MADRID.- Instar al Gobierno a proteger los derechos de los trabajadores de Ryanair y de los de otras compañías que, como la  citada, tengan sus contratos domiciliados en otros países. Ese es el objetivo de la pregunta que este viernes ha registrado en el Congreso el diputado de ICV Joan Coscubiela, en la que solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy información relativa a la aerolínea lowcost.

En concreto, el parlamentario cita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha publicado este diario y en la que se le da la razón a una trabajadora que no percibió su prestación estando de baja –y hasta fue despedida- porque su contrato no constaba en España. Al cotizar en Irlanda, como más de 1.500 pilotos y auxiliares de vuelo —según estimaciones de los sindicatos—, no tenía derecho a cobrar por incapacidad, ni a paro, jubilación, asistencia sanitaria, etc.  

Con dicha información en la mano, el diputado adscrito al Grupo de la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) denuncia que "parece evidente que estas prácticas empresariales tienen como objetivo un abaratamiento de costes mediante un fraude de ley que comporta la no contribución al erario público, al sostenimiento del Estado del bienestar y que deja en una situación de indefensión a las personas contratadas por dicha aerolínea", reza la pregunta parlamentaria. 

"¿Ha dado instrucciones el Gobierno a la Inspección de Trabajo para que actúe para garantizar que no haya trabajadores en España que sufran unas condiciones laborales como las señaladas anteriormente que cercenan sus derechos y su protección social?", cuestiona Coscubiela. "¿Tiene intención el Gobierno de emprender alguna acción legal para evitar que ninguna empresa, incluida Ryanair, a través de Crewlink Ireland Limited, mantenga una política de contrataciones en España que vulnera, como señala la sentencia del TSJCAT, los derechos laborales de ciudadanos españoles que residen en nuestro país?", agrega el diputado.

Asimismo, pide al Gobierno que explique cuántas inspecciones de trabajo se han realizado a Ryanair en los últimos tres años. Y es que en 2012 cambió la normativa europea por la que se considera que la base del trabajador es aquella desde donde comienza y termina su período de actividad (por tanto, su lugar habitual de residencia) y no el país donde la compañía propietaria de los aviones tiene su sede. 

"¿Tiene intención el Gobierno de iniciar algún tipo de diálogo con Ryanair con el objetivo de conseguir que sus empleados en España coticen en España como, por otra parte, parece del todo lógico?", concluye.