El resultado de las elecciones autonómicas catalanas ha desembocado en una situación inédita hasta ahora, con cabezas de lista en la cárcel o huidos de la Justicia de tal manera que sólo con permiso judicial podrán acudir a tomar posesión de sus escaños. El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa de rebelión que culminó con la declaración de independencia del 27 de octubre puede modificar las medidas cautelares, pero si finalmente resultan condenados la lista correrá ya que una condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargo público.

El cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, es el segundo candidato más votado en las elecciones y a esta hora permanece en Bélgica, huido de la Justicia. Sobre él pesa una orden nacional de busca y captura, por lo que si llega a España para recoger su acta de diputado será detenido, ingresará en un calabozo y pasará después a disposición del juez del caso, el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

El candidato de ERC Oriol Junqueras, se encuentra en la prisión de Estremera, allí donde su partido cerró la campaña electoral. También se encuentran en prisión el líder soberanista Jordi Sànchez, número dos de JxCat, o Joaquim Forn, también candidato y exconsejero de Interior. Sus defensas no han querido revelar los pasos que planean dar ante el Supremo, a la espera de tomar una decisión en las próximas horas.

Todos ellos se encuentran en prisión preventiva, que al no ser una condena no afecta al derecho a concurrir a las elecciones y participar en asuntos públicos (sufragio pasivo). También tienen derecho a acudir como diputados electos a la constitución del Parlamento autónomo, pero para ello deberán solicitarlo al juez instructor.

Las defensas pueden ahora plantear que se ha producido un hecho novedoso que afecta a la prisión provisional: han resultado elegidos en estos comicios del 21 de diciembre. El magistrado Pablo Llarena deberá decidir entonces si adopta otra medida cautelar que reemplace la prisión provisional o si la mantiene.

El juez tiene que ponderar el derecho que les asiste, como candidatos electos, a participar en la formación del Parlamento y a retirar sus actas de diputados. En el caso de que mantenga a alguno de los candidatos electos en prisión, el problema que surgirá será práctico: ¿En qué comisiones parlamentarias podrían participar? ¿Qué cargos podría ejercer desde la cárcel, teniendo que pedir permisos?

La solución jurídica es adoptar una medida cautelar que reemplace a la prisión provisional y que sea menos gravosa, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país -caso de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament- mientras se ultima el caso abierto por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en el que todos ellos son investigados.

El magistrado Pablo Llarena tiene margen para tomar una decisión, ya que el Parlamento no se constituirá hasta enero. El 4 de enero la Sala de lo Penal del alto tribunal celebrará una vista para estudiar la petición de excarcelación solicitada en su recurso por Oriol Junqueras. Por su parte, Sànchez y Forn optaron por pedir una nueva declaración ante Llarena, quien los ha citado para el 11 de enero.

Pero si Carles Puigdemont regresara, es muy probable que Llarena ordene su inmediato ingreso en prisión. Y que no permita que salga de la cárcel, a la vista de la huida que realizó al conocer que la Fiscalía iba a presentar una querella contra él.

La intención del magistrado es culminar pronto la instrucción de este caso para que se celebre la vista oral en pocos meses, posiblemente antes de verano, según fuentes jurídicas. De esta manera esta situación provisional en la que se encuentran los políticos no se prolongaría muchos meses.

El juicio será, pues, rápido. Ahora bien, todos los delitos que se investigan -rebelión, sedición y malversación- conllevan de manera automática la inhabilitación para ejercer cargo público. Esto es, si alguno de los políticos encarcelados o huidos resulta condenado, no podrán ejercer u optar a cargo público alguno. Esto afecta tanto en el caso de que sean designados para formar parte del próximo Govern, como en su propia función de diputados.

En caso de condena, serán apartados y la lista correrá en cada uno de estos partidos hasta llegar a un candidato que no haya sido condenado, que será el que finalmente posea el acta de diputado. Y su futuro político quedará mermado, como ha ocurrido antes con otros condenados.