Sánchez salva el escudo social del Gobierno y gana una nueva bola de partido con Junts

"Voy a sudar la camiseta y más". Pedro Sánchez lleva repitiendo ese símil deportivo desde prácticamente el comienzo de la legislatura, allá por noviembre de 2023. Siguiendo esas comparaciones, el presidente del Gobierno ha salvado ya unas cuentas bolas de partido para la estabilidad y el avance de su Ejecutivo. La más reciente, que no quiere decir que sea ni mucho menos la última, ha sucedido este martes. 

El "equipo" que más difícil le pone las cosas desde el inicio al líder socialista es Junts. El partido de Carles Puigdemont se ha afanado en demostrar que ellos no forman parte del llamado bloque de investidura. Habituales han sido las negociaciones al límite, los pactos que parecían imposibles, las reuniones "discretas" y, en definitiva el cierre de acuerdos.

Estos son presentados como cesiones por parte de la derecha. El Gobierno, mientras, se esfuerza en normalizar y poner en valor su situación de minoría parlamentaria. "¿Cuándo lo hemos tenido fácil?", se preguntan de manera recurrente en Ferraz.

"Este Gobierno no da un partido por perdido y aporta soluciones cuando otros niegan la mayor", afirmó Sánchez este martes en Moncloa. La suya fue una comparecencia inesperada, tras un Consejo de Ministros que se retrasó mientras se negociaba "hasta el último minuto" con Junts para asegurarse sus votos favorable al decreto de medidas sociales que ellos mismo tumbaron, junto a PP y Vox, la semana pasada. 

Los golpes de efecto de Sánchez son ya recurrentes durante los últimos tiempos. El lunes se transmitía desde Moncloa y Ferraz que no había prisas para llevar el decreto ómnibus al Consejo de Ministros, tal y como pedían sus aliados parlamentarios. Pero la estrategia cambió conforme fueron avanzando las horas y durante la mañana del martes se dio a conocer el acuerdo del PSOE con los de Puigdemont.

La sensación de victoria, y la importancia de las medidas, provocó que fuera el propio Sánchez quien compareciera en rueda prensa. Un hecho que el presidente del Gobierno se reserva solo para ocasiones muy especiales y concretas. 

Los socialistas han cedido, eso sí, en algo que se habían negado. Lo más llamativo, a nivel simbólico, es la aceptación de la tramitación en el Congreso de la proposición no de ley (PNL) presentada por Junts sobre que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

A efectos prácticos no tendrá ningún valor. Primero, porque no está claro que vaya a llegar a debatirse en el Pleno del Congreso ya que el pacto solo incluye la calificación por parte de la Mesa. Segundo, porque una cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al Gobierno. Sánchez fue claro al decir que "no hay necesidad de presentarla".

El pacto incluye también otra exigencia del partido catalán. Se trata de la separación de las medidas sociales respecto a las económicas. Junts tenía reticencias sobre algunas cuestiones incluidas en el decreto como medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o los detalles de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Este paquete no se ha aprobado de nuevo en Consejo de Ministros y se negociarán por separado a partir de ahora. 

Otro asuntos que echaba para atrás a Junts eran las medidas antidesahucios. El partido catalán se alinea aquí con PP y Vox y consideraba que se protegía a los "okupas" o "delincuentes". El Gobierno ha mantenido esas mismas medidas. Pero para contentar a Junts ha acelerado la creación en paralelo de "un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos". En realidad es una medida ya anunciada hace semanas por el propio Sánchez en un acto temático sobre vivienda que impulsó el Gobierno. 

Por lo demás, la "práctica totalidad" de las medidas sociales se queda como está. Fuentes socialistas ya indicaron el jueves pasado que realmente el paquete estaba pactado con los catalanes, pero que estos decidieron aumentar la presión en los últimos momentos. Además se desbloquean las negociaciones sectoriales con Junts, congeladas según anunció Puigdemont hasta que se resolviera el asunto de la cuestión de confianza. Las siguientes carpetas, complejas, tienen que ver principalmente con el traspaso de las competencias de migración a Catalunya. 

La aprobación del paquete social al completo era una exigencia también de Sumar, socios de la coalición. "Nos marcamos dos objetivos después de que el PP votara en contra de forma irresponsable: que las medidas se recuperaran lo antes posible y que el escudo social se aprobara en su totalidad", ha celebrado este martes el portavoz del espacio y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Millones de trabajadoras y pensionistas no pueden pagar de su bolsillo la irresponsabilidad del Partido Popular y Vox. Hoy en el Gobierno hemos hecho lo que tocaba: volver a presentar las medidas para solucionar los problemas de la gente", ha escrito por su parte la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo Yolanda Díaz en la red social Bluesky. 

Otras fuerzas de la izquierda mostraron también su satisfacción por el hecho de que el decreto vaya a seguir adelante. "El decreto se aprobará con todas las medidas del escudo social como exigimos. Desde pensiones y transporte hasta prohibición de cortes de suministros y desahucios para familias vulnerables. Es positivo que Junts rectifique y apoye ahora las medidas. Gana, por fin, la ciudadanía, destacó EH Bildu a través de su portavoz parlamentaria Mertxe Aixpurúa. 

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En Podemos, que había puesto como línea roja el mantenimiento de las medidas contra los desahucios, el mensaje fue similar. Fuentes de la formación que lidera Ione Belarra destacaron que los anuncios garantizan las medidas de protección social que habían acordado con el Gobierno, "que se pusieron en marcha durante la pasada legislatura de coalición gracias al esfuerzo de los morados y que el actual Ejecutivo quería desmantelar". 

El partido morado, recuerdan las mismas fuentes, había reclamado ya el pasado jueves que se recuperasen "cuanto antes" todas estas medidas y que "el Gobierno aceptó mantener a cambio del voto de Podemos a la ley de eficiencia de la justicia". 

"Partido a partido"

Es inevitable ahora pensar en la siguiente meta volante, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A Sánchez se le preguntó en rueda de prensa sobre si este acuerdo allanaba el camino a ellos. El presidente ironizó ante los periodistas sobre si ya estábamos dando por amortizado el importante decreto pactado este martes. "Partido a partido", se limitó a decir. 

Para quien sí tuvo palabras Sánchez fue para la "coalición negacionista" que forman PP y Vox por su actitud. La semana pasada los acusó de provocar "dolor social" tras tumbar el decreto. Este martes ha desmontado los "bulos" y "falsedades" vertidas en los últimos días sobre medidas que realmente no estaban en el paquete que se debatió en el Congreso. 

"No lo hacen solo por fastidiar sino que tienen una visión diferente de la sociedad", proclamó Sánchez sobre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Frente a lo que los socialistas ven como "un derecho", PP y Vox quieren "hacer negocio". 

En Ferraz han explotado estos días el mensaje de confrontación con el PP en sus sucesivas declaraciones. Este martes, tras el acuerdo con Junts, dejan el siguiente análisis: "Una vez más Feijóo absolutamente fuera de juego y nosotros aprobando medidas para la gente", destacan fuentes de la dirección socialista. Mientras, los populares no han desvelado todavía, alegando que no conocen el contenido del decreto, el sentido de su voto. "Darán cualquier excusa nueva", señalan fuentes socialistas.