El impuesto a los beneficios empresariales financiará a las ONG frente a la covid-19

El Gobierno, y en particular la vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias, se ha encontrado con una inesperada ayuda para apoyar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que están desarrollando labores asistenciales durante la pandemia: los más de 35 millones procedentes de la casilla de fines sociales del Impuesto de Sociedades siguen pendientes de reparto y sin que ni siquiera exista una convocatoria para distribuirlos, lo que abre un imprevisto margen de maniobra para utilizarlos en la crisis sanitaria

La casilla para financiar "actividades de interés general consideradas de interés social" a través del Impuesto de Sociedades, similar a la del IRPF y también optativa aunque en este caso sin la alternativa de destinar el 0,7% de la cuota a las arcas de la iglesia católica, fue introducida en la 103ª disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó con el apoyo de Ciudadanos y el PNV en vísperas de la sentencia de la Gürtel que provocó la moción de censura en la que Pedro Sánchez le sustituyó como presidente del Gobierno.

Así, la primera aplicación de esa medida debe darse con la recaudación del año pasado, algo para lo que el ejecutivo pensaba inicialmente realizar una convocatoria similar a la del IRPF. Sin embargo, esa tarea sigue pendiente por la necesidad de articularse a través de un decreto que no llegó a ser aprobado en las pocas semanas que, casi nueve meses después, el Gobierno no estuvo ni en funciones ni ante una pandemia.

"Estamos buscando un sistema para distribuir ese dinero de manera que permita reforzar a las ONG que están desplegando dispositivos asistenciales durante la pandemia, que necesitan fondos", explicaron fuentes de Asuntos Sociales, que anotaron que, en todo caso, lo que sí se mantiene es la intención de asignarlos antes de que acabe el mes de abril, tal y como preveía el Ministerio de Sanidad, encargado de esa tarea hasta que con la formación del Gobierno las competencias pasaron a la vicepresidencia de Iglesias.

Las previsiones de Sanidad incluían un reparto provisional que debía estar cerrado el 30 de septiembre pero que, en plena precampaña de las últimas generales, no llegó a realizarse. "No ha dado tiempo, y ahora estamos trabajando para buscar una fórmula flexible que permita repartirlo esta primavera", insisten desde Asuntos Sociales.

“Entre 35 y 40 millones”

La recaudación de la casilla de fines sociales del Impuesto de Sociedades asciende a "entre 35 y 40 millones", explicaron las mismas fuentes. El plazo para distribuirlos, no obstante, puede acabar viéndose ampliado, al menos de manera parcial, por las peculiaridades del tributo en cuestión, cuyo plazo de liquidación "termina a los seis meses y 25 días del fin del periodo impositivo", es decir, el 25 de julio, a lo que se le suma que "en muchas empresas su periodo impositivo no coincide con el año natural", señalaron fuentes de la Agencia Tributaria, por lo que esas cifras serían, en cualquier caso, provisionales.

La estimación de recursos del Gobierno indica que las empresas han destinado a financiar proyectos sociales entre la quinta y la sexta parte de los fondos que podrían haber movilizado marcando esa casilla en el "modelo 200" o el "modelo 220" de su declaración: los últimos datos disponibles sobre la recaudación de Sociedades, referentes al ejercicio fiscal de 2017, cifran la "cuota íntegra" en 29.785,9 millones de euros, lo que sitúa el 0,7% en 208,5.

La normativa establece como aportación a ese fondo el "0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades" de los contribuyentes "que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido", determina que "la liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2020" y limita el destino de las subvenciones a "proyectos de entidades de ámbito estatal".

"Esa casilla es un nuevo despropósito"

Para Europa Laica, una de las entidades más críticas con la posibilidad de destinar el 0,7% de las cuotas del IRPF a fines sociales o religiosos (o a ambos), "esta casilla en el Impuesto de Sociedades es un nuevo despropósito" que tiene más que ver con la imagen de las empresas que con otra cosa, señala su portavoz, Juanjo Picó.

En este sentido, anota, "la empresa que decida marcarla no aportará un extra de más de sus propios beneficios empresariales para esos fines sociales, sino que lo hará detrayéndolo de la hucha común de los impuestos que les corresponda pagar". Se trata, añade, de "otra vuelta de tuerca más a los Presupuestos Generales del Estado, además de utilizarse como imagen social de empresa comprometida con lo social... pero con el dinero de todos".

El cambio legal, que salió adelante con el apoyo de dos partidos estrechamente vinculados con la jerarquía eclesiástica como el PP y el PNV, no incluyó, como sí ocurre con el IRPF, una segunda casilla que permita detraer otro 0,7% de la cuota para destinarlo a la iglesia católica.

Esa circunstancia resulta llamativa cuando, según apuntaron fuentes de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, los Acuerdos Jurídicos  entre España y el Vaticano abren la puerta a hacerlo al señalar como vía de financiación de la iglesia católica "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal". "Podría entenderse incluido el de sociedades, porque tiene carácter de personal [al afectar a personas jurídicas], pero no se ha hecho", explicaron.