Inmobiliarias y banco malo deberán aportar pisos para fines sociales en Aragón

ZARAGOZA .- Las inmobiliarias, el banco malo, las entidades financieras y también algunas grandes fortunas deberán aportar a la bolsa social de vivienda del Gobierno de Aragón los pisos de su propiedad que lleven seis meses vacíos y con los que se hayan hecho mediante ejecuciones hipotecarias y daciones en pago. Si no lo hacen, se exponen a sanciones de hasta el 25% del valor catastral de esas casas.

Tanto esos grandes propietarios como las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y la Sareb o banco malo deberán poner las casas y pisos que hayan adquirido por ejecución hipotecaria o dación en pago y que lleven seis meses sin ser ocupadas –no basta con que estén formalmente asignadas- a disposición de la bolsa social de vivienda de la comunidad cuando esta requiera más inmuebles para alojar a familias en situación de vulnerabilidad, que son las que ingresan menos de 1.553 euros mensuales.

Multas de hasta el 25% del valor catastral

En caso de no cumplir esta obligación, la ley contempla un sistema de multas coercitivas del 1% del valor catastral del piso el primer mes de retraso, un 2% el segundo y un 3% a partir del tercero, con un límite en el 25%. Esos ingresos, si llegan a producirse, serán destinados a financiar “actuaciones en materia de vivienda” en la consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro (Cha).

Suspensión de hecho de los desalojos

La redacción final de la nueva normativa conlleva, de hecho, la suspensión de los desalojos de familias por motivos económicos en la comunidad.

La imposibilidad de pagar el alquiler sigue dejando sin techo a casi 3.000 familias cada mes. / ARCHIVO

Y, por último, establece la paralización del procedimiento judicial de desalojo mientras los servicios sociales determinan en un informe si se trata de una unidad de convivencia en situación de especial vulnerabilidad, concepto que, además de a las familias que ingresan menos de 621 euros mensuales y las que alcanzan los 932 si en ellas hay menores, discapacitados o mujeres maltratadas, abarca también todos “aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales”.

Administraciones libres de desahucios

“Se suspenden los lanzamientos derivados de procesos de ejecución hipotecaria”, señala el preámbulo, con el fin de que “personas y familias puedan seguir residiendo en sus hogares, sin que se les desarraigue, mientras se promueven otras medidas de carácter económico que combatan la crisis y que permitan a estas personas y familias renegociar sus deudas”.