I de incendios
El pasado verano, la Sierra Oeste de Madrid sufría el mayor incendio forestal de su historia. Al mismo tiempo salía a la luz la compra de un ático de 6,7 millones por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
2025 fue el peor año de incendios en España desde 1994, con casi 355.000 hectáreas calcinadas. El más extenso se desató en Larouco (Ourense) y llevó al Gobierno a proponer un pacto de Estado.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.
Niebla (Huelva), Burgohondo (Ávila), La Mierla (Guadalajara) o la Sierra Oeste de Madrid. Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS), España vio arder, entre enero y octubre de 2026, 301.560 hectáreas, el 42,9% del suelo quemado en toda la Unión Europea. En el último año, el incendio más grande ha afectado a la provincia onubense, con 39.821 hectáreas calcinadas, pero uno de los que más impacto político ha tenido ha sido el que recorrió, durante la segunda quincena de julio, la sierra madrileña. Con más de 12 municipios y 24.000 hectáreas afectadas, Madrid sufría el mayor incendio forestal de su historia. Unas imágenes de devastación, humo y cenizas que se intercalaban con las de la última polémica del ejecutivo madrileño, con la popular Isabel Díaz Ayuso a la cabeza: la compra, en abril de 2026, de un ático de lujo por 6,7 millones de euros. Un ático que, en medio del vendaval mediático, la presidenta madrileña proponía vender para financiar la reconstrucción de los pueblos de la sierra.
Con todo, 2025 ha sido el peor año de incendios forestales en España desde 1994: casi 355.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El incendio más extenso (37.765 hectáreas) se desató en Larouco, en la provincia de Ourense, y llevó al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Más de un año después, el pacto sigue guardado en un cajón y sin suscitar un acuerdo político transversal. El verano de 2025, las llamas alcanzaron, también, el entorno protegido y patrimonio de la UNESCO de Las Médulas, en El Bierzo. Mientras tanto, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitaba la feria de Gijón. "Tengo la mala costumbre de comer", se defendía entonces de las críticas de la oposición.
En cambio, la superficie quemada en España fue drásticamente inferior en 2024 con 49.764 hectáreas quemadas, la mejor cifra desde 2018 y casi la mitad que la del año anterior, 2023. El incendio más grande afectó a Valverdejo, en la provincia de Cuenca, y se extendió por algo más de 2.226 hectáreas. También el número de fallecidos fue el más bajo de los algo más de tres años que se ha alargado la legislatura. Según los datos de protección civil, cinco personas perdieron la vida como consecuencia de las llamas en 2024, frente a las ocho de 2025 y a las 21 personas que contabilizaba el Ministerio de Interior a finales de septiembre de 2026.
Con los datos del ministerio de Transición Ecológica y el EFFIS en la mano, los grandes incendios forestales (GIF) —aquellos que superan las 500 hectáreas— se han disparado en los últimos dos años. Un fenómeno vinculado a cambios en el uso del suelo, por factores sociales como el aumento de la agroganadería intensiva o la despoblación rural, y al agravamiento de las condiciones climáticas. De hecho, los expertos hablan ya de incendios "de sexta generación", que crean su propia climatología dificultando su extinción.
Hablar de incendios es también hablar de quienes se enfrentan a ellos: los bomberos. Y es que otra de las imágenes que ha salpicado la legislatura es la de los bomberos en huelga, especialmente en comunidades como Castilla y León, Galicia o Madrid. En esta última, los profesionales de la empresa Tragsa levantaban la huelga el pasado mes de septiembre, tras conseguir una subida salarial del 20%, que se mantengan los servicios de prevención durante todo el año o mayor protección frente a agentes cancerígenos. En cambio, los bomberos públicos de la comunidad, los que dependen directamente de la Consejería de Medio Ambiente, mantienen una huelga indefinida, según sus propios cálculos, desde el 9 de mayo de 2023, más de 1.200 días.
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