La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconsejero de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.

Sobre Camps, la jueza sostiene que "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito -"con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat- "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares".

En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.

Camps amenaza con querellarse

Camps estudia presentar una querella contra la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València al considerar que el proceso "obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura" y cree que se trata de una "censora política de gobiernos". Así lo han confirmado fuentes de la defensa del expresident, tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada -que van a recurrir-, y a quien Camps critica porque cree que su voluntad "ha sido ignorar los órganos de control" como Sindicatura o Intervención.

La magistrada ha dedidido así abrir una causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. Además, la magistrada sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.

La defensa del expresident ha señalado que permanecen pendientes al criterio de Fiscalía Anticorrupción, que tiene diez días para presentar escrito de calificación y apertura de juicio, pedir el archivo o solicitar diligencias complementarias. Según su defensa, Camps entiende que es "especialmente sorprendente" que la jueza "califique como delito actuaciones efectuadas en el seno y la condición de presidente de la Generalitat, con la discrecionalidad política que dichas decisiones suponen".

"Absoluta carencia de conocimiento"

También ha sorprendido al entorno de Camps que la magistrada vea delito "con la perfecta tramitación jurídica, normativa y reglamentaria supervisada por la Abogacía de la Generalitat, la Intervención y la Sindicatura de Comptes", algo que, desde su punto de vista, "la jueza no solo ha ignorado sino que se ha permitido discutir diciendo desde la más absoluta carencia de conocimiento que su voluntad ha sido ignorar los órganos de control de la administración en tanto que debe prevalecer su criterio" (el de la jueza) frente a aquellos.

Por ello, consideran que la magistrada se ha convertido con este auto "en Sindicatura de Comptes, Intervención y censora política de gobiernos". Por todo ello, desde el entorno de Camps inciden en que este auto de procesamiento "obedece solamente a una deformación política inaceptable en la judicatura", debido al hecho de que su "único sustento sea repetidas veces las distintas actuaciones en el seno de sus competencias que tanto el presidente de la Generalitat como su gobierno quisieron en su tiempo, las que califica como efectuadas para la obtención de rédito electoral".

Frente a ello, estas mismas fuentes sostienen que esta búsqueda de "rédito electoral" siempre "quedará fuera de la prevaricación o de cualquiera de los tipos penales mencionados en su resolución". "Entendemos de gran importancia que en los 40 folios del auto no hay ningún elemento que justifique la incriminación no solo de Camps sino de ninguno sobre los que se pide la apertura de juicio", han subrayado.