Illa se la juega en el Parlament para activar una legislatura que nace sin presupuestos

Probablemente no tiene la misma trascendencia que el decreto ómnibus de las pensiones y el transporte público que PP, Vox y Junts le tumbaron al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pero cuando todavía colea con fuerza el terremoto político y social que ha supuesto este episodio, en el Parlament otro decreto marcará si el Govern del PSC se encuentra en el mismo callejón sin salida que sus compañeros del PSOE. Y es que el Parlament pondrá esta semana a prueba la capacidad del president de la Generalitat, Salvador Illa, para activar la legislatura, y hacerla viable, una vez asumido que no podrá aprobar sus primeros presupuestos.

La decisión de Esquerra Republicana de no empezar ninguna negociación con el PSC hasta que no esté en marcha la nueva financiación singular para Catalunya, junto a otros compromisos adquiridos por los socialistas para la investidura de Illa, limita absolutamente el margen de maniobra del Govern socialista, que necesita a los republicanos y a los Comuns para conservar la mayoría parlamentaria de la investidura. Y una vez descartado que se puedan sacar adelante las cuentas del 2025, pese al compromiso de Illa de que las tendría en vigor nada más empezar el año, es necesario articular las medidas alternativas pertinentes. Por ejemplo, ERC y Comuns tendrán en sus manos la aprobación del decreto de medidas financieras que es necesario activar con la prórroga presupuestaria, así como otras iniciativas del Govern, en el primer pleno de la cámara catalana tras el anuncio de la nueva dirección de Esquerra, encabezada por Oriol Junqueras, de que no negociará con los socialistas.

Decreto de medidas financieras

El primer pleno del año empezará este martes por la tarde con el debate general sobre la prevención y la gestión de las emergencias ante los efectos del cambio climático, solicitado por Junts a raíz de las consecuencias de la DANA en el País Valencià, Castilla-La Mancha y Andalucía. Pero el orden del día de la sesión, que terminará el jueves por la noche, tendrá varios puntos en los que el PSC se juega la demostración de que puede activar y garantizar la legislatura, con ERC y Comuns como socios estables, pese al fiasco presupuestario.

Según la información facilitada por el Parlament, la cámara catalana debatirá y votará la validación o derogación de dos decretos ley del Govern: el 11/2024, de 17 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, de incremento del indicador de renta de suficiencia de Catalunya y de medidas en el ámbito de las prestaciones sociales. Y el 12/2024, de 23 de diciembre, por el que se modifica el artículo 29 bis del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya, aprobado por decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. Es decir, la condonación de las sanciones a los ayuntamientos multados por un consumo excesivo de agua en el municipio, en plena sequía, que impuso el Govern de ERC en la anterior legislatura y que el PSC rechazaba.

El Pleno realizará también el debate y la votación finales de la Proposición de ley de modificación de la Ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego. Ésta es una iniciativa presentada por los grupos de ERC y Comuns, y que cuenta con el aval del Consell de Garanties Estatutàries, después de que Junts lo recurrió. Medida incluida en el pacto de investidura de Illa, y aceptada por el PSC, con el objetivo de detener el casino Hard Rock aunque el proyecto no está descartado pese a esta medida fiscal.

Los Comuns cierran un acuerdo

Aunque las fuentes consultadas del Govern del PSC intentan transmitir tranquilidad y confianza en que ERC y Comuns votarán las medidas necesarias para sacar adelante, con garantías, la prórroga presupuestaria —y quitan hierro a la falta de presupuestos para este año, que obliga a prorrogar de nuevo los de 2023—, en estos momentos ERC no ha confirmado su voto positivo a las medidas de prórroga presupuestaria. En el caso de los Comuns, el acuerdo sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda, firmado esta misma tarde entre el grupo parlamentario de Jéssica Albiach y el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, liderado por la consellera Sílvia Paneque, probablemente desatascará su voto afirmativo de cara al decreto de medidas financieras. Aunque la relación entre el PSC y los Comuns no pasa por su mejor momento, como muestra la falta de entendimiento para el presupuesto en el Ayuntamiento de Barcelona.

Ahora mismo, todo indica que de los tres puntos claves del pleno del Parlament de esta semana, el PSC tendrá que buscar el apoyo de la derecha si quiere aprobar la condonación de las sanciones a los ayuntamientos por el consumo de agua excesivo en plena sequía. Es posible que Junts pueda apoyarlo, ya que algunos de sus alcaldes presionan para la supresión. La norma para aumentar la fiscalidad en el Hard Rock debería salir adelante con los votos de la mayoría de la investidura de PSC, ERC y Comuns. Y queda la gran duda del decreto de medidas financieras.

