El Gobierno convoca una rueda de prensa "urgente" a las 9:30 de la mañana en un día doblemente festivo en Madrid para soltar una bomba informativa. Pegasus, el sofisticado software espía de origen israelí y que "sólo se vende a Gobiernos", estuvo instalado en los móviles del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde mayo y junio de 2021.

Así, Sánchez se deshizo de su teléfono hace varios días y la investigación pericial sobre el dispositivo se realizó durante el fin de semana, informó en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Además, del móvil de Sánchez se descargaron 2,6 GB en la primera intervención y 130 MB en la segunda; del de Robles, 9 MB, informa la SER que cita a fuentes del Gobierno.

La denuncia de la Abogacía del Estado, ya predentada en la Audiencia Nacional,  señala que, "mediante el análisis de los dispositivos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa realizados por el CERT Gubernamental Nacional el 30 de abril de 2022, y acompañados a dicha denuncia, se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles".

Público se ha puesto en contacto con varios responsables tanto del Departamento de Seguridad Nacional (DNS) como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque todos han guardado silencio y se remiten a la información proporcionada por Presidencia del Gobierno.

A la Audiencia Nacional

Lo que sí se puede desatar es un auténtico vendaval en los tribunales. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ha recibido la denuncia  y ha acordado remitir al Juzgado Central de Instrucción Decano, para que se proceda a su reparto al que por turno corresponda.

"Si el Gobierno presenta una denuncia pero no aporta pruebas estaría cometiendo un delito de 'simulación de delito' del artículo 457 del Código Penal", afirma por teléfono el abogado especializado en tecnología Carlos Sánchez Almeida.

"Eso sí", añade, "si el Ejecutivo cuenta con un certificado del Centro Criptológico Nacional (CCN) tiene el caso resuelto, tanto a nivel jurídico como político porque es directamente una prueba". Es decir, este anuncio el Gobierno podría dejar sin argumentos a todos aquellos que señalaban a Margarita Robles como la responsable del espionaje a prominentes miembros del independentismo catalán, víctimas también de Pegasus.

El tipo de 'simulación de delito' (y no 'denuncia falsa', ya que requiere de un sujeto) también se podría aplicar a los independentistas espiados si no aportan pruebas, recuerda Almeida: "Aparentar que uno ha sido víctima de un delito sin pruebas es, precisamente, el delito que recoge el Código Penal en su artículo 457".

Estos casos de ciberespionaje van a terminar en la Audiencia Nacional, como ya avanza Bolaños, y ahí se podrá comprobar tanto la transparencia del Gobierno (puede colaborar desclasificando documentos, que deberá hacerlo si el juez lo ordena y si "no perjudica la seguridad nacional") como el poder probatorio de lo que aporten las víctimas del espionaje en el ámbito catalanista.

Pegasus es un sistema complejo desarrollado por la compañía israelí NSR que, si bien la compañía insiste en que sólo se vende a gobiernos, ha sido usado ampliamente para espiar a políticos, activistas, periodistas y otros ciudadanos de interés.

Como ya hemos contado anteriormente, algunos de esos países compradores de este software no brillan por el respeto a los derechos humanos. Además, ya en 2017 había una versión de este sistema de ciberespionaje a la venta en la dark web: es decir, al alcance de organizaciones criminales, por ejemplo.