Construir el régimen franquista desde el mismo 18 de julio de 1936 en que el golpe de Estado arribó a la Península española. Eso fue lo que hicieron los sublevados en aquellas zonas en las que no hubo guerra, en las que la rebelión de los alzados se hizo con la victoria sin apenas capacidad de resistencia por parte de los republicanos. Y eso fue lo que pasó, también, en Galicia, donde no hubo guerra pero sí violencia.

Una violencia descarnada que se materializó en arrestos indiscriminados, matanzas y reclusión en los primeros campos de concentración levantados en el bando golpista. Ahora, la monografía Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras (Prensas Universitarias de València, 2023) viene a poner algo de luz sobre este territorio periférico no siempre bien estudiado ni entendido por la historiográfica centralidad madrileña.

Compuesto por trabajos de docentes procedentes de las tres universidades gallegas, el libro se convierte en un corolario de voces que recorren diversos aspectos como la conspiración civil, la movilización civil y militar, los primeros poderes locales, las incipientes organizaciones femeninas, los debates conceptuales sobre las matanzas, la represión a la lengua y la cultura gallega (como sucedió después en el Euskadi y Catalunya), la represión a la mujer y la imposición de una moral católica.

"La guerra no fue una cuestión inevitable"

"Una de las premisas principales de la que partimos es que la guerra no fue una cuestión inevitable, sino que fue provocada por un golpe de Estado", introduce Francisco J. Leira, docente en la Universidad Isabel I y coordinador de la publicación junto a Lourenzo Fernández.

Es decir, la sociedad española en general y gallega en particular en 1936 era mucho más plural que esas dos Españas a las que muchos autores aluden, un relato que tiene sus ecos en la actualidad.

Si uno pone la lupa en la región más noroeste de España durante aquellos años, podrá apreciar cómo las cotas de analfabetismo en el mundo rural no eran óbice para que llegara la cultura y el conocimiento sociopolítico del momento casi al mismo nivel que a los lugares más industrializados y urbanos, como Ferrol y Lugo, dice Leira.

En cambio, aquello no fue motivo suficiente para poder parar el alzamiento en la región. "Las nuevas autoridades gallegas que se imponen casi de inmediato comienzan a establecer unas incipientes políticas que luego serán mucho más perfeccionadas y que terminarán impuestas en el resto del Estado a medida que avanza la guerra y la posguerra", adelante este historiador.

Se refiere, por ejemplo, a la militarización de la sociedad a través del servicio militar de los hombres y de la Sección Femenina en el caso de las mujeres. De hecho, el 30 de julio todos los lugares de Galicia en los que hay un cuartel de la Guardia Civil están ocupados.

Para ello fue necesaria la depuración de todos los cargos públicos, lo que se tradujo en cambios que afectaron desde el Gobierno civil y militar de la región hasta el alcalde del pueblo más pequeño. Incluso se dio cierto debate sobre la procedencia de esos nuevos poderes, si provenían de la vieja política de la dictadura de Primo de Rivera o los nuevos políticos surgidos de la guerra.

En Galicia predominó una mezcla de todos ellos. Además, esta región también protagonizó la aparición de los primeros campos de reclusión para prisioneros antes de que se crearan los campos de concentración franquistas, ya coordinados entre sí a partir de 1938.

La guerra total, la guerra de exterminio

La guerra sin trincheras que se vivió en Galicia dejó tras de sí una violencia inusitada. El objetivo era tratar de borrar toda la sociedad civil que se había creado durante los años previos una vez conseguido el poder.

Los que se mantuvieron fieles al régimen republicano conocieron ese destino en sus propias carnes al igual que ya lo hicieron aquellos que intentaron defender la legalidad democrática en Ferrol.

"Ese fue el territorio que más aguantó el golpe, justo donde más presencia militar había. No es algo contradictorio aunque lo parezca: el alzamiento triunfó pese a que la sociedad compleja que existía no estaba a su favor, únicamente porque la resistencia no fue capaz de oponerse" añade Leira.

Lourenzo Fernández, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) también ha coordinado este libro. Según explica, la idea de la guerra sin trincheras dice mucho más que unas simples palabras: "Esto que ha prevalecido de que a la gente la mataban en la guerra no es verdad. Los que fusilan, pasean y meten en campos de concentración como consecuencia del golpe forman parte de un proceso de guerra total, de liquidación, de limpieza, de exterminio".