ERC mantiene la incógnita de su voto decisivo

En este último punto, ERC mantiene la incógnita. Fuentes de la dirección republicana aseguran que "ERC nunca votará en contra de los intereses de la gente" pero añaden que "lo hemos dejado claro, no tenemos negociaciones con el PSC para el presupuesto, y no vamos a negociar nada que se superponga a los acuerdos ya establecidos que los socialistas deben cumplir". Con todo, según la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, "sabemos cuál es nuestra trinchera, nosotros no olvidemos para quien trabajamos y Esquerra nunca dejará tirada a la gente de Catalunya" —en referencia al decreto ómnibus de las pensiones y el transporte público que ha rechazado Junts en el Congreso—. Esta declaración podría dar a entender que, en consecuencia, en el Parlament también votarán a favor del decreto del Govern, pero también añade que "ERC siempre es firme al exigir el cumplimiento de los acuerdos y mantendremos la exigencia".

Alamany no ha querido desvelar este lunes el sentido del voto de ERC respecto a los decretos que se votarán el miércoles en el Parlament, y ha emplazado a la comunicación del posicionamiento que realizarán este martes los responsables del grupo parlamentario. "Es decisión del grupo parlamentario", aseguró Alamany, dejando claro que "no hay ninguna negociación con el PSC". Pese a la incógnita, fuentes de la dirección republicana aseguran que "la decisión está tomada" respecto al decreto de medidas financieras, y pese a no certificarlo abiertamente, estas fuentes apuntan a un posible voto afirmativo, al considerarse "un decreto muy técnico".

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El voto de los republicanos es decisivo, puesto que fuentes de la dirección de Junts indican que su voto será negativo. "Estas medidas financieras del decreto responden a la prórroga de un presupuesto que nosotros votamos en contra", recalcan. "Si el Govern quiere presupuestos que cumpla con su palabra, que los lleve al Parlament y lo discutiremos con las enmiendas pertinentes", asegura un miembro de la dirección de Junts.

La importancia para el PSC de aprobar este decreto de medidas financieras, que permita arrancar la legislatura sin el presupuesto preceptivo, se vislumbra con la ofensiva al más alto nivel para conseguir los votos de los socios de investidura. Mientras el president de la Generalitat ha grabado en el frontispicio de su Govern tres conceptos: "Gobernar, acordar y cumplir los compromisos", la consellera de Economia, Alícia Romero, pone números a las iniciativas legislativas para incrementar la presión: "Podemos incorporar con un decreto ley, que deben votar ERC y los Comuns y por tanto tendremos que seguir negociando aunque no haya presupuestos, un suplemento de crédito e incorporar todos aquellos nuevos ingresos que tengamos. Esto son unos 4.000 millones de euros y permitiría seguir haciendo cosas, casi como si tuviéramos un presupuesto".

Para el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el objetivo del Govern es que la prórroga "afecte de la menor manera posible a los ciudadanos", y ofrece "mano tendida" a la oposición para impulsar proyectos, en especial a los dos partidos del acuerdo de investidura. "Es importante que haya una ley de barrios, es importante que activemos el mayor número de transformaciones posibles en los pueblos y ciudades", asegura Dalmau.

Y todavía más, la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, remacha el clavo. Paneque advierte a los grupos parlamentarios de que "sería poco comprensible" que se frenaran recursos para realizar proyectos para la ciudadanía. La portavoz del Govern admite que, tras el plantón de ERC, con este primer pleno del año "se abre una nueva etapa" y también que habrá que negociar medida a medida. "Somos un Govern en minoría y vamos a negociar", reconoce. Pero la consellera intenta engrasar las relaciones con ERC: "Este Govern no busca ni culpables ni responsables —del fiasco presupuestario—, sino que busca respuestas para los catalanes".

Pese a admitir que, sin nuevos presupuestos, hay cuestiones que "pueden tener algunas dificultades", Paneque asegura que el Govern buscará los "mecanismos" para poderlos llevar adelante igualmente. Y la consellera se muestra confiada pero cautelosa: "Veremos qué resultados da el marco de negociación que se empezará a producir ahora. No tener presupuestos para 2025 es ya una realidad. Y ahora tenemos que ver, en el nuevo marco negociador, qué nuevos escenarios nos trae".

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