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Los abogados del 'caso Pegasus': "En Europa no entenderán que una magistrada justifique la legalidad de lo ilegal"

Las defensas de buena parte de los 65 miembros del independentismo espiados con el software israelí, algunos de ellos también afectados, explican en un acto unitario en Barcelona con entidades en defensa de los derechos las implicaciones jurídicas del caso en España y en Europa y confirman que las querellas se dirigirán contra la empresa NSO.

Els advocats Antoni Abat, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas i Gonzalo Boye, en l'acte sobre l'espionatge del 'Catalangate' a la UB.
Los abogados Antoni Abat, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye, en el acto sobre el espionaje del 'Catalangate' en la UB.— Bernat Vilaró / ACN

El caso Pegasus sigue levantando polvo en Catalunya y este viernes los abogados de buena parte de los 65 miembros del independentismo espiados han aportado claves para entender el alcance de las querellas que están preparando. Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Antoni Abat Ninet han explicado que las denuncias se dirigirán contra la empresa NSO, propietaria del software, y que el caso es una oportunidad para situar al independentismo como "la diana de la acción represiva" del Estado a nivel internacional.

Las denuncias se dirigirán contra la empresa NSO, propietaria del software

Los cuatro abogados, que defienden a los afectados de JxCat, ERC, la CUP y entidades como la ANC y Òmnium Cultural, han participado en un acto unitario junto con organizaciones sociales, del mundo del derecho y en defensa de los derechos humanos en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB). Boye, abogado de los miembros de JxCat espiados, se ha centrado en la repercusión europea del caso: "En Europa no entenderán que una magistrada justifique la legalidad de lo ilegal", ha dicho, en referencia a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue magistrada en el Tribunal Supremo.

Boye, que representa a los afectados que han sido espiados en el extranjero, como los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, ha tildado de "esoterismo jurídico" la justificación que Robles hizo en el Congreso del espionaje, donde se preguntó: "¿Qué debe hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?". El abogado ha afirmado que frente a esta posición se abre un escenario "perverso", donde se habrían podido cometer más delitos para defender la integridad territorial. "La ministra debe decir públicamente dónde se puso el límite de delitos que están dispuestos a cometer", ha dicho.

El espionaje afecta no sólo a políticos, sino también a periodistas y abogados, entre los que figuran tanto Boye como Van den Eynde, que defendieron a los encausados por el procés. Un hecho "muy grave" porque "la intimidad no puede violarse en caso de la defensa", ha afirmado Van den Eynde, que representa a los miembros de ERC. Con experiencia en delitos tecnológicos, el abogado ha advertido de que "los estados seguirán espiando si no se frenan, porque no hay responsabilidades" y ha explicado que con voluntad política y también de los jueces se podrá saber qué se hizo con la información recogida en el caso Pegasus.

Por su parte, Boye ha afirmado que "el privilegio abogado-cliente se ha visto afectado de forma fundamental" con el espionaje, ya que terceras personas "con la responsabilidad directa del Estado" se han metido por medio de procesos judiciales que están teniendo lugar en los tribunales europeos. Ahora se inicia un "proceso largo" de denuncia tanto en los tribunales españoles como europeos, coincidieron las defensas. "El Catalangate nos da la oportunidad de explicar fuera cuál es la diana de la acción represiva del Estado", ha afirmado Salellas, en el marco de "la causa general contra el independentismo".

El abogado Antoni Abat Ninet, que defiende a los miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) espiados, ha explicado que "hay una serie de garantías constitucionales y procedimentales que establecen quién puede ser espiado y cómo", y ha recordado que "ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni reprimible penalmente".

El precedente del espionaje contra Torrent y Maragall

Hace año y medio que existe un procedimiento abierto por el espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y el concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall. Van den Eynde les representa y ha explicado que el hecho de que tanto juez como fiscal hayan dictaminado que hay delito sienta un precedente para los nuevos casos. "Ahora se ha visto que no eran sólo dos casos, sino que se trata de un espionaje a todo un espacio político, de forma masiva y documentado técnicamente. Hay que profundizar en la investigación". También como muestra de la repercusión internacional ha remarcado que el Parlamento Europeo ha abierto una comisión para investigarlo y el gobierno de EE. UU. ha puesto en una "lista negra" a la empresa NSO.

Salellas: "Es imposible justificar que el movimiento independentista es terrorista"

Benet Salellas representa a los afectados de la CUP, entre ellos los diputados Mireia Vehí, Albert Botran y Carles Riera, y también a los de Òmnium, como Marcel Mauri, Txell Bonet y David Fernàndez. El abogado, que ha criticado que los cuatro ponentes del acto fueran hombres, ha explicado que las querellas se construirán en base a la imputación de la empresa NSO por la falta de control y vigilancia en la ejecución de su producto.

Según ha explicado el abogado, este software —que sólo lo pueden adquirir estados y con el objetivo de investigar casos de terrorismo o crimen organizado— se vende después de realizar un expediente previo para controlar a quien lo proporcionan, así como un control posterior de la licencia. "La autoría de la empresa es indiscutible", ha afirmado.

Además, habrá que investigar el papel de las agencias españolas que hayan participado, y Salellas ha advertido de que existe "un deber de investigación" por parte de las autoridades españolas. Además, ha destacado que "es imposible justificar que el movimiento independentista sea terrorista", un argumento que "no funciona" aunque el Estado lo haya utilizado reiteradas veces: "No se comprará en ninguna parte". "Internacionalmente esto no se aguantará", ha coincidido Van den Eynde.

Los abogados han recordado que en 2012 el Supremo juzgó al juez Baltasar Garzón por escuchas a las defensas de los imputados por la trama Gürtel y falló en contra al considerarlas "prácticas sólo vigentes en estados totalitarios". "Si ha habido autorizaciones judiciales, pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación por parte de los jueces", ha señalado Salellas.

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