MADRID.- Cuestión de prioridades. El gobierno autonómico de Ignacio González (PP) prefirió vender 2.935 pisos de protección oficial a un fondo de inversión antes que a los ciudadanos que ya habitaban esas viviendas, y podían desempeñar una opción de compra, o a los 301.905 jóvenes menores de 35 años que a fecha de 31 marzo de 2013 demandaban al ejecutivo autonómico una vivienda con protección pública en régimen de alquiler con opción a compra.

Así, la Comunidad de Madrid tampoco ofreció la compra, ni mecanismo de financiación, a los 1.145 jóvenes con "especial necesidad" que el Ejecutivo de González tenía registrados, según la documentación de la Comunidad a la que ha tenido acceso este diario. La venta fue a parar al fondo de inversión Azora, financiado a su vez por Goldman Sachs, a cambio de 201 millones de euros. 

La venta de las viviendas a los ciudadanos, no obstante, no era una obligación del Ejecutivo. Se trata más bien del dilema de si los bienes públicos están para satisfacer las necesidades de los ciudadanos o, si por el contrario, están para cuadrar las cuentas de los políticos tras años acumulando una deuda insostenible. El Gobierno del Partido Popular en Madrid lo tuvo claro: "La decisión de poner en venta dicho patrimonio la tomó el Gobierno para alcanzar los objetivos de déficit", señaló el expresidente Ignacio González en la comisión de investigación sobre la corrupción en la Asamblea de Madrid, donde añadió, después, que la Comunidad tenía que recortar 2.400 millones para conseguir los objetivos marcados por Bruselas.

"No entendemos cómo a un fondo de inversión le venden la casa a 68.000 euros y a los inquilinos nos piden ahora 140.000 euros"

Las explicaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, ni de la ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio que calificó la venta de "extraordinaria", a los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos ni a la asociación de afectados por la venta de viviendas del IVIMA, Sonia Martínez. "No entendemos cómo a un fondo de inversión le venden la casa a 68.000 euros y a los inquilinos nos piden ahora 140.000 euros. Estas viviendas han sido construidas con los impuestos de toda la ciudadanía, con un fin social que no se ha cumplido, y se han acabado vendiendo a entidades favoreciendo la especulación", señaló en la Asamblea de Madrid Sonia Martínez Aguilar, presidenta de la asociación de afectados por la venta de viviendas del IVIMA.

La venta en bloque de las viviendas, explicaron los dirigentes de la Comunidad de Madrid, aportó a las arcas de la Comunidad una suma importante de dinero, imprescindible. Sin embargo, también fue insuficiente a juzgar por el valor de las viviendas, garajes, aparcamientos y locales que se vendieron. La propia Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid puso en duda la rentabilidad de la operación en el Proyecto de Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del Patrimonio Inmobiliario del IVIMA.

El máximo órgano fiscalizador de la Comunidad criticó que las 32 promociones de vivienda fueran vendidas en un mismo lote y señaló que de haber programado la venta en lotes "podría haber incrementado sustancialmente los ingresos de la Administración". Por tanto, si lo que se buscaba por esta venta era el mayor ingreso económico posible, el Gobierno del Partido Popular no sólo no dio satisfacción a las necesidades de los jóvenes madrileños, sino que tampoco logró el objetivo económico. 

"Queremos saber por qué de 300 millones de euros en los que estaba valorado este patrimonio de viviendas finalmente se decidió venderlo por 200"

De hecho, el propio portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, acusó al expresidente de un quebranto patrimonial de 100 millones de euros con la venta de las viviendas sociales: “Desde Ciudadanos queremos saber por qué de 300 millones de euros en los que estaba valorado este patrimonio de viviendas de la comunidad de Madrid, finalmente se decidió venderlo por 200”.

Con la venta en lote, la Comunidad de Madrid vendió cada una de las 2.935 viviendas a un precio medio de 68.484 euros. Sin embargo, ahora, si los jóvenes quieren comprar estas viviendas al fondo de inversión que las ha comprado deben pagar 114.00 euros, casi el doble. Si todas las casas se hubieran vendido al precio que piden a los inquilinos actuales, la Comunidad de Madrid hubiese recaudado más de 330 millones de euros. 

La Cámara de Cuentas también ha denunciado que la venta de estas viviendas al fondo de inversión se hizo saltándose lo estipulado en el pliego de condiciones, tal y como reveló El Mundo. El órgano señaló en que la operación debió haber sido ratificada por el Consejo de Administración del IVIMA y no solamente por su gerente. Así, también señala que la escritura de venta modifica la forma de pago establecida en los pliegos y acusa a la Administración de "incumplir, no sólo el principio de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas de la contratación pública (...) sino también el principio de necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación".

Por otro lado, dicho informe criticó que nunca se justificara el motivo de la venta de 32 promociones de vivienda mediante análisis "fehacientes, estudios o informes de los que hayan podido obtenerse conclusiones sobre la necesidad, conveniencia, oportunidad; o acerca de la eficacia o eficiencia en la gestión del patrimonio del IVIMA". 

El lunes declararon ante el juzgado de instrucción número 48 de Madrid los primeros testigos convocados por el tribunal en una de las causas que investiga la venta de las 2.935 viviendas. El lunes testificaron Fernando Pascual Santodomingo, jefe del Área de Contratación de la Consejería de Transportes, Infaestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid; Beatriz Solano Merino, interventora delegada de la misma consejería; y Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación, empresa a la que el instituto público encargó la tasación de los inmuebles. 

El lunes declararon ante el juzgado de instrucción número 48 de Madrid los primeros testigos convocados por el tribunal en una de las causas que investiga la venta de las 2.935 viviendas.

Según la nota de prensa remitida a los medios por la Federación regional de asociaciones de vecinos de Madrid, el jefe del Área de Contratación aseguró que el pliego de condiciones se lo hicieron llegar sus superiores desde la dirección del IVIMA y que su labor era muy limitada. De hecho, llegó a señalar que no tuvo ni tiene conocimiento del escrito que presentó Azora para crear una sociedad 'ad hoc' para efectuar la compra. 

Por su parte, Beatriz Ibernón justificó que la tasación de la Comunidad fuera menor del valor real de las viviendas en que ésta se realizó por los estándares RICS (Royal Institution of Chartered Suveyors) y no en las IVS (Normas Internacionales de Valoración). No obstante, la sorpresa de la jornada la protagonizó Beatriz Solano, que afirmó que hasta ese mismo día desconocía la existencia de la sociedad vehicular Encasa Cibeles,S.L., ni de de que, a pesar de ser competencia de la Mesa de Contratación, se hubiesen producido reuniones o se hubieran respondido a preguntas a los licitadores durante el proceso de licitación de las viviendas. 

Para la FRAM, estas declaraciones constituyen la "confirmación" de las irregularidades apuntadas por la Cámara de Cuentas.