La cascada de irregularidades e incumplimientos legales en los hospitales madrileños durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González sigue tomando forma, y cada nuevo documento analizado refleja más ejemplos de mala gestión en estos centros sanitarios.

El Hospital Universitario Ramón y Cajal destinó en 2014 más de 113 millones de euros a contratos menores, sin publicidad, lo que supone un incremento de casi 25 millones de euros con respecto al año anterior, y arroja un balance de un 81,54% del total de contrataciones del centro realizadas de este modo sólo durante ese año. Y este porcentaje asciende hasta el 99,5% en lo que respecta a contratos de reparación y conservación.

Estas cifras están recogidas en el informe definitivo de la Intervención General, dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el organismo encargado de fiscalizar estas cuentas, al que ha accedido Público.

El documento refleja que el porcentaje de contratos menores realizados se disparó del 30,44% en 2011 hasta el 81,5% en 2014, y pone sobre la mesa el supuesto incumplimiento de más de media docena de artículos de la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación menor: desde casos en los que el importe ha superado la cuantía máxima establecida para este tipo de contratación (artículo 138.3), hasta otros en los que "no se produce aprobación del gasto" (incumpliendo el artículo 111), o se incurre en el fraccionamiento intencionado para esquivar controles a estos contratos (artículo 86.2 de la misma normativa) y el requisito de publicitarlos (artículo 74.2).

Según la Intervención General, estos incumplimientos "atentan gravemente contra los principios de igualdad y transparencia recogidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público". "Debe actuarse decididamente contra una práctica que, además de incumplimiento legal, supone una actuación antieconómica, sin que se haya podido estimar el coste que para el erario público pueden suponer estas prácticas restrictivas de la competencia", reza el texto.

El informe refleja también la "falta de adecuada justificación de la necesidad" de contraer algunos de estos contratos, así como de la "justificación del presupuesto" de otros, y apunta que la cifra del 99,5% de contratos menores en materia de reparaciones supone "una contratación con poca transparencia, y por lo tanto poca concurrencia".

En concreto, el texto detalla fraccionamientos de contratos por valor de más de 50.000 euros en distintas partidas: desde los 362.940 euros abonados a Pinturas Miguel González SL a los 2.352.619 euros pagados a Abbott Laboratories SA (material sanitario), pasando por los 7.467.080 euros a Gilead Sciences SL en concepto de material farmacéutico.

Excesiva contratación de personal temporal

El informe de la Intervención General denuncia también la "excesiva cobertura" de las necesidades del centro con "personal temporal", "produciéndose contratos eventuales de forma sucesiva, con la misma persona y por los mismos motivos". Esto supondría una violación de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aunque hay otras muchas irregularidades documentadas.

De hecho, en 2014 -también en 2012 y 2013, según los informes de esos años- el centro aceptó "contraprestaciones en especie" derivadas de la utilización de sus propios espacios, aunque ese año el hospital "no registra en su contabilidad derechos de cobros derivados de las contraprestaciones en especie", como critica el texto.

El documento viene a reforzar la información publicada por este diario hace apenas un par de semanas sobre la mala gestión, el despilfarro y la falta de transparencia en los hospitales madrileños durante la etapa de la predecesora y mentora política de González, Aguirre, al frente de la Comunidad.

Este martes, en el marco de la Comisión de Estudio sobre el Endeudamiento y la Gestión Pública de la Asamblea de Madrid, está prevista la comparecencia de Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad con Aguirre. Hace apenas dos semanas fue el turno del ex director regente del Ramón y Cajal, Juan José Equiza, que reconoció que en este centro se había "abusado del contrato menor", aunque insistió en que todo había sido estrictamente "legal".