PSOE y Sumar apuran la negociación para pactar medidas antes de que Sánchez acuda al Congreso

La semana pasada se reunió la denominada comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición, el foro en el que el PSOE y Sumar fiscalizan el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y tratan de dar salida a los eventuales conflictos que se produzcan en el seno de su alianza. Este encuentro tuvo lugar como consecuencia del estallido del caso Cerdán, tras el que los de Yolanda Díaz exigieron a los socialistas un "reseteo" de la legislatura y un nuevo marco de trabajo en el Ejecutivo basado en una relación "de igual a igual".

A esta reunión los partidos de Sumar llevaron un documento con medidas anticorrupción y sociales con el objetivo de que el PSOE se comprometiera a respaldarlas y a tratar de aprobarlas en un plazo concreto. Sin embargo, las aspiraciones de la izquierda alternativa se truncaron, ya que los socialistas no concedieron en ese momento ni una sola de las peticiones que les habían trasladado.

Los de Díaz avisaron entonces de que Pedro Sánchez se sometería a una "prueba de fuego" el día 9 de julio en el Congreso, ya que no se había cerrado la crisis en el seno del Ejecutivo en la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, por lo que el presidente hablaría sólo en nombre de una de las partes de la alianza, y no de la coalición en su conjunto.

A algo más de 24 horas de que se produzca esta comparecencia en la Cámara Baja, tanto en el PSOE como en Sumar reconocen que las conversaciones se han intensificado con el objetivo de lograr un acuerdo antes de la cita del presidente en el Parlamento.

Una de las medidas que podría acordarse en las próximas horas es la ampliación de los permisos retribuidos. En primer lugar, porque el PSOE estaría más abierto a aceptarla con respecto a otras medidas; y en segundo lugar, porque en Sumar han lanzado un órdago para tratar de garantizar su aprobación. La ampliación de los permisos es una de las medidas pactadas en el acuerdo de coalición y ha formado parte de la negociación entre ambos socios en varias ocasiones (sobre todo, cada vez que se estudiaba poner en marcha el proceso para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado).

La multa millonaria por no retribuir permisos

Además, habría un tercer incentivo: el pago de una multa millonaria por parte de España por no retribuir los permisos. En agosto del pasado año venció el plazo dado por la Unión Europea para que España traspusiera la directiva europea de conciliación, que obliga a retribuir ocho semanas más de permisos.

Ya en febrero de 2024, la Comisión Europea interpuso una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento de esta directiva, con una sanción propuesta que, después de vencer varios plazos límite establecidos en la demanda, en la actualidad es de casi 10.000 euros al día y, según datos del Ministerio de Trabajo, podría ascender a los 10 millones de euros si no se retribuyen los permisos antes del próximo 2 de agosto.

Con todo esto sobre la mesa, Sumar ha lanzado este lunes un órdago al PSOE para exigirle que se aprueben dos medidas: la ampliación de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas, por un lado; y la retribución de cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados aprobado en 2023, por otro. Los de Díaz han exigido a su socio de Gobierno llevar al Consejo de Ministros estas iniciativas antes de que acabe julio y que estén en vigor en septiembre, antes de la vuelta de los niños y las niñas al curso escolar. 

Sin embargo, desde la coalición de la izquierda alternativa precisan que, en este momento, el PSOE estaría más centrado en abordar medidas que tienen que ver con la lucha anticorrupción (un marco impulsado por el escándalo de eventuales amaños en contratos públicos que salpica al partido) que en medidas de la agenda social, y que en este escenario podría ser algo más difícil garantizar el impulso de iniciativas como la de los permisos.

También han avanzado desde este espacio que llevarán antes de agosto al Congreso de los Diputados una proposición de ley para la creación de una oficina anticorrupción, otra de las medidas que Sumar le trasladó al PSOE en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición. Fuentes de la parte minoritaria del Ejecutivo aseguran que esperan un compromiso por parte de los socialistas para apoyar esta iniciativa parlamentaria.

El PSOE admite que se han intensificado las conversaciones pero mantiene la discreción

Desde Movimiento Sumar, el partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, advierten de que Sánchez se juega la legislatura en la comparecencia del miércoles ante el Congreso, y que, si el presidente no acepta ninguna de las medidas que se están negociando, "sólo podrá hablar en nombre de una de las partes del Gobierno, pero no del Gobierno en su totalidad".

Desde Izquierda Unida trasladan que están a la espera de la intervención de Sánchez, y que será entonces cuando decidan sus próximos pasos. Este lunes, el coordinador federal del partido, Antonio Maíllo, avisaba de que su organización se sentiría defraudada si el presidente finalmente acude a la Cámara para formar parte "del teatro que siempre montan la derecha y la ultraderecha". "Confiamos en que entre hoy y mañana tengamos una respuesta respecto a qué se va a asumir", ha zanjado Maíllo.

Desde el ala socialista, fuentes gubernamentales confirman que "se está hablando" con sus socios sobre las medidas y la comparecencia del miércoles. Confían, según las mismas fuentes, en llegar a un acuerdo positivo para ambas partes pero se reservan los detalles apelando a la discreción. Además, transmiten la idea de que sea Sánchez quien comunique en el Congreso el paquete de medidas por "respeto" a los partidos que sustentan la mayoría de la investidura.

Públicamente, la nueva portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, visualizó en su primera rueda de prensa ese guiño a los socios parlamentarios. "Los socios de coalición, pero también los de investidura, han sido partícipes de todas las medidas que decimos que han mejorado la vida de la gente en los últimos siete años. También saben que si la alternativa es Feijóo, que ha pegado un volantazo para irse hacia la ultraderecha, es lo contrario a todo lo que hemos conseguido juntos", destacó en Ferraz. "Vamos a salir más reforzados como Estado", añadió al respecto sobre el alcance de las medidas, informa Miguel Muñoz.

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Desde Podemos trasladan que no esperan "nada" de esta comparecencia, que afrontan "con gran escepticismo". "El hecho de que Sánchez haya tardado más de tres semanas en comparecer demuestra que tiene pocas ganas de dar explicaciones. Su reacción está siendo muy similar a la del PP ante sus casos y evidencia que lo que más le preocupa no es la corrupción, sino la crisis de imagen en la que están sumidos el PSOE y el Gobierno", aseguran fuentes de la formación morada.

A juicio de los de Ione Belarra, Sánchez debería aclarar "al menos dos cuestiones en su comparecencia: por qué cesó a Ábalos sin explicación aparente y por qué eligió a Cerdán, su número dos, como nuevo secretario de Organización, sin cerciorarse de que no estuviera también implicado en la trama".