El PP pone de excusa a Junts para romper su acercamiento al PSOE por los aranceles de Trump
El Gobierno negoció con los 'populares' antes de aprobar el real decreto-ley en el Consejo de Ministros e incluyó algunas de sus exigencias, que el PP calificó de "insuficientes".
Si los de Feijóo terminan por levantarse de forma definitiva de la mesa de negociación, el Gobierno tendrá que conjurarse al bloque de investidura para convalidar el decreto.
Madrid--Actualizado a
El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados. Lo hace a petición propia y tras una semana frenética de actividad tras la decisión sobre la imposición de aranceles tomada por Donald Trump para todos los países de la Unión Europea (UE).
A la cita el Gobierno de Pedro Sánchez llega con mucho trabajo avanzado después de una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios y la aprobación este martes del primer real decreto-ley con medidas de respuesta y protección para las empresas españolas. Este jueves, además, Cuerpo se reunirá con una representación de las comunidades autónomas.
En Moncloa no ven peligrar la convalidación del real decreto-ley en las Cortes. Para ello ya se han asegurado el voto favorable de Junts, una de las habituales piedras en el zapato para el PSOE. No debería haber problemas, según fuentes del Gobierno, con el resto de aliados habituales, aunque Podemos se ha perfilado en la actual legislatura como una perenne incógnita. En el equipo de Sánchez ven también muy factible que el PP avale las medidas.
O al menos lo veían durante la mañana de este martes. Porque precisamente el anuncio realizado por el partido de Carles Puigdemont ha sido usado como excusa por los populares para anunciar que "no es posible" que cuenten con ellos "si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios".
Lo cierto es que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, cuyos flecos han terminado de resolverse a primera hora de este martes, ha trastocado el devenir de los acontecimientos. Fuentes del PP destilaban antes de dicho pacto una cierta voluntad de entendimiento con el Gobierno. Admitían, incluso, que la negociación y el intercambio de documentos entre Moncloa y Génova se había alargado hasta bien entrada la madrugada de este lunes, aunque terminara sin éxito.
Tuvo lugar, incluso, una llamada a las 00.21 horas por parte del ministro Carlos Cuerpo en la que informaba a los populares de que introduciría alguna de las modificaciones que proponía Génova con tal de amarrar su apoyo al decreto una vez llegue al Congreso. "Insuficientes", dijo el PP. De todos modos, fuentes de los de Feijóo reconocían el buen hacer del Gobierno en esta negociación y daban a entender que permanecerían en la mesa de negociación. Todo cambió a las 13:30 horas.
Es el momento en el que Junts ha hecho público el acuerdo con el PSOE que Josep Maria Cruset, diputado de los posconvergentes, ha definido como un compromiso para que alrededor de un 25% de los 14.100 millones que movilizará el Estado para contrarrestar los aranceles de Trump vayan a parar a empresas catalanas. A media tarde, las mismas fuentes del PP que, por la mañana, tentaban al Gobierno para que negociase con ellos el apoyo al decreto y orillara a sus aliados parlamentarios de izquierdas, han anunciado que el PP se levanta, al menos por ahora, de la mesa de negociación.
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Antes de esa reacción del PP, Cuerpo, para atraer al partido que lidera Feijóo, se había afanado en conversaciones con el secretario económico de los populares, Juan Bravo. Fuentes del Ministerio de Economía señalaban que son optimistas al respecto ya que se ha desarrollado hasta el momento un diálogo constructivo y que la respuesta a nivel estatal a los desafíos de Trump deberían desligarle del debate partidista.
"Seguiremos conversando", señalan las mismas fuentes tras las últimas posiciones del PP. Además, aclaran, sobre el acuerdo para asegurar el voto de Junts, que el plan de respuesta "es una red de seguridad a demanda". Es decir, que si hay empresas más expuestas o que demandan más acceso a financiación, se beneficiarán más. "Pero este sistema no se configura por cuotas regionales", apuntan en el equipo de Cuerpo. "La financiación se otorgará a las empresas que lo soliciten y el seguimiento del uso de los instrumentos se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades autónomas y rendición de cuentas antes las Cortes", añaden.
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De hecho, en Moncloa señalan que el PP tenía el mismo texto que Junts desde anoche y los populares no señalaron ninguna objeción. En el equipo de Sánchez recuerdan, tal y como ha podido comprobar este medio, que la cifra del 25% de la que habla Junts no aparece en el real decreto-ley y que la formación catalana lo que hace es una cuenta en la que esa cifra surge de estimar la probable afectación de sectores exportadores de Catalunya a los aranceles.
En las medidas incluidas este martes en el Consejo de Ministros, de todos modos, se han aceptado algunas exigencias del PP como por ejemplo una suerte de cláusula de transparencia en el seguimiento del plan, con comparecencias en el Congreso prestablecidas cada tres meses máximo, una comunicación permanente con las comunidades autónomas o la reducción de la moratoria contable, solo en 2025, para las empresas en riesgo de disolución. Los de Feijóo piden más: hablan de fiscalidad o de medidas energéticas para mejorar "las perspectivas de las empresas". Recientemente, el PP ha registrado una propuesta de ley para alargar la vida de las centrales nucleares.
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Fuentes de Moncloa agradecían de manera preventiva que el PP ejerza una "oposición de Estado" en un tema como este. "Vemos una excepción", señalaron las mismas fuentes. La lectura que hacen en las filas socialistas es que el PP está viendo una posibilidad de distanciarse de Vox y ganar terreno político en un tema muy sensible para la sociedad española ya que están en riesgo los intereses de muchos sectores productivos.
A su vez, en el Gobierno pretenden dar una imagen lo más unitaria posible de cara a presentar con más fuerza sus posiciones en el debate dentro de la UE. Sánchez busca aterrizar algunos instrumentos de financiación de ayudas directas con fondos comunes procedentes de la recaudación de aranceles comunitarios.
Desde Moncloa ponen en valor la "generosidad" con la que han actuado estas últimas horas. Consideran que Feijóo hizo este lunes un "discurso constructivo" pero luego el PP "sorprende" con sus giros. "Quieren pactar con el Gobierno pero les sabe mal porque tienen resistencias", destacan. "El PP está de acuerdo con el real decreto-ley, pero en el fondo querría no estarlo", añaden al respecto.
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No en vano, al tiempo que afirma sentirse "expulsado" de la mesa de negociación por el "pacto unilateral del PSOE con el independentismo", el PP también se cura en salud y reconoce que se tendrá que "conocer la letra pequeña" de dicho acuerdo y lanza un anzuelo a Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo: "Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos".
Podemos, de nuevo en el centro
Está por ver, por lo tanto, si el PP termina quedando fuera de la ecuación o si las explicaciones del Gobierno acerca de su acuerdo con Junts reducen la reacción del PP a una mera sobreactuación. En el caso de que los populares se mantengan firmes y se nieguen a facilitar la aprobación del decreto por parte del Congreso, Sánchez solo podrá mirar hacia la mayoría de investidura y hacia la multitud de sensibilidades que la componen. Dicho de otro modo, tendrá que sudar para lograr asegurarse cada uno de los votos.
Para empezar, porque las izquierdas de la Cámara Baja ya han dejado claro muchas veces que no aprueban que el PSOE empiece las negociaciones por su derecha, como ha ocurrido también en esta ocasión. Para muestra, el diálogo abierto con el PP o el acuerdo anunciado con Junts per Catalunya.
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Pero, además, si el Gobierno no puede contar con el PP, necesitará a Podemos —que en las últimas semanas se ha declarado más lejos del Ejecutivo que nunca en la legislatura— para alcanzar los 176 votos necesarios con los que convalidar el decreto. Fuentes de los morados explican a Público que, por el momento, siguen estudiando el texto.
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