MADRID.- Cristina de Borbón está a punto de ser embargada por orden del juzgado. Tenía de plazo hasta este miércoles, 8 de abril, para presentar la totalidad de la fianza fijada para hacer frente a la responsabilidad civil y a las multas en el caso Nóos. Tiene pendiente 2,5 millones de euros, que no ha depositado.

El plazo para depositar el dinero finalizaba a las 15 horas de este miércoles. Y aunque el juez instructor del caso, José Castro, aún no ha terminado de chequear el depósito de consignaciones y embargos, diversas fuentes aseguran que la infanta no ha depositado el dinero pendiente.

Sólo dos de los 18 acusados han consignado parte de las fianzas civiles exigidas. Son los casos del exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis Pepote Ballester, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

La infanta sólo ha abonado por ahora 587.413 euros de los 2,6 millones de euros que exige el juez. La consignación de esta cuantía se produjo el 15 de diciembre pasado.

El siguiente paso es que el juez Castro ordene el embargo de los bienes y dinero de los procesados a través del Punto Neutro Judicial. Esta herramienta permite a los juzgados acceder a las cuentas corrientes, el patrimonio y las nóminas  con el fin de embargar estos bienes hasta la cuantía total exigida.

Virginia López-Negrete, letrada de la acusación popular, destaca que Cristina de Borbón tiene suficientes propiedades como para hacer frente al embargo. Sin embargo, opta por "alardear de un tipo de vida que no da ejemplo ante la sociedad, mientras los demás ciudadanos cumplen con la justicia y depositan sus fianzas".

La abogada alude de esta manera a la escapada por la Toscana (Italia) que realizó la familia Urdangarín: fueron descubiertos el pasado viernes cenando en un restaurante de Siena con una estrella Michelin.

Cristina de Borbón es propietaria del 50% de los tres inmuebles propiedad de Aizoon, así como la mitad del palacete de Pedralbes, en Barcelona. También tienen una nómina de alta directiva en La Caixa. Sin embargo, no ha vendido ninguna propiedad ni ha solicitado aval bancario para hacer frente a la fianza.

La infanta está procesada como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por la empresa Aizoon que tiene en común con su esposo, Iñaki Urdangarín y cometidos en los años 2007 y 2008. El juez Castro considera que su papel fue imprescindible en esta defraudación.

"Alardea de un tipo de vida que no da ejemplo a la sociedad" y no deposita la fianza teniendo propiedades, según la acusación popular

La fianza impuesta a la infanta es fruto del cálculo del séxtuplo de las dos cuotas defraudadas, más un tercio legal, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil y a las posibles multas.

Los Urdangarín pretenden vender el palacete de Pedralbes y tenían apalabrada su venta por 6,9 millones de euros a unos compradores árabes. Pero la venta ha sido paralizada por la registradora de la propiedad número 8 de Barcelona, donde está inscrita la vivienda. La razón: la autorización judicial para su venta no es firme porque ha sido recurrida.

El juez Castro había autorizado que se levantara la mitad del embargo sobre este chalet, con el fin de facilitar la venta y a condición de que la infanta consignara el dinero en el juzgado.

Pero la acusación popular recurrió esta autorización a la Audiencia de Palma, que aún no ha resuelto, al tiempo que exige que se cumplan dos requisitos: conocer el comprador final -para evitar posibles testaferros- y que se justifique el origen lícito del dinero con el que se iba a comprar el palacete.

En total, el juez ha dictado fianzas por valor de 61,3 millones de euros.

La fianza más altas corresponden a Urdangarín, con 13,6 millones de euros, seguida de su exsocio Diego Torres y su mujer, que debían de haber depositado 15,8 millones, así como los 9,6 millones impuestos al exasesor jurídico Miguel Tejeiro y 1,2 millones para el letrado Salvador Trinxet, acusado de formar parte del entramado internacional de evasión fiscal.