El incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, un bien patrimonio de la Humanidad desde 1984, ha reabierto el debate sobre su modelo de gestión, hoy en manos privadas, de la Iglesia Católica —a través del cabildo catedralicio— con supervisión de la Junta de Andalucía, sobre todo, y de otras instituciones.

Partidos, colectivos sociales y asociaciones han planteado severas críticas a ese modelo que, consideran, prima lo religioso sobre lo patrimonial, y reclaman una mayor implicación pública. La Mezquita es también un lucrativo negocio para la Iglesia, que le aporta pingües beneficios cada año (en 2024 5,5 millones) libres del pago de impuestos. 

Desde la plataforma ciudadana por la Mezquita-Catedral señalan a Público que el modelo que plantean sería uno "equivalente a un patronato" con presencia "directa" de las instituciones —Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento— junto al Cabildo, la Universidad y la participación de colectivos ciudadanos. 

Los partidos de izquierdas han señalado estos días el modelo de gestión de la Alhambra de Granada, también un bien declarado patrimonio de la Humanidad, como un posible ejemplo a seguir. Una agencia de la Junta de Andalucía, pública por tanto, se encarga de su gestión. 

Las críticas a la gestión del cabildo no son de ahora, sino que tienen profundas raíces y llevan muchos años planteándose. "La trampa está en la inmatriculación del año 2006. Es la médula, la Iglesia lo gestiona porque se lo ha apropiado. Si no se lo hubiera apropiado y fuera un bien de dominio público quién lo gestionaría, ahí está la clave", plantea Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, un intelectual y activista también, que le ha dado muchas vueltas a lo largo de los años a este asunto.

"El punto de partida —agrega el profesor— es muy sencillo. Todos los que pensamos que la Mezquita es un bien de dominio público, ¿cuál sería su modelo de gestión? Hay quien ha entendido que en manos de la Iglesia es donde mejor está y que menos mal que está en manos de la Iglesia. Pues con el incendio se ha retratado la Iglesia". 

Aunque varios juristas han defendido que hay argumentos para oponerse a la inmatriculación (inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad) de la Mezquita, que se produjo gracias a una modificación normativa efectuada en el año 1998, que permitió a la Iglesia Católica inscribir lugares de culto y otras propiedades con una mera certificación expedida por el obispado correspondiente, el hecho es que la mezquita continúa en manos exclusivas —con una hasta ahora laxa supervisión de las instituciones— de la Iglesia. 

"No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Desde la defensa de la laicidad y contraria a los privilegios, consideramos urgente anular las inmatriculaciones y recuperar los monumentos y las decisiones sobre su uso y protección", considera la asociación Andalucía Laica.

El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha tratado de zanjar el debate y ha defendido el modelo actual de gestión. Así lo ha manifestado este martes su Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, según recoge Europa Press: "Se hacen determinadas afirmaciones en base a mucho desconocimiento. Al ser un patrimonio mundial, el cabildo catedral tiene que coordinarse sí o sí con la Consejería de Cultura, con la Delegación de Cultura, con el Ministerio, con los órganos de la Unesco, porque son bienes que pasan un control anual para mantener ese nivel de exigencia y de excelencia en la gestión del patrimonio". "El cabildo catedral hace una gestión, en mi opinión, excelente de la Mezquita Catedral", apostilló Del Pozo. 

Lo cierto es que diversos colectivos ciudadanos y también relevantes ONG como World Heritage Internacional, que se ocupa de defender el patrimonio cultural en el mundo, han constatado que el cabildo hace y deshace prácticamente a su antojo. Desde la plataforma mezquita-catedral recuerdan el caso de la celosía como uno de los mejores ejemplos del trato que se le ha dado al monumento: La Junta de Andalucía autorizó en 2017, con el PSOE en el Gobierno andaluz, su retirada, como quería la Iglesia, para permitir la entrada de cofradías de Semana Santa en el interior del monumento. El Tribunal Supremo certificó después que el Gobierno andaluz vulneró su propia normativa.

En el plan director del monumento, el cabildo señala que este "ha de servir […] para la optimización de [los] múltiples usos [de la mezquita-Catedral], empezando por el uso religioso que es su principal función, el origen de su construcción y su razón de existir". Solo después, el cabildo recoge: "Ha de ser útil para facilitar las investigaciones que exija su adecuado conocimiento, así como la difusión de ese conocimiento. Finalmente, ha de facilitar la gestión del monumento y de los bienes que atesora". 

"Visión engañosa"

Esa óptica, en la que predomina el uso católico del monumento, ha llevado a excesos que para la plataforma ciudadana mezquita-catedral suponen una "invasión católica". Un informe de la ONG World Heritage Watch, publicado el año pasado, abunda en esta idea. "Durante las últimas dos décadas, el Obispado de Córdoba ha estado colocando continuamente estatuas, pinturas y símbolos católicos dentro y fuera de los muros de la Mezquita, excediendo así el espacio reservado para el culto católico e invadiendo el ámbito islámico del monumento". 

"Esta práctica no solo no está justificada por razones artísticas, sino que también ofrece al visitante una visión engañosa de la historia de la Mezquita-Catedral. Además —añade la ONG—, la excesiva celebración de ceremonias católicas disminuye el valor histórico del monumento".

El trabajo de la ONG analiza también el plan director del monumento y asegura: "El documento presta poca atención al uso cultural y turístico de la Mezquita-Catedral, que recibe hasta dos millones de visitantes al año. En cambio, prioriza su uso litúrgico, que ocupa alrededor del 10% del horario de apertura. En consonancia con esta perspectiva, el Plan Director vincula la autenticidad de la Mezquita-Catedral a su función religiosa católica y no a los valores originales que le dieron su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial".

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"Por otro lado —añade la ONG—, el plan director ignora el párrafo 119 de las Directrices Operativas de la Convención del Patrimonio Mundial. Al no prever ningún medio para canalizar la participación de las comunidades locales, las ONG u otros socios interesados, el plan director deja el monopolio de la toma de decisiones en materia de gestión en manos del cabildo catedralicio".

El modelo de gestión de la Mezquita, además, supone que los millonarios beneficios de su explotación turística y cultural y de su uso litúrgico se los queda en exclusiva el cabildo, para sus propios fines. Estos ingresos están hoy exentos de tributación por la Ley de Mecenazgo, aprobada en 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

La gestión turística de la mezquita supone una fuente inestimable de riqueza para la Iglesia Católica. Cada año, el monumento da beneficios millonarios —en 2024 fueron 5,5 millones—, que están exentos de tributación. 

La ley de Mecenazgo deja fuera del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de Actividades Económicas a "las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas [...], siempre y cuando se cumplan las exigencias [...] respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes".