Interior inscribió al partido impulsado por neonazis porque cumplía los "requisitos establecidos" en la ley

La estrategia de Núcleo Nacional para tratar de "blindarse" legalmente avanza según lo previsto por los ultras. La inscripción de su marca política, denominada Noviembre Nacional, consiguió pasar los filtros del Ministerio del Interior, donde no se detectaron motivos suficientes para frenar la solicitud ni tampoco se prevé el inicio de acciones dirigidas a pedir su ilegalización bajo el amparo de la Ley de Partidos. 

"No va a haber delitos de odio. De manera pública no vamos a hacer ningún llamamiento a la violencia ni incitación al odio por motivos... bla, bla, bla", afirmó en tono irónico Alberto Gonzalo de Juan, conocido como Alberto Pugilato, un veterano activista neonazi que hoy figura entre los principales dirigentes de Núcleo Nacional.   

Tras la noticia dada a conocer por Público sobre la inscripción de Noviembre Nacional en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, el ultraderechista se dirigió a más de 1.000 seguidores en una emisión en directo a través de Youtube para dar algunos detalles sobre la marca política inscrita por otro de los fundadores de Núcleo Nacional, Enrique Lemus. 

"La razón de inscribir legalmente a Noviembre Nacional es evitar la persecución legal", afirmó Pugilato. "Hasta donde yo sé, un partido político está blindadísimo", remarcó. 

Algunas horas antes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había afirmado ante los medios que la inscripción de Noviembre Nacional se produjo por la vía del "silencio administrativo positivo" y alegó que no se habían encontrado razones para frenar el proceso.

Núcleo Nacional publicó un mensaje en Telegram y X (antes Twitter) en el que incluyó una notificación enviada el pasado día 21 de enero por el Ministerio del Interior al ultraderechista Enrique Lemus en relación a la inscripción del partido Noviembre Nacional. 

"La última modificación que nos exigió el registro de partidos políticos la enviamos el día 21 de enero y tienen 30 días para resolver", señaló el grupo de extrema derecha. Sin embargo, la autorización se concretó el 10 de febrero, antes de que acabara ese plazo, lo que indica que la inscripción no se produjo por silencio administrativo positivo. 

Fuentes de Interior confirmaron a Público que Marlaska se había equivocado. "La inscripción no se produjo por silencio administrativo, pero eso no invalida lo que dijo el ministro" respecto a los motivos por los que se produjo el registro de Noviembre Nacional, explicaron desde el ministerio.

"A la quinta ha sido la vencida"

Según Interior, los funcionarios a cargo de este procedimiento constataron que el partido registrado por Lemus cumplía con los "requisitos establecidos en la normativa", por lo que no existían razones legales que impidiesen su inscripción.  

Núcleo Nacional aseguró que el ministerio rechazó hasta en cinco ocasiones su solicitud de inscripción. Sobre este asunto, Pugilato afirmó en su canal en Youtube que se les denegó la solicitud del partido bajo el nombre Núcleo Nacional "porque existía una asociación" con ese nombre. 

Relacionado con este tema

"Noviembre Nacional": neonazis registran un partido con el mismo domicilio legal que Núcleo Nacional

Danilo Albin

Este grupo se registró como asociación en agosto de 2024, exactamente cuatro meses después de que se conociera que la Guardia Civil había iniciado una investigación sobre sus actividades.  

"Luego que si la página web, luego que si faltaba un estatuto... Se consultó muy a fondo con el equipo jurídico y a la quinta ha sido la vencida, y se la han tenido que envainar", afirmó Pugilato. 

Vías hacia la ilegalización

En Interior sostienen que" el control del funcionamiento de los partidos corresponde al Poder Judicial, no a la Administración" y aseguran que "su salida del registro solo es posible por suspensión o disolución, acordada por el propio partido o por sentencia judicial, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos".

La Ley de Partidos, utilizada en 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar para ilegalizar a Batasuna, contempla en el artículo 11 que el Gobierno y el Ministerio Fiscal "están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución".    

Tras una consulta de Público, fuentes de Interior señalaron que  "el Gobierno y la Fiscalía pueden instar a la declaración de ilegalidad de un partido, como expone el artículo, pero la disolución solo puede llevarse a cabo cuando exista una resolución judicial". "Por ese motivo, el control efectivo y la decisión de una disolución solo le compete al Poder Judicial", apuntaron. 

Relacionado con este tema

"Hay que quemarlos vivos": la apología nazi desborda los controles de Telegram en España

Danilo Albin

Desde el ministerio que dirige Marlaska confirmaron a Público que tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 no se ha emprendido ningún proceso de ilegalización de partidos de ultraderecha. Hasta ahora, las únicas formaciones que quedaron fuera de la ley en España han sido del ámbito de la izquierda abertzale.