A pesar de que las máximas autoridades militares se mantuvieron fieles a la República, como ocurrió en la mayor parte del Estado, la trama golpista liderada por un coronel del Estado Mayor consiguió desarmarles y tomar el poder. "Hay barricadas, resistencia, pero no mucha. La capacidad popular de parar el golpe es muy leve, algo parecido a lo que ocurrió en Chile o Argentina. ¿Cómo poder hacerlo si los militares fieles son detenidos?", se cuestiona el historiador.

La jerarquía temporal ante la muerte

Si de preguntas se trata, Fernández recalca las que considera clave: "¿Por qué tenían que fusilarlos? ¿Por qué en algunos casos tardaron un mes en matar a dirigentes obreros y a los jefes militares no lo hacen hasta que llega la batalla de Madrid?".

La nueva genealogía de la contienda desarrollada por los investigadores gallegos concluye que el proceso de matanza se extiende de forma intensiva hasta mayo de 1937. Es en ese periodo de tiempo cuando los alzados intentan asesinar a las autoridades más elevadas, como gobernadores civiles y diputados.

"Si esa gente más destacada es capaz de librarse, entonces es posible que no la maten", comenta el catedrático. Es decir, se dio cierta jerarquía temporal. Después llegó el fatídico desenlace de otros personajes, tales como médicos masones o republicanos, profesionales liberales y mediana burguesía.

"Esa lógica capilar de la matanza en la que se va deteniendo y fusilando afectó hasta a los ricos. A los ricos los mataron por ricos", añade el mismo Fernández. Por eso, las cuatro provincias gallegas pronto se convirtieron en un laboratorio de lo que la dictadura haría en otros lugares, tal y como evidencian diferentes capítulos de Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras.

Las prostitutas, víctimas del nacional-catolicismo

La monografía también aborda otros aspectos como la inculcación de una férrea moral católica y todo lo que eso conllevaba para las mujeres. Ellas, vistas como el ángel del hogar cuya obligación era cuidar del marido y los hijos por el nacional-catolicismo imperante, eran reprimidas en el caso de salirse de ese canon, aunque la mísera pobreza les obligara a ello.

Es el caso de las prostitutas, estudiado por las investigadoras Tamara López y Ana Cabana. "La prostitución fue un fenómeno que siempre incomodó al régimen por ir en contra del modelo ideal femenino franquista", dice la primera de ellas, investigadora de la USC y miembro del Grupo Histagra-Cispac.

La conclusión principal a la que han llegado las expertas es que el franquismo siempre intentó invisibilizarlas a ojos de la sociedad. Tras estudiar minuciosamente la documentación del Patronato de Protección a la Mujer, han visto de qué forma afectó el paso de una prostitución permitida bajo ciertos preceptos a su abolición.

Sucedió en 1956. Hasta entonces, las meretrices que quisieran ejercer debían someterse a unos análisis para prevenir el contagio de enfermedades venéreas. En cambio, el motivo real del régimen para hacer esto era tenerlas controladas.

Todo cambió cuando se abolió la prostitución. El papel lo aguanta todo, claro, no así la realidad. Y es que las prostitutas, mujeres pobres en su totalidad, no aguantaron el hambre que pasaban, por lo que la única diferencia que se dio fue su expulsión hacia las periferias de las ciudades.

Encerrar a las mujeres para corregirlas

Mientras tanto, el Patronato continuaba con su funcionamiento: "Velaban por la buena moral y costumbres. Observaba a menores de entre 16 y 25 años que pudieran estar en peligro de corrupción y si veían que se salían fuera de esa moral, las internaban", relata López.

Recluidas en los centros adscritos al Patronato, todos religiosos, debían pasar ocho horas estudiando, otras ocho de sueño y las ocho restantes de diversión. Una diversión que encontraban en las actividades del centro: costura y cocina.

Asimismo, los centros estaban obligados a impartir, al menos, los estudios primarios a las jóvenes. "La documentación nos dice que no fue así porque en 1961 hay una carta del Patronato que les da un ultimátum: o las niñas reciben la educación básica, o dejarán de enviar dinero; aunque el dinero siempre faltaba en los centros para proporcionar un mínimo a las mujeres", finaliza la investigadora gallega.