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Aguirre se gastó en publicidad de su Gobierno 220,6 millones entre 2008 y 2011

El Estado desembolsó en el mismo periodo 378,1 millones de dinero público. González invierte 7,6 millones en hacer autobombo de su gestión en año electoral.

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Esperanza Aguirre, en un acto como presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

El Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre -hoy candidata del PP al Ayuntamiento de la capital- se gastó 220,6 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011, mientras que el Estado se gastó 378,1 millones en el mismo periodo de tiempo. Es decir, un solo Gobierno autonómico se gastó en publicidad institucional el 58,5% del dinero público que necesitó el Estado.

Estos últimos son datos de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, mientras que las cifras de la Comunidad figuran en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo madrileño -encabezado desde 2012 por Ignacio González- ha traslado al grupo de UPyD en la Asamblea. El portavoz y candidato a la Presidencia de Madrid de esta formación, Ramón Marcos, lleva varios meses denunciando públicamente y ante el Tribunal de Cuentas el enorme gasto de dinero público que el PP de Madrid hace en "autobombo". "El PP trabaja para sí mismo y no para resolver los problemas reales de la gente", denuncia Marcos en declaraciones a Público. La prueba, argumenta el diputado autonómico, es que los 220,6 millones gastados por Aguirre en campañas de publicidad suman "tres veces el dinero que el PP dijo que era necesario ahorrar" o es el equivalente al "dinero que dijeron que se iban a ahorrar con la privatización sanitaria".

Madrid es la segunda comunidad en recortes educativos entre 2012 y 2015 y ha prescindido de 2.015 profesores no universitarios entre 2011 y 2014

El Gobierno de Ignacio González parece seguir la estela de gasto público de su antecesora y candidata municipal del PP en materia publicitaria, pues en los últimos meses, el Ejecutivo madrileño lleva gastados más de 7,6 millones de euros en esas campañas de "autobombo" que denuncia UPyD ("Esos 7,6 millones se podrían haber utilizado para abrir los comedores escolares en verano o reducir la deuda del Gobierno con los abogados que llevan la justicia gratuita", argumenta Marcos).

Este periódico ya informó sobre el gasto de 2,7 millones de la Consejería de Educación en cantar las bondades de su sistema a tres meses de las elecciones del 24 de mayo y a lo largo y ancho de la Comunidad. La inversión se ha realizado, además, al tiempo que el Gobierno de González sitúa a Madrid en el segundo puesto por cantidad de recortes educativos efectuados entre 2012 y 2015 o que prescinde de 2.015 profesores no universitarios entre 2011 y 2014.

Cartel en el Metro de la última campaña educativa del Gobierno madrileño. PÚBLICO

El mayor gasto lo destina Madrid a las campañas de Sanidad y Educación, las áreas más criticadas por los ciudadanos que pagan esta publicidad

La de Educación, sin embargo, no es la única gestión del Gobierno regional que dispone de autoelogio en marquesinas, el metro, autobuses urbanos, radios, televisiones o prensa escrita y digital, según la información de la Vicepresidencia regional. El gasto de la comunidad en publicidad incluye, por ejemplo, 1,5 millones en una campaña de Sanidad; 1,1 millones en otra sobre Asuntos Sociales; 1,1 millones también en publicidad sobre Tributos, u otros 1,1 millones en la campaña sobre Emergencias. El desembolso más cuantioso se ha destinado a publicitar los sistemas educativo y sanitario del Ejecutivo de González, precisamente, las áreas más criticadas por la oposición y por los ciudadanos en la calle (las Mareas).

"Información" nada más

A las denuncias de Ramón Marcos, que trasladó en forma de pregunta parlamentaria al pleno de la Asamblea del jueves, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, aseguró que sigue sin entender "qué ley se ha incumplido" con las campañas de publicidad institucional, "salvo que incumplir la ley sea informar de que aquí se pagan menos impuestos (...) o que dispongamos del mejor metro del mundo y tengamos las tarifas dos años congeladas".

Precisamente -y sin entrar a valorar si los datos que se publicitan son ciertos o no- tanto la ley de publicidad institucional (29/2006, Art. 4, Prohibiciones) como el Tribunal de Cuentas ponen el acento en que los gobiernos "no pueden valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer que presta servicios o los logros que consigue".

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