Un grupo de más de 100 profesores universitarios especializados en Derecho Penal han firmado un manifiesto para mostrar su repulsa ante la decisión de la Fiscalía y la Audiencia Nacional de calificar los actos del 1-O dentro del marco de delitos de rebelión y sedición.

"La exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento en este ámbito", dice el manifiesto.

Los académicos señalan que "es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión del artículo 474 del Código Penal" ya que "está ausente un elemento estructural de ese ilícito como es la violencia".

"Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión", puntualizan en el manifiesto.

Los firmantes tampoco entienden que se haya producido un "delito de sedición del artículo 544 del Código Penal, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley"

Así mismo, señalan que la Audiencia Nacional no tiene competencias para conocer los delitos de rebelión o sedición  ya que "la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 65.1 se refiere a los derogados 'delitos contra la forma de Gobierno' como objeto de la competencia de la Audiencia Nacional, y en ningún momento alude a los delitos de rebelión o sedición".

Por otra parte, el manifiesto pone en manifiesto "la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 en la fijación de fechas para prestar declaración" y "en el dictado de las prisiones preventivas" ya que han sido "gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones".

Finalmente, los juristas reclaman a las instituciones judiciales y fiscales que "se atengan a la Ley y castiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia".

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