Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (Junts), la CUP y En Comú Podem (ECP) han presentado este martes una propuesta conjunta para crear una comisión en el Parlament de Catalunya que investigue el espionaje a políticos independentistas, conocido como el Caso Pegasus.

El PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han rechazado crear una comisión de investigación sobre el mismo escándalo en el Congreso de los Diputados. Las fuerzas catalanas consideran que el Parlament no puede quedar "impasible" frente a la gravedad de estos hechos, que "atentan contra los derechos fundamentales", recoge Servimedia.

En concreto, se podría haber vulnerado el artículo 18.3 de la Constitución española, que garantiza "el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas". Existen casos en los que se puede autorizar la interceptación de comunicaciones privadas, pero será siempre bajo el marco de una investigación penal y con un estricto control judicial, tal y como recuerda el Tribunal Constitucional en su sentencia 72/2010, de 18 de octubre.

Por este motivo, la comisión pretende desvelar "de qué tutela judicial, si es que ha existido, se ha servido la operación de espionaje por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo", han informado los grupos en un comunicado, según Efe. También se busca esclarecer los procesos de contratación y las acciones investigadoras o de otra índole impulsadas por el Parlamento Europeo. En función de los hallazgos que pudiese realizar, la comisión podría sacar adelante acciones legislativas o judiciales y exigir responsabilidades políticas, civiles o incluso penales.

Otro de los objetivos será revelar los detalles de estas intercepciones ilegítimas y conocer las estructuras adscritas a los "ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del Gobierno que hayan participado de forma directa o indirecta en la monitorización y control de los afectados y aclarar el alcance temporal", según ha explicado ERC en una nota recogida por Servimedia.

La comisión tendría vigencia durante un año, tras el cual presentará un informe final y elaborará un dictamen que se debatirá en el Pleno del Parlament. El grupo de trabajo estaría compuesto por dos miembros de cada grupo parlamentario, pero también prevé la asistencia de técnicos, especialistas, funcionarios, altos cargos de la Administración General del Estado, responsables políticos y otras personas que se puedan considerar de interés.