Las grandes consultoras a las que el Gobierno andaluz pagó 2,2 millones le instan a suprimir "gastos innecesarios"

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, avanzó este martes las principales conclusiones de las auditorías que adjudicó por 2,2 millones de euros a grandes consultoras para que estas le dijeran qué hacer con el sector instrumental de la Junta de Andalucía, un entramado de 92 entes. El objetivo declarado con esta operación es "racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios".

El vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) manifestó que los resultados completos, que se harán públicos en próximas fechas en el portal de transparencia –son más de 6.000 folios–, ponen de manifiesto "una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios" y afirmó que, por ello, se iba a abordar lo que llamó un "Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental" que definirá la estrategia a seguir con estas entidades. 

El vicepresidente también acudió a una feroz crítica de los gobiernos anteriores, los del PSOE, a los que acusó de haber "urdido durante más de 37 años" una "red clientelar, una maraña" que "no es fácil de desmontar". Para Marín, las auditorías ponen "punto y final" al "abuso".

El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), en la misma rueda de prensa, hizo un guiño a Vox, partido que viene exigiendo la publicación de las auditorías como un requisito imprescindible para negociar los próximos presupuestos, los del 2020, lo que permitiría al Gobierno andaluz, si Vox decide aparcar la xenofobia, y aprobarlos, llegar al final de la legislatura sin mayores problemas. "[La presentación de las auditorías] responde a un compromiso que se adquirió, también con Vox, [y son] el reflejo de lo que se promete, se cumple", dijo Bravo. Marín manifestó que se iba a crear un grupo de trabajo en el Parlamento, para que todos los partidos pudieran hacer sus aportaciones.

Así, la publicación de estas auditorías, además de permitir al Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) arremeter contra el PSOE y recordar sonados casos de presunto enchufismo y corrupción, como el relacionado con la Faffe, una fundación hoy extinta, les allana el camino para, al menos, presionar a la ultraderecha para que se siente a hablar de las cuentas del año próximo, claves para la salida de la coronacrisis, como la ha bautizado en alguna ocasión el presidente andaluz, y para la continuidad del gabinete.

Críticas de la izquierda

Ningún partido político esconde en Andalucía que es una necesidad racionalizar el sector público, de hecho, incluso el PSOE, en sus últimos años, había iniciado una tímida reorganización que le llevó a cerrar entes, pero la oposición sí discute la participación en este debate de grandes consultoras (Grant Thornton; Ernst y Young; UTE Cremades & Calvo Sotelo Novotec; Accenture; Deloitte y PriceWaterhouseCoopers) a las que el Ejecutivo ha adjudicado ya en total más de 5 millones de euros para, en resumen, que el sector privado (con toda su lógica de intereses particulares) le diga al sector público cómo debe configurarse.

Esto ha causado en alguna ocasión las críticas de la izquierda, que lo ven "innecesario", además de un "derroche" y un "despilfarro", y consideran que "tienden a darle prioridad a la rentabilidad económica y no la utilidad social y, por otra parte, quien paga manda y el resultado de una auditoría privada puede ser lo que al gobierno le convenga en cada momento".

De hecho, el Ejecutivo de Moreno ha tomado ya algunas decisiones, como fusiones de agencias, sin esperar a la publicación de estos informes. Además, la Junta recuerda que "las recomendaciones de los auditores constituyen un diagnóstico sin carácter vinculante que deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados", lo cual ha llevado a algunos diputados a preguntarse para qué se han elaborado realmente.

El plan del Gobierno andaluz se va ejecutando paso a paso. Primero, el gabinete de Moreno encargó, al inicio de la legislatura, a la Intervención General, es decir, a los funcionarios públicos, un análisis sobre doce agencias. Esa auditoría reveló que los objetivos y fines para los que se habían creado y el servicio público que debían prestar seguían estando vigentes, pero también advirtió de que podrían existir algunas duplicidades.

Después de que en esos estudios la Intervención defendiera con rigor la configuración de parte de la administración, el Gobierno, con el argumento de que "las competencias que desarrollan las propias agencias y las de las consejerías a las que están adscritas no están bien delimitadas y propician así la aparición" de esas "duplicidades", lanzó las auditorías privadas y lo defendió de un modo grandilocuente: "Andalucía es la primera administración pública española que realiza un proceso tan integral y ambicioso de análisis de todo su sector público instrumental", manifestó en un comunicado entonces la Junta. 

Más empleados

A pesar de las acusaciones de clientelismo y de las afirmaciones de que esa práctica se había acabado en la Junta de Andalucía, a finales de 2020, dos años después de que el PP y Ciudadanos entraran en el Ejecutivo, en los entes instrumentales trabaja más gente de la que lo hacía en 2018, cuando el PSOE abandonó el Gobierno. Por el camino, se han sucedido contrataciones en el sector público, en múltiples áreas, por el simple método de mandar con rapidez un email a la administración, una práctica que los tribunales de lo contencioso han ido anulando –con el consiguiente desconcierto en la administración– porque vulneraba de manera flagrante los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Los datos aportados por el Gobierno en un comunicado son los siguientes: "El sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles. El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general".

Después, en la nota, el Gobierno habla de reducciones y de aumentos según las categorías, que revelan que la suma total es de 28.981 empleados, 538 más al fin del año pasado. Dice así el comunicado del Ejecutivo: "A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%) y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%)".