A las 9.45 de la mañana, Francisco Javier Guerrero llegó fumando hasta la puerta del Palacio de Justicia de Sevilla, donde esperaban apostados tras una valla medio centenar de periodistas con sus cámaras y móviles apuntándole. “¿Qué tal estás, Javier?”, le preguntó una de las redactoras de tribunales que más lo conoce. Guerrero, pieza clave del macrofraude de los ERE, tiró el pitillo al suelo, frente a dos guardia civiles, y sonriendo a la multitud respondió: “Con frío”. Y entró en los juzgados.

Algunos periodistas entendieron “con frío” y otros “confío”. Entre estas dos ideas va a pendular el mayor juicio por corrupción política contra el Gobierno de Andalucía.

Guerrero fue director general de Trabajo de la Junta, es una pieza fundamental del caso porque su mano era la que firmaba los ERE y ayudas fraudulentas. Él manejaba la partida presupuestaria 31L, dotada con 855 millones de euros, de la que salió el dinero defraudado (741 millones bajo sospecha según el fiscal). De él es la expresión “fondo de reptiles” para referirse a esa misma partida presupuestaria. De él es la expresión “criaturitas” para referirse a los intrusos, personas que incluía como beneficiarios de un ERE en una empresa en la que nunca había trabajado.

De los 22 imputados, Guerrero es el que más tiempo ha pasado en prisión preventiva, afronta ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. Y, sin embargo, es el único que ha entrado tranquilo, sonriendo, relajado, hasta divertido. El resto ha llegado a los juzgados como quien entra en un cementerio.

El caso ERE, que ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla, sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes que representan 23 años de gobiernos socialistas: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los acusados se enfrentan a delitos que van de los diez años de inhabilitación para cargo público a hasta ocho años de cárcel por malversación, prevaricación y asociación ilícita.

La Policía ha vallado la plaza que hay frente al Palacio de Justicia, hay agentes armados en cada flanco del edificio, y se han establecido estrictas medidas de control para acotar los movimientos de la prensa. Hay 160 periodistas acreditados de 40 medios de comunicación distintos. Sólo nueve, los más habituales en los juzgados, tienen acceso a la sala de vistas donde se desarrolla el juicio. El resto ha sido ubicado en una sala de prensa contigua a la Audiencia. No se permite pasillear ni acercarse a los abogados durante los recesos. Los acusados han ido llegando a las 9.17 horas. Hay mucha expectación mediática, pero no se han visto ciudadanos espontáneos gritando a la entrada (una imagen habitual en los juzgados).

A las 10.00 horas, cuando ya habían entrado todos, se ha creado un tumulto de cámaras para ver llegar, por sorpresa, a Mercedes Alaya, la jueza que inició la instrucción de los ERE hace ahora siete años. Alaya fue el azote del Gobierno andaluz, suya es la versión más dura sobre el fraude, la que acusaba a toda la cúpula de la Junta de haber conspirado para malversar fondos públicos.

Hoy ya no es protagonista, porque fue relevada del caso cuando eligió cambiar su plaza en el juzgado de instrucción 6 por un puesto en la Audiencia Provincial. Pero no ha querido perderse el momento. Y los medios tampoco.

También ha llegado una señora en pijama, abrigada con una bata rosa y larga, que se ha pasado “a saludar a los acusados”, y luego se ha marchado.

Chaves y Griñán han llegado por separado: primero Chaves y un minuto después Griñán, seguidos de sus abogados, con rostros serios. “¡Buenos días, presidente! ¿Cómo se encuentra?”, les han gritado. “Estoy tranquilo, pero no voy a hablar”, dice Griñán. Luego en la sala de vistas se han sentado juntos (nadie les ha obligado a elegir asiento), hombro con hombro, como solían sentarse en el Consejo de Gobierno. De hecho, la primera fila de acusados, frente al presidente del tribunal, es idéntica a la que existió en el Parlamento andaluz durante muchos años.

A la izquierda de Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías (exconsejero de Presidencia), José Antonio Viera (exconsejero de Empleo). A la derecha de Chaves, Magdalena Álvarez (exconsejera de Hacienda); Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Economía) y Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación). La segunda y tercera fila la han ocupado los otros imputados hasta completar la lista de 22 exaltos cargos. Justo detrás Chaves se ha sentado Guerrero, siempre sonriente. “Empieza el final. O uno de ellos”, ha dicho dentro de sala. Muy cerca otro exconsejero de Empleo (Antonio Fernández), el único que ha pasado por la cárcel.

Esta foto, con el rostro serio de dos expresidentes y toda la cúpula de su antiguo gobierno, es un golpe durísimo para la Junta de Andalucía y para todo el socialismo. Chaves y Griñán fueron secretarios generales del PSOE andaluz y presidentes del PSOE federal. Se juzga aquí una década entera de sus gobiernos, entre 2000 y 2010. 

El juicio de los ERE tratará de dilucidar si era legal el procedimiento específico que diseñó la Junta para agilizar la concesión de ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis durante esa época. Un sistema de pagos que eludió la fiscalización y el control, que permitió librar dinero sin publicidad ni concurrencia competitiva, y que en muchos casos tuvo un destino diferente al previsto y se gestionó de forma arbitraria.

Sesión más larga de lo previsto

Entre el Palacio de Justicia y el palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, apenas hay 300 metros. Esta fría mañana de diciembre, los que en su día ocuparon la primera línea del Gobierno hoy se sientan en la primera fila de los acusados, ante el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, y las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

La sesión se ha dilatado más de lo previsto, dado el extenso volumen de los escritos de acusación de las partes, que han sido leídos íntegramente por el secretario judicial, como dicta la ley. La lectura del escrito de la Fiscalía (44 folios) ha durado casi dos horas, tiempo suficiente para que los acusados, inicialmente nerviosos, fueran poco a poco relajándose.

Nunca han abandonado sus rostros serios mientras escuchaban las acusaciones que se les imputan, pero se ha visto a Chaves y a Griñán cuchicheando, hablándose al oído, e incluso sonriendo. El primero de los expresidentes ha estado más de dos horas masticando el mismo chicle.

Detrás de él, Francisco Javier Guerrero no ha dejado de bostezar, mirar al techo, y cruzar miradas y risas con su abogado. También es sintomática la frialdad que separa a Zarrías y a Viera, sentados juntos en primera fila, contiguos a los expresidentes, hombro con hombro, pero sin apenas dirigirse la palabra ni mirarse.

A las 12.45 horas, el presidente del tribunal ha ordenado un receso y la sala se ha vaciado enseguida. Cuando se ha retomado el juicio, los abogados del PP han aceptado que su escrito de acusación (107 páginas) se lea parcialmente, dada la elevada coincidencia con el del fiscal. Pero han insistido en que se lea la parte en la que argumentan el delito de asociación ilícita (40 páginas), que no está en la acusación pública, y que pide dos años más de cárcel para los 22 imputados. Los populares también elevan la cifra del fraude a 1.280 millones de euros (el fiscal calcula que asciende a 742 millones).

Varios abogados se han quejado. Uno de ellos ha pedido ausentarse de la sala, pero no se lo han permitido porque su defendido habría quedado desatendido. Otro ha dicho que tras haber escuchado el escrito del fiscal durante dos horas ya estaban “suficientemente instruidos sobre la causa”, pero tampoco ha convencido a los letrados del PP, que han insistido en su lectura. Como consecuencia, la primera jornada del caso ERE se ha suspendido hasta mañana jueves sin que las partes hayan presentado aún sus cuestiones previas.

Es una prueba más del aparatoso proceso judicial que representan los ERE, 8.245 folios de una instrucción que ha tardado siete años en llegar hasta aquí, de manos de dos jueces distintos (Alaya y su sucesor, Álvaro Martín). En conjunto, la macrocausa acumula casi 300 imputados.