida esta comunidad, se establece un año de plazo máximo para su reubicación. 

Batalla política y judicial del PP 

En este contexto, los populares han hecho de este asunto una batalla no solo política sino también judicial. Tras la aprobación del decreto en abril se presentaron varios recursos, hasta llegar a un total de 10, al Tribunal Constitucional (TC) por parte de las comunidades gobernadas por el PP. También se sumó a esta oleada Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page. 

La revuelta del PP no ha quedado ahí. Tras la aprobación del último decreto del pasado martes la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más. Han sido los primeros en anunciar que recurrirán nuevamente a los tribunales, en este caso al Tribunal Supremo (TS) porque consideran que el decreto "vulnera competencias autonómicas". A Madrid se le sumarán otras comunidades en manos del PP como Aragón, Illes Balears o Castilla y León, que ya han avanzado sus intenciones. 

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalan que pese a estos recursos interpuestos "el proceso no para". Las mismas fuentes recuerdan que el único pronunciamiento judicial que ha habido hasta la fecha ha sido además para darle la razón al Gobierno. Fue en el caso de Aragón, que solicitó medidas cautelares para no comunicar los datos sobre menores solicitados por el Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó su petición. 

En principio las comunidades autónomas del PP no han apuntado de manera directa que se vayan a negar al acogimiento de los nuevos menores migrantes que les correspondan. De hecho han señalado que su intención es cumplir la ley aunque pretenden agotar la vía judicial. 

¿Qué ocurriría si se negaran a acoger los menores migrantes que les corresponden? El ministro Torres lo adelantó en una entrevista en TVE y la propia ley así lo indica: "En el caso de que la comunidad autónoma de destino se negara a hacerse cargo de la persona menor de edad en la fecha, hora y lugar notificados (...) los profesionales referentes de la entidad pública de origen que hubieran acompañado a la persona menor de edad durante el traslado podrán recabar la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, quienes pondrán este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán a la persona menor de edad a la Entidad pública de protección de menores de la comunidad autónoma de destino". 

"A mí no me cabe en la cabeza que haya comunidades autónomas que no vayan a cumplir porque estarían incumpliendo una ley que desde el Gobierno de España y desde la mayoría del arco parlamentario entendemos que es una ley justa, necesaria, histórica y que da respuesta a una situación de injusticia", añadió Torres este miércoles en declaraciones a los medios. 

"La única actitud del PP ha sido la del bloqueo", denuncian fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Rego. Para el Gobierno, se ha demostrado "una actitud insolidaria con territorios en los que ellos mismos gobiernan y cuyo único objetivo es satisfacer las demandas racistas de sus socios de la ultraderecha", señalan las mismas fuentes.

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EFE

Vox ya rompió los gobiernos autonómicos tras aceptar el PP nuevas acogidas de menores y el partido de Santiago Abascal, recuerdan desde el equipo de Rego, lleva meses "exigiendo al PP que boicotee la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados si quieren que Vox mantenga sus apoyos en aquellos territorios donde son necesarios sus votos para sacar adelante presupuestos".

Para este Ministerio, el PP de Feijóo "ha aceptado y asumido el discurso racista de la extrema derecha sin ningún pudor y no han presentado una sola alternativa". "Estos intentos de bloqueos solo han provocado que los plazos se alarguen, generando una mayor presión en Canarias, Ceuta y Melilla", añaden. Concluyen desde el equipo de Rego que las comunidades autónomas del PP "han tenido meses para tratar de adaptar y dimensionar sus sistemas según la ley pero en lugar de eso han invertido ese tiempo en boicotear el proceso".