La Guardia Civil investiga en Púnica las denuncias de la empleada del Canal de Isabel II en las que la UDEF no vio delito

MADRID.- En febrero de 2016 la Guardia Civil entró en el Canal de Isabel II dentro del marco de la Operación Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La Unidad central Operativa (UCO) se metía hasta el fondo en el feudo de Ignacio González, que en tantas ocasiones había aparecido vinculado a casos de presunta corrupción que nunca había llegado a puerto: su viaje a Colombia con directivos del Canal, la contratación del agencia de detectives Método 3 en el conocido caso del espionaje en la CAM y pagados con fondos de esta empresa o por la denuncia interpuesta en 2011 por una exempleada en la que se denunciaba malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Precisamente el caso de Araceli Blanco es uno de los que se incluyen en la investigación de la Guardia Civil sobre la trama Púnica, después de que les entregara a los investigadores y a la fiscalía anticorrupción la documentación que consiguió reunir en el año 2008. Esta ex trabajadora del Canal de Isabel II había denunciado ya en 2011 ante los juzgados madrileños la presunta desviación de 4, 5 millones de euros, que la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid había llevado a cabo junto a Sacyr cuando era presidente Ignacio González. El juzgado de instrucción número 11 abrió diligencias, pero tras declarar ante la Policía los investigadores no vieron indicios de delito y el caso se archivó.

El descubrimiento de esta empleada se remontaba a agosto de 2008, cuando encontró una carta en la que se desvelaba una negociación entre directivos del Canal de Isabel II y la constructora Sacyr, para desviar el dinero de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional al Proyecto de refuerzo de abastecimiento de Aranjuez y su zona de influencia desde la conducción Almoguera-Algodor.

Anteriormente, en diciembre de 2008, lo había puesto en conocimiento de Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II. En una fiesta le entregó una carta a la mano derecha en ese momento del expresidente de la Comunidad de Madrid, José de la Uz Pardo, quien le aseguró que le daría el trámite pertinente. Según ha sabido Público de fuentes conocedoras del caso, “tras la denuncia Ignacio González contrató a cuenta del Canal de Isabel II a la agencia de detectives Método 3 para que espiará a la trabajadora y denunciante”.

El propio exdirector de la agencia, Paco Marco, confirmó en su declaración en la Comisión de investigación de Corrupción que se está celebrando en la Comunidad de Madrid estos pagos de la empresa pública ordenados por el propio Ignacio González para controlar empleados.

De la Uz es actualmente alcalde del municipio madrileño de Las Rozas por el Partido Popular, salió elegido en las elecciones de mayo de 2015. Un mes antes había ido a declarar en el caso Púnica ante el juez Velasco, por haber sido el secretario de presidencia cuando ostentaba el puesto Ignacio González.

Según se está desvelando en diferentes procesos, de 2008 a 2011 a manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigía el comisario José Luis Olivera llegaron importantes informaciones contra los dirigentes del PP Francisco Granados e Ignacio González. “Se pueden enumerar en esos casos que no llegaron a puerto el de los espías de la Comunidad de Madrid, donde no se ha llegado a imputar ni a Granados ni a González; la trama Gürtel que tampoco ha tocado a ningún dirigente importante del PP de Madrid; los casos del Canal de Isabel II e incluso el ático de Ignacio González”, apuntan fuentes policiales.

Por ejemplo, ahora en Púnica aparece reflejado que tanto Francisco Granados como Ignacio González contrataron en esa lucha a la agencia de detectives Método 3. En el caso del exvicepresidente de la Comunidad ahora en prisión pagó su socio David Marjaliza, y González lo hizo con fondos del propio Canal de Isabel II y a través de otro empresario, según cuenta el exdirector de la agencia en su libro. Otra empresa en común a los vicepresidentes de Esperanza Aguirre sería OHL a través de su consejero delegado, Javier López Madrid, “que lo mismo hacía fiestas con Granados en el yate que mantenía tratos con Ignacio González”, explican fuentes de la investigación.

Otro de los casos reseñados en Púnica y que pasaron en 2008 por manos de la Policía serían las grabaciones entregadas por los exconcejales en Majadahonda, José Luis Peñas y Juan José Moreno, y en las que ya aparecían mencionada la relación de Granados con Marjaliza y con la empresa DICO, aunque la UDEF no realizó ninguna diligencia sobre el asunto.

Un ejemplo más sería que en el sumario de la trama Gürtel donde se investiga el ayuntamiento de Arganda del Rey, donde se produjo el supuesto pelotazo con el que Ignacio González compró su ático, no se investiguen estos hechos. Tampoco aparece reseñado en este sumario que la hija del actual número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, era la teniente alcalde de dicho ayuntamiento cuando se inició la investigación.

Según se ha desvelado en las sesiones por el caso de los espías de la CAM celebradas en la Comisión de investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid, a la que llamaron a declarar tanto a Ignacio González como a Francisco Granados, fue en esos años cuando se creó la Dirección General de Seguridad que dirigió Enrique Barón, actual comisario general de Información y ex jefe de Policía de Madrid, sobre quien diferentes testigos aseguran que ofreció a los políticos de la CAM los servicios de los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño. “Puede que esa estrecha relación entre políticos, empresarios y policías sea la causa de que muchas de las investigaciones que ahora están en manos de la Guardia Civil no se desarrollaran en su momento por la UDEF”, argumentan fuentes policiales consultadas